Nadie es ajeno a la realidad que vivimos los riograndenses en particular y los fueguinos en general respecto de la inflación y la remarcación de precios de los alimentos. Un tema que se reavivo después de las declaraciones del dueño de uno de los dos supermercados mas importantes de la ciudad, que además cuenta con una cadena en toda la Patagonia.
«La inflacion se supera remarcando todos los días dijo Braun, pero lo cierto es que los salarios van por la escalera y la inflacion en asesor y cada vez es mas difícil llegar a la canasta básica. Según el INDEC el acumulado de los últimos 12 meses es de 58% ese solo dato debería ser mas que suficiente para entender que la implementación inmediata del Mercado Concentrador Municipal debe ser una política de estado.
El proyecto presentado hace ya mucho tiempo, pero hoy lo volvemos a publicar para que cada uno de los riograndenses vea los beneficios económicos que puede aportar este sistema.
Hay que ver la realidad, la gente no llega a fin de mes, a veces ni siquiera a mitad de mes, un bolsón de alimentos no soluciona el problema de la pobreza estructural, tampoco aporta la cantidad de proteínas necesarios para los niños y niñas, 1 de cada 5 niños en el pais se van a dormir sin cenar, 4 millones de personas son pobres o están por debajo de la linea de pobreza. Esta situacion debe ser entendida y quienes hoy se oponen, deberían bajar a la realidad de muchos riograndenses que realmente lo están pasando muy mal.
Este es el proyecto del Concejal Javier Calisaya partido Nuevo Encuentro que fue presentado en el Concejo Deliberante.
TEMA: CREA MERCADO CONCENTRADOR MUNICIPAL (MerCoMun)
PROYECTO DE ORDENANZA
VISTO:
Las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, las previsiones del artículo 96° del mismo plexo normativo, y
CONSIDERANDO:
Que nuestra Carta Orgánica en su Preámbulo dispone como fin superior “promover el bien común consolidando la autonomía local plena”, y, “fomentar el arraigo y la solidaridad; promover y apoyar el desarrollo económico sostenible sobre la base de la justicia social y la equidad, enalteciendo la fuerza dignificante del trabajo; promover una mejor calidad de vida y preservar el ambiente; asegurar la prestación de los servicios esenciales y estimular el crecimiento armónico del Municipio”.
Que, se propone adoptar la perspectiva de la política de Estado, a partir de la convicción de que la alimentación sana, integral, adecuada, suficiente y digna de una población no puede ser materia librada a la suerte o a las posibilidades individuales que a cada uno le den las leyes del mercado, perspectiva desde la cual algunos podrán acceder en tanto que otros no, siendo ambas contingencias igualmente válidas. Se propone adoptar la mirada contextual, desde la cual se constata que en los ámbitos macro económico e institucional/constitucional nuestro país se rige por un sistema capitalista neoliberal, donde la ambición empresaria por la rentabilidad no permite anotar en el centro variables como la social o la humana.
Que, en razón de esta perspectiva se propone crear un Mercado Concentrador Municipal de bienes de primera necesidad, que sea primordialmente estatal. La finalidad general del Mercado Concentrador será la de garantizar la satisfacción de necesidades básicas de orden colectivo vinculadas a: incidir en políticas económicas y sociales de fijación de precios justos; fortalecer el poder adquisitivo del salario; promover la libre competencia en el ámbito de la economía y del comercio dedicado a bienes de primera necesidad; promover la defensa de los intereses de los consumidores de bienes de primera necesidad; estimular el desarrollo de la producción local de alimentos, con miras a la conquista de mayores espacios de soberanía alimentaria, y; contribuir al acortamiento de la cadena de intermediación entre la producción y el consumo de bienes de primera necesidad.
Que es necesario garantizar a toda la población, especialmente a las familias pertenecientes a la clase trabajadora y a los sectores económicamente más carenciados de la sociedad el acceso a los productos básicos de una canasta alimentaria integral, adecuada, sana, suficiente y digna.
Que este Cuerpo Deliberativo posee amplias facultades para el dictado de la presente normativa.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE RÍO GRANDE
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1.- Crear la empresa Mercado Concentrador Municipal, bajo el tipo Sociedad de Economía Mixta (S.E.M.), como persona jurídica de derecho privado. La misma gira bajo la denominación social de MerCoMun SEM; se rige por las disposiciones de la presente, las del Estatuto Social que en su consecuencia se dicte y, en lo pertinente, las disposiciones del Decreto-Ley nacional N° 15349/46 y de la Ley nacional 19550.
