Un Poder Judicial independiente y el acatamiento de sus sentencias son requisitos esenciales para apuntalar la seguridad jurídica, condición indispensable para promover la inversión privada y la creación de empleo que se necesitan para mejorar la calidad de vida de toda la ciudadanía.
Un proceso de juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, motivado en el desacuerdo con el contenido de sus sentencias, constituye una grave amenaza a la plena vigencia del Estado de Derecho, genera incertidumbre y desalienta cualquier decisión de inversión a largo plazo en nuestro país.
Por ese motivo, instamos a los integrantes de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados a que dispongan el archivo de las actuaciones debido a su manifiesta improcedencia.
Fuente: URBAN noticias
