El acuerdo firmado entre la funcionaria y la compañía SMG directamente relacionada con la familia Loffler, ya que uno de los firmantes es un reconocido colaborador cuyo nombre aparece como Rene A Llanes, y en su cuenta de Facebook como Llanes, Loffler asesores de seguros. Su firma aparece en varios de los documentos adjuntos en este informe, junto a la de la Vicepresidenta de SMG Rosana Fellici
Este convenio se firmó aun cuando el Tribunal de Cuentas lo objetó y también el vicepresidente del IPV.
Como se puede ver todo es obligatorio y enningun momento se consulta a los adjudicatarios 
Las sumas los adjudicatarios se ven obligados a pagar 12 cuotas de $ 1980, y teniendo en cuanta que se trata de 8000, la suma mensual que se lleva la aseguradora es de 9 millones de pesos mensuales, ahora todo esto está en revisión con el agravante que si los adjudicatarios se atrasan en el pago este genera intereses diarios.
Como si esto no fuera suficiente y para asegurarse el pago, a todos los empleados del estado se les descontara por debito de haberes, es decir que no hay opción.
El 
A
Arriba el presupuesto elevado por la compañía aseguradora SMG y aceptado sin titubear por la Presidenta del IPV
Arriba el Tribunal de cuentas solicita una auditoria en razón de los expuesto en el articulo 2 del acuerdo.
Arriba la firma de Rene A Llanes como productor de seguros de SMG
Por oreo lado cabe señalar que aquellos ya tienen un seguro contra incendio de sus viviendas, debieron ser excluidos del acuerdo.
Los números no cierran por ningún lado, y si tenemos en cuenta el recupero del último mes del IPV que solo llegó a 2 millones de pesos, la gran pregunta es de donde sale el dinero para pagar todo esto. También es irrisorio el valor que se les da a las viviendas, en promedio 6 millones de pesos, si lo aumentáramos a 8 millones, la empresa podría construir una casa por mes lo que da una idea de la cantidad de dinero que se mueve en esta operación.
Los documentos a que tuvo acceso la licuadora, nos evitan mayores comentarios y esperamos que las autoridades se tomen el debido tiempo para dar marcha atrás con todo esto porque a todas luces es absolutamente irregular, unilateral, leonino e impuesto, cuando al menos se debió haber convocado a una licitación, concurso de precios y de manera abierta y transparente, y es tan irregular que uno de los documentos se solicita “la más absoluta confidencialidad”, como podrán ver en este informe.
Arriba la obligación de adquirir el seguro en un termino de 30 días, y deben hacerse cargo de todo, hasta de retirar los escombros en caso de un incendio.
Todos los documentos aquí expuestos constan en nuestro archivo.
Fuente: www.lalicuadoratdf.com.ar