Artículo 2.-El Mercado Concentrador Municipal tiene por finalidad general la satisfacción de necesidades básicas de orden colectivo vinculadas a:
- Incidir en políticas económicas y sociales de fijación de precios justos.
- Fortalecer el poder adquisitivo del salario.
- Promover la libre competencia en el ámbito de la economía y del comercio dedicado a bienes de primera necesidad.
- Promover la defensa de los intereses de los consumidores de bienes de primera necesidad.
- Estimular el desarrollo de la producción local de alimentos, con miras a la conquista de mayores espacios de soberanía alimentaria.
- Acortar la cadena de intermediación entre la producción y el consumo de bienes de primera necesidad.
Artículo 3.-El Mercado Concentrador Municipal tiene como objeto específico el de garantizar a la población el acceso a los productos básicos de una canasta alimentaria integral, saludable y digna.
Artículo 4.- El Mercado Concentrador Municipal articula acciones tendientes al desarrollo y fortalecimiento de la producción local de los bienes básicos que ofrece a la población, para lo cual incorpora a las y los productores locales garantizándoles la posibilidad de colocación de sus productos.
Artículo 5.- La Sociedad de Economía Mixta (SEM) puede ser constituida por cualquier número de socios o socias. Las personas físicas o jurídicas, sean estas últimas públicas o privadas, contribuyen a la formación del capital social, en la proporción que convengan, respetando la participación del Estado Municipal, la cual no puede ser inferior al cincuenta y uno por ciento (51%).
Artículo 6.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir e integrar el capital social de MerCoMun SEM. La participación mínima del Estado Municipal debe mantenerse siempre, sin perjuicio de futuras ampliaciones del capital social.
Artículo 7.- Facultar al Departamento Ejecutivo a ceder al Mercado Concentrador Municipal S.E.M. los bienes muebles e inmuebles, así como para asignarle los recursos económicos y/o financieros, necesarios para su mejor funcionamiento.
Artículo 8.- El o la Presidente de la Sociedad, el o la Síndico y por lo menos un tercio (1/3) del número de las y los Directores que fijen los estatutos, representan a la Administración Pública y son nombrados por ésta.
En caso de ausencia o impedimento de él o la Presidente lo reemplaza, con todas sus atribuciones, uno de las o los Directores que represente a la Administración Pública Municipal. Las y los demás Directores son designados por los demás accionistas.
Artículo 9.- El o la Presidente de la Sociedad tiene la facultad de vetar las Resoluciones del Directorio o de las Asambleas de Accionistas, cuando sean contrarias a esta Ordenanza o a los Estatutos de la Sociedad, o puedan comprometer la conveniencia del Estado vinculada a la misma.
En ese caso se elevan los antecedentes de la Resolución objetada a conocimiento del Departamento Ejecutivo Municipal, para que se pronuncie en definitiva sobre la confirmación o revocación del veto, quedando entre tanto en suspenso la Resolución de que se trate. Si el veto no es conformado por dicha autoridad dentro de los veinte (20) días subsiguientes a su comunicación, se tiene por firme la Resolución adoptada por el Directorio o por la Asamblea de la Sociedad.
Cuando el veto se fundamente en la violación de la ley o de los Estatutos sociales, las y los demás accionistas pueden recurrir ante la Justicia la Resolución definitiva dictada.
Artículo 10.- La duración de la presente Sociedad es ilimitada.
Artículo 11.- Los Estatutos prevén las disposiciones necesarias para la contratación de las y los obreros y empleados que deban ocuparse en la empresa, las y los cuales pueden designar una persona delegada que tome parte en las Asambleas, con voz pero sin voto.
Artículo 12.- La responsabilidad de la Administración Pública Municipal se limita exclusivamente a su aporte societario.
Las o los Presidente, Directores y Síndico nombrados por la Municipalidad tienen las responsabilidades previstas en el Código Civil y Comercial; la Administración Pública no responde por los actos de los mismos.
Artículo 13.- Autorizar al Departamento Ejecutivo a elaborar el Estatuto de la Sociedad, así como las previsiones y adecuaciones presupuestarias y, en general, a llevar adelante los actos jurídicos y demás gestiones y medidas conducentes a la puesta en funcionamiento del Mercado Concentrador Municipal.
Artículo 14.- El Poder Ejecutivo Municipal reglamenta la presente Ordenanza dentro de los seis (6) meses posteriores a su promulgación.
Artículo 15.- Comunicar al Departamento Ejecutivo.
