Sin los votos para aprobarla, el Gobierno retira el capítulo fiscal de la ley ómnibus
Licuación del gasto
El vicepresidente de ASAP, Guido Rangugni consideró que «siendo optimistas, si se mantienen los niveles de inflación actual, del 211% anual, a precios nominalmente idénticos el gasto debería caer un 66%«; pero aclaró que, nominalmente, Caputo deberá aumentar partidas para sostenerse a lo largo del año.
Obra pública
El fondeo de la obra pública fue de casi 1,7% del PBI. En la hoja de ruta inicial, Caputo planeaba bajar ese ítem a 0,7%. Dentro de este concepto se incluye tanto las obras directamente ejecutadas por Nación como las ejecutadas por las provincias con fondos nacionales. El ministro ya había anunciado que no habrá nuevas licitaciones y que sólo se terminarán las obras en curso. La absorción del Ministerio de Infraestructura por parte de la cartera económica tras la expulsión del gabinete de Guillermo Ferraro, da señales en ese sentido. Incluso la canciller Diana Mondino afirmó que la salida del funcionario era parte del recorte del gasto.
Subsidios
Tras la segmentación tarifaria de fines de 2022 y 2023, los subsidios corrientes a la energía y el transporte se redujeron al 2% del PBI, indicó la consultora LCG. El Gobierno ya anunció una quita de la ayuda estatal que entre febrero y abril llevará a recortar la totalidad, con una nueva canasta de consumo básico para determinar quiénes sostendrán una especie de tarifa social. Un informe de Consultatio indicó que dada la devaluación «el recorte de subsidios económicos implicará una suba tarifaria mayor a la prevista». En diciembre, LCG había previsto subas del 240% y 207% respectivamente para las personas usuarias de ingresos medios y bajos.
Transferencias a provincias
Las transferencias corrientes a las provincias equivalen al 1,1% del PBI. Es uno de los puntos que más corre peligro y que materialmente, se traducen en salarios docentes, de las policías provinciales, asistencia financiera, entre otras posibilidades. Caputo había asegurado que el ajuste iba a recaer sobre todo por esas partidas y en su Excel original buscaba reducirlas al mínimo a un 0,5%. Las transferencias pueden ser automáticas, por coparticipación o discrecionales para financiar tanto gastos ordinarios como de capital, para fondear obras o programas que implican inversiones que se supone tendrán una incidencia a largo plazo.
Jubilaciones, gasto social y salarios
Las partidas más grandes de gasto público se destinan a pagar salarios, jubilaciones, asignaciones y planes sociales. En 2023 significaron un 12,1% del PBI, de acuerdo a un informe de Equilibra. Con los aumentos de haberes previsionales por decreto, Caputo estimaba un 0,4% del PBI de ahorro. La fórmula de movilidad congelada hasta marzo, con ajustes por inflación, significaba un recorte de 4,4% del producto, 1,6% con sumas extra. «La contracara, era una caída del poder adquisitivo de los ingresos medios que iba del 6,1% al 16%, según se implementaran bonos o no», analizó la consultora.
Ahora la duda es hasta dónde Milei y Caputo irán con este tipo de recortes y cuánta cintura política tienen para hacerlo, ya que si sólo mantienen las partidas del año pasado la licuación se haría sola por debajo de la inflación. Consultatio estimó que el gasto social viene de perder un 22,6% en 2023; y sólo las jubilaciones, un 23,9%. «La motosierra también encuentra un límite. El ajuste en jubilaciones y salarios vía licuación está bastante realizado, por lo que el ahorro debería provenir de recorte de cantidades, una decisión que tiene mayor costo político», indicó en su informe.
En el caso de los salarios públicos, estos ganaron 11.3% acumulado en el año pasado pero «todavía se mantienen un 20% real por debajo de los niveles promedio de 2015-2017», señaló el estudio de la financiera que posee el empresario Eduardo Constantini. «Ajustar este ítem del gasto necesariamente implicará reducir el número de empleados públicos», dice el análisis refiriéndose a despidos en el sector estatal.
Fuente: Letra P
