Desde el minuto uno en el que se conoció la operación de pesca ilegal del buque Tai An se supo de la existencia de una nota enviada por el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, al subsecretario de Pesca, Juan Antonio López Cazorla y al Consejo Federal Pesquero, solicitando que se cree un Fondo de Reserva Social de 300 toneladas para serle otorgado a la firma Prodesur, propiedad de empresario Lui Zhejiang, pero era imposible dar con ese documento. Sin embargo, a partir de la puesta en funcionamiento del Consejo Federal Pesquero y ante la imposibilidad de negar su existencia, se tomó vista de la nota y aunque intentaron maquillarla, pronto comenzó a correr una copia en los teléfonos. No parece un comienzo muy transparente el del nuevo CFP.
“En mi carácter de Gobernador, en miras del interés social de nuestra provincia, tendiente a mantener la actividad pesquera sostenible y sustentable, tengo el conocimiento de la grave situación económica y financiera que atraviesa Prodesur SA”, comienza la nota enviada por Gustavo Melella, el 5 de febrero de 2024, al Subsecretario de Pesca.
Continúa señalando que “la empresa fueguina genera más de mil puestos (sic) de trabajo de forma directa e indirecta”, y “dado la grave situación económica y financiera que atraviesa, en caso de cierre, generaría un gran impacto negativo en la población por la pérdida de las fuentes de trabajo, en la economía interna, como así también la afectación de ingresos económicos para esta provincia”, afirma, apelando como es habitual al supuesto impacto social.
“Por todo esto, es que nos vemos en la obligación de solicitarle de carácter muy urgente proceda a convocar al Consejo Federal Pesquero para el tratamiento de la petición formulada por esta provincia: la creación del Fondo de Reserva Social de merluza negra por 300 toneladas, que las mismas sean asignadas a Prodesur SA”, concluye la misiva del gobernador que ingresó el 14 de febrero al Consejo Federal Pesquero.
Varias curiosidades muestra esta nota. La primera es obvia, la extraña intervención de un gobernador ante el Poder Ejecutivo Nacional en favor de una empresa en particular, considerándolo una obligación. Sin pasar por alto que este arrojo es por una empresa que
no tiene cuota de merluza negra y por lo tanto tampoco acceso legal al recurso, salvo como especie incidental.
Otra curiosidad tampoco despreciable es que la nota del gobernador fue acompañada por otra nota de la firma Prodesur, en la que el empresario Liu Zhijiang solicita 200 toneladas de merluza negra. Si bien el pedido es excesivo, toda vez que ya se le ha indicado en el CFP que por norma no le corresponde, el generoso gobernador pide 100 toneladas más.
La siguiente curiosidad no la aporta la nota del gobernador sino la presentación de la misma que se hizo en la reunión de este jueves en el Consejo Federal Pesquero. Se mencionó la existencia de la nota, pero no se dio ningún detalle, ocultando cuáles fueron las intenciones de Melella, que curiosamente precedieron a la pesca ilegal de 175 toneladas de merluza negra por parte del Tai An propiedad de Prodesur.
En el Acta 1 del CFP se indica que se da tratamiento a la nota del Gobernador de Tierra del Fuego, “referida a la Reserva de Administración de merluza negra”. Sin transcribir siquiera un resumen, se pasa a la petición de la representante provincial: “Que se dé tratamiento a la solicitud del Gobernador en conjunto con la prórroga, que también solicita, del actualmente vigente régimen específico de administración por CITC de la especie merluza negra”.
La nota del gobernador, como hemos visto, no hace mención al régimen de cuotificación, sino que fue un agregado de último momento presentado por la consejera Karina Daniela Fernández, que busca terminar con “el mecanismo automático de asignación de volumen de captura (de la Reserva de Administración) entre las empresas tenedoras de CITC”.
Debe tenerse en cuenta que las cuotas son títulos de propiedad otorgados mediante determinados parámetros legales, que permiten pescar un determinado porcentaje de una captura máxima que en este caso ronda las 3000 toneladas. La Reserva de Administración es de aproximadamente 600 toneladas. Melella pidió el 50% para una empresa sin cuota.
La Reserva de Administración fue creada con el fin de que, ante una captura muy limitada de merluza negra, las capturas incidentales realizadas por barcos sin cuota se descuenten de este fondo y que, ante la consumición total de la cuota, las empresas pudieran acceder al volumen excedente para dar continuidad de trabajo a sus barcos y a la comercialización.
De hecho, las 175 toneladas capturadas ilegalmente por el buque Tai An serán descontadas de esta Reserva, reduciendo las posibilidades de captura de quienes lo hacen legalmente. De todas formas, se trata de un tema que deberá abordar el Consejo dado que el régimen de cuotificación de varias especies, incluida la merluza negra, vence este año.
Ante el despropósito puesto en discusión, sobre todo después de tomar conocimiento de la nota del gobernador, el representante de Santa Cruz, Ricardo Patterson, solicitó que constara en actas que esta solicitud, “no implica una aceptación de parte de su Provincia, ya que el CFP tratará el tema durante el corriente año”.
Por lo demás, la denuncia de captura ilegal del buque Tai An realizada por las empresas tenedoras de cuota y todos los hechos que se sucedieron, en el acta del CFP no llegaron a ocupar siquiera tres renglones: solo se mencionó que el Subsecretario de Pesca relató el desarrollo de los acontecimientos. La transparencia no primó en esta primera reunión del Consejo Federal Pesquero. Esperemos que no sea un estilo al que debamos acostumbrarnos.
Fuente: Revista Puerto