FUNDAMENTOS
Señor Presidente:
1.- La definición del Estado. Según la teoría del Estado, éste surgió de un gran acuerdo en el cual todas las personas sacrificamos algunas libertades individuales para posibilitar la convivencia en sociedad. Esas porciones de libertades que cedimos fueron a un ‘pozo común’ con el cual se formó ‘el poder’ que es la contracara de la libertad. Ese poder, originariamente nuestro, lo delegamos en órganos nuestros (del Estado) para que en representación nuestra definan y apliquen las reglas, cual moderadores, para evitar que unos avancen sobre otros o los aplasten. Entonces el Estado (ese ‘todos’ que somos) tiene que hacerse cargo de ‘los más débiles’ –digámoslo así- que en su seno alberga, porque es obvio que no todos somos iguales de hecho, que no todos tenemos las mismas posibilidades, los mismos recursos, que no todos podemos defendernos con las mismas fuerza o efectividad.
La tensión entre esas dos fuerzas que son ‘las libertades’ con que nos quedamos y ‘el poder’ que se formó con las libertades que cedimos, muchas veces fue resuelta en beneficio del poder y en desmedro de la libertad, gracias a que asaltaron el Estado los poderosos que lo usaron para sostener un orden favorable a sus intereses, un orden de opresión que desnudó a la teoría liberal del Estado como una gran mentira, una gran estafa. Entonces, terminar con la opresión es la consigna, hace mucho tiempo, de mucha gente. Y de esa consigna el surgimiento del Estado social: un Estado activo, presente, regulador, que trata de atenuar las diferencias y de igualar las oportunidades, con el norte del ‘bienestar general’, del ‘bien común’, de la ‘justicia social’, de la felicidad de las mayorías populares, en suma.
2.- Los fines esenciales del Estado. En ese orden social justo que se define como necesario hay al menos dos bienes básicos que, más que atributos del ser humano, integran la definición primaria de éste, por lo menos si concebimos a la persona humana como inseparable de las notas de integridad, de dignidad. Vivienda y alimento son dos bienes sin los cuales no podemos acostumbrarnos como sociedad a que una persona pueda existir, ni siquiera ser mentalmente concebida, imaginada. Después esos dos bienes podrán ser calificados: la vivienda tendrá que ser digna; la alimentación sana, suficiente, etc. Y a partir de esos dos bienes como única realidad posible de todo ser humano podremos ir por más: por educación, cultura, recreación, salud, confort, etc. Vivienda y alimento no son ‘la meta’ de la vida del hombre sino el umbral de la existencia, a partir del cual pretender el acceso al derecho. En tiempos ‘de vacas gordas’ el Estado social avanza, desde ese punto de partida de todapersona, por esos otros bienes que enunciamos cuando planteamos ‘ir por más’, en ese ‘acceso al derecho’ que tiene que ver con calidad de vida. En tiempos ‘de vacas flacas’ en que ese avance puede verse dificultado lo menos que el Estado tiene que asegurar es vivienda y alimento porque sin ellos no hay ser humano, en el único sentido concebible antedicho, íntegro, digno. Porque hasta para estar en crisis es necesario que el ser humano exista. Tiene que ver con la razón mínima de existencia del Estado.
3.- Medios elementales para el logro de los fines esenciales del Estado. El trabajo decente es la llave que facilita esa conformación del concepto de persona. Pero en tiempos de crisis esa llave puede ser difícil de garantizar. Incluso se discute si el pleno empleo es realmente posible de los puntos de vista teórico y práctico en un sistema basado en la acumulación de capital a través de la apropiación de gran parte del valor del producto por parte de quienes no intervienen directamente en su realización, posibilidad que más aún se reduce cuando el capital deja de ser instrumento concebido en función de la actividad productiva para convertirse en un bien o producto en sí mismo. De ahí que aparece como necesaria la adecuada cobertura del déficit a través de políticas sociales que impidan la reducción de la persona a menos que eso, a menos que persona íntegra, digna; para que no pueda retroceder más allá del umbral.
La idea es ocuparnos hoy, de cara a un contexto económico a escala mundial que amenaza el acceso al trabajo decente, de una de esas condiciones básicas de la persona como lo es la alimentación con la cual, con o sin empleo, todo ser humano tiene que poder contar. Si alcanzarla mediante el trabajo es difícil, hay que considerar alternativas, como por ejemplo el rendimiento del salario, o del ingreso con que se cuente. Si no hay generación de empleo o, si aún con empleo, no hay mejora salarial en términos nominales o, si aun habiendo incrementos salariales éstos no llegan a alcanzar los corrimientos de precios o la inflación, tenemos que ver cómo hacemos que el salario o el ingreso familiar de que se trate rinda, en términos reales, más y mejor como para que la crisis que ataca la calidad de vida no se lleve puesta también la condición de ser humano. En un escenario de economía de mercado donde los precios se fijan libremente de acuerdo con determinadas ‘leyes’ como de oferta y demanda, a veces más favorables a la acumulación de ganancia que a la justicia social, lo menos que podemos ensayar es que el Estado entre a jugar en el mercado como un actor económico más, proveyendo a precios accesibles, sin fines de lucro, al costo –inclusive, o subsidiado- no sólo para que todos y todas podamos adquirir productos de la canasta básica sino también para intervenir indirectamente en la formación de precios de los demás actores, planteando competencia.
En ninguna sociedad que se precie puede molestar que el Estado no se desentienda de garantizar la alimentación de su población. Suelen ensayarse acuerdos con cadenas de supermercados para bajar el precio de algunos productos básicos, que después no se respetan. A veces falta conciencia social, solidaria, de grandes comerciantes que, por simplemente intermediar entre productores y consumidores, incrementan sus márgenes de ganancia al compás que decrece el nivel de vida de grandes sectores sociales cuyos salarios (registrados o no, estables, inestables) permiten acceder a cada vez menos bienes y servicios.
Dicho en otros términos: los aumentos de precios que vemos todos los días en las góndolas, la inflación y las ganancias de los comerciantes, integran con la pobreza (que se profundiza cuando, encima de ser pobre, lo poco que se tiene alcanza para cada vez menos), los anverso y reverso de una misma medalla. La cuestión no es ajena a la política como nos quisieran hacer creer los partidarios de la versión más cruda del capitalismo neoliberal.
La idea es que el Estado tiene que volver a ser fuerte y recuperar un protagonismo que le permita sortear grandes diferencias sociales interviniendo en el intercambio para regular algunas cuestiones en beneficio de las y los de abajo. No para otra cosa fue concebido, en teoría, el Estado. Ni para otra cosa se inventó, en teoría, la política.
4.- Síntesis de la propuesta. La propuesta consiste en crear un Mercado Concentrador Municipal (MerCoMun) de bienes de primera necesidad, que sea primordialmente estatal. Como el Estado no persigue fines de lucro, desde ya que puede proveer víveres al costo, o con el agregado de una renta razonable, socialmente justa. Con lo cual todos y todas los consumidores automáticamente experimentan un aumento salarial cobrando, nominalmente, lo mismo, porque su ingreso le alcanzará para más. Y ese costo no necesariamente tiene que ser el de cualquier minorista privado, porque como se compra en cantidad se pueden conseguir mejores precios. Aparte se pueden elegir los proveedores mediante concursos públicos. Y se pueden priorizar aquellos proveedores con conciencia cooperativa o solidaria, que hagan carne de un proyecto comunitario y estén dispuestos a ganar un poquito menos si es para beneficio de todos y todas.
Luego, el Estado puede subsidiar parte de los precios a que compra los productos y venderlos todavía más baratos que al costo. En un contexto más amplio de reasignación de recursos y de redistribución de bienes y cargas sociales ese subsidio no le cuesta nada al Estado, que está para garantizar el bienestar general. Y no puede discutirse que una sociedad con sus ciudadanos y ciudadanas bien alimentados y saludables tiene que ver con el bienestar general. Los chicos volverían a comer en sus casas, con sus familias, lo que ya es una conquista en sí misma, pero aparte significa que el Estado se podría ahorrar lo que ahora está gastando en comedores, plata que también puede pasar al subsidio. Menos gente necesitará una bolsa de alimentos gratis de Acción Social: más ahorro. Lo más digno es que cada uno pueda ir a comprar al mercado, y no nos parece indignante que tenga que comprar a un precio barato, accesible. Luego –a mediano y/o largo plazo, que es como deben pensarse las políticas de Estado- se ahorra en gastos en salud, porque hay muchas enfermedades que provienen de –o están relacionadas con- el hambre o a las deficiencias alimentarias.
Y se ahorra en seguridad, policía, cárceles, porque hay delitos directamente relacionados con la pobreza que disminuirían. Si de resultas de la aplicación de la política social algunos comercios ganan un poco menos, tal vez algunos se podrán reconvertir y adoptar un perfil productivo, inclusive con apoyatura estatal, lo que tracciona la conquista de mayores espacios de soberanía alimentaria. De todas maneras se reserva a los empresarios privados innumerables rubros o productos en los que el Estado se abstendría de competir, dedicándose solamente a unos cien o ciento cincuenta productos básicos. El personal se puede capacitar, como cualquiera, de entre los que ya cuentan con empleo en el Estado y acepten ser reubicados, con lo cual no se genera mayor erogación por vía de incremento de la planta. La alimentación de los ciudadanos del pueblo, inclusive –o más- en tiempos de crisis, no es cuestión para discusiones egoístas ni interesadas.
5.- Poder adquisitivo salarial: condición de progreso. Vinculación del proyecto con algunos aspectos propios de un debate nacional. Parece que en los últimos tiempos la razón que promueve las pujas salariales en los sectores del trabajo es la inflación. Parece, también, que de esta forma los gremios avalan o dan por sentada a la inflación, o la legitiman, asumiendo con relativa naturalidad que los salarios se tienen que ajustar para poder acompañar, o por lo menos seguir no de tan lejos, la evolución de la inflación. Tal como se plantea, tal vez en parte se les facilita a los empresarios el argumento para subir y subir los precios, de modo que la dinámica salarial apenas intenta alcanzar un nivel de vida retroactivo, una suerte de poder volver a tener lo que ya teníamos y que en mayor o menor medida perdimos a consecuencia de las remarcaciones. Esta dinámica nos llevaría, en el mejor de los casos, a volver a estar como estábamos, nunca a progresar, en el sentido de estar cada vez un poquito mejor, de poder acceder mañana a algo a lo cual no podíamos acceder ayer.
Cuando el aumento salarial llega, no sin el desgaste de la pelea, en muchos casos larga y dura, ya fue absorbido por la paulatina y constante evolución del IPC, con lo cual hay que volver a empezar, como en un círculo vicioso que lo único que va provocando son mayores márgenes de rentabilidad empresaria, que contrastan con un progreso (que es derecho del pueblo) que sigue esperando en un horizonte que siempre se mueve, se corre más adelante, y que nunca se alcanza. Esto, decimos, en el mejor de los casos. Sin contar con que existen vastos sectores de nuestro pueblo que ni siquiera participan de esta carrera alocada, sea porque están sin trabajo, porque trabajan en condiciones de inestabilidad y precariedad, porque no están sindicalizados. Porque también sabemos que el sector formal contiene a una minoría de la clase trabajadora. No participan de esta puja –ya de por sí insuficiente- quienes, por ejemplo, tienen un plan social como fuente principal de ingreso familiar, que a veces se mantiene congelado por años. Ni hablar de quienes son titulares de una ‘tarjeta social’. No faltan quienes postulan ‘enfriar la economía’, moderar las demandas salariales, porque generan inflación.
Explican que las leyes del mercado determinan que al incrementarse la demanda porque nuevos sectores acceden al consumo, los precios tienden a –tienen que- subir. Olvidan que la mayor demanda puede ser atendida con mayor producción, con simplemente escoger otra variable para mantener la ecuación (las mismas leyes del mercado indican que al incrementarse la oferta los precios tienden a –tienen que- bajar). Desde luego el liberalismo económico se opone a la intervención del Estado, respecto del cual las variantes más moderadas propician su achicamiento a su mínima expresión, y las variantes de máxima propician su lisa y llana desaparición. Coinciden ambas variantes, sin embargo, en recurrir al Estado cuando entran en crisis, ya para exigir auxilio, ya para transferirle su pasivo o su bancarrota.
A la pregunta de si es forzoso buscar otra variable para resolver la ecuación entre oferta y demanda (p. ej. producción) se impone la respuesta afirmativa, por la sencilla razón de que posibilitar el acceso al consumo de bienes necesarios a una vida digna a la mayor parte de la población no es simplemente una justificación de tal o cual teoría económica sino un imperativo político en un Estado que desde su Carta Fundacional decidiera ‘afianzar la justicia’ y ‘promover el bienestar general’ (Preámbulo Constitución Nacional), así como ‘exaltar la dignidad humana protegiendo los derechos individuales y sociales’, ‘garantizar la igualdad y la justicia’, ‘asegurar a todos los habitantes el acceso a la educación, al desarrollo cultural y a los medios para la preservación de la salud’ (Preámbulo Constitución Provincial).
Adentrándonos un poquito a la consideración de esa variable cabe nos preguntemos si realmente es necesario incrementar la producción para que la mayor oferta absorba la mayor demanda que, así, no provoque suba de precios.
En verdad, si tenemos en cuenta que Argentina produce alimentos para más de 300 millones de personas, no parece que la justificación de la escalada de los precios pueda venir por el lado de la escasez fogoneada por el mayor consumo determinado por la evolución salarial o por la inclusión de nuevos sectores por vía de determinadas políticas sociales (más y mejores jubilaciones, programas y planes sociales, asignación universal por hijo, etc.). Y si alguien preguntase qué se hace con el excedente de producción