Comencemos por los trabajadores del sistema judicial fueguino, cuyos gremios se encuentran con medidas de fuerza en reclamo de mejoras salariales y se les respondió desde el Superior Tribunal de Justicia que les ofrecían un bono de 30 mil pesos, para las categorías más bajas.
Obviamente este agravio fue rechazado por improcedente y tomado que fue como una humillación, cuando no, una tomada de pelo, ya que los integrantes del STJ cobran en promedio unos 5 millones de pesos mensuales.
Además, los trabajadores denuncian ingresos de familias completas, ingresos diarios a planta permanente sin rendir concursos de ningún tipo, adscripciones, a otros poderes del estado, por ejemplo, la legislatura, donde la hija de un legislador que es planta permanente del poder judicial obtuvo una adscripción a la cámara legislativa, donde, según fuentes confiables, no asiste, es decir no trabaja en ninguno de los dos poderes, pero cobra.
En este marco y según el abogado que mencionábamos al principio, La justicia fueguina tiene un raro criterio a la hora de juzgar a los más vulnerables o escuchar sus reclamos, por no decir que causas por denuncias laborales, no prosperan, todavía hay jueces que hacen apología de la dictadura o las reuniones del Concejo de la magistratura son prácticamente secretas.
Concretamente con respecto a las denuncias por sobreprecios en planes de autohaorro, esa causa está en la justicia federal, Juzgado a cargo de la Dra. Mariel Borruto, son 7600 denuncias que acá, según nuestra fuente jamás prosperarían como si pasó en Córdoba, Tucumán, Entre Rios y otras provincias, precisamente por ese extraño criterio a la hora de impartir justicia.
También se ha manifestado en este sentido el periodista, Gabriel Ramonet, autor de los libros “Justicia Adicta 1 y 2”, material reconocido por su colega Hugo Alconada Mon, uno de los periodistas de investigación más respetados de nuestro país, autor, por ejemplo de “Corrupción, la Raíz de todos los males”, obra que repasa el accionar de la justicia argentina, el sistema de puerta giratoria para determinados privilegiados, su permeabilidad a la hora de juzgar al poder político y demás detalles vergonzosos de muchos jueces en nuestro país.
Pero, el accionar de la justicia autóctona, es inclasificable, oscurantista, sectaria, excluyente y expulsiva, no solo desde sus fallos, sino también desde su postura ante la sociedad, su falta de empatía y la falta de información sobre sus acciones.
Hace pocos días, Representantes de Consejos de la Magistratura de todo el país se reunieron en Ushuaia, un concejo de la magistratura que, en nuestra provincia, esta conformado 100% por dirigentes políticos, legisladores, el fiscal de estado, el presidente del superior tribunal de justicia y el Ministro Jefe de Gabinete.
No hay participación ciudadana como si ocurre, por ejemplo, en el Concejo de la Magistratura de Chubut, en la provincia patagónica son 14 integrantes, 3 representantes de los magistrados, 4 representantes de los abogados, 1 representante de los trabajadores judiciales, 1 representante del Superior Tribunal de Justicia, y 5 representantes populares, todos electos por voto secreto.
Además, estos representantes son de distintas ciudades de la provincia, es decir que están todos representados por su tarea en el concejo.
Aquí en Tierra del Fuego, esto no ocurre, sino que es todo lo contrario, hemos asistido a concursos de candidatos al Superior Tribunal, como el de la Dra. María José Lubertino, que fue bochornoso, a quien le hicieron preguntas, tales como, ¿dónde piensa dejar a sus hijos?, sin saber que los hijos de la reconocida abogada, son todos adultos y no viven con ella, hasta la propia Lubertino se dio cuenta que el quinto mimbro del tribunal ya estaba elegido de ante mano.
A quien eligieron, la Dra. Cristiano, tiene 70 años, es decir que en 5 años deberá retirarse, e incluso, no pudo asistir al concurso por encontrase con problemas de salud.
En síntesis, la justicia de Tierra del Fuego a perdido el respeto, no solo de sus propios empleados, sino de los abogados litigantes, de la ciudadanía y de algunos medios de comunicación que asisten azorados a todo este desmanejo, cuasi convivencial con el poder de turno y alejado de los ciudadanos comunes, priorizando al poder, los privilegios y las prebendas.
«Una justicia para poderosos y otra para los ciudadanos comunes».
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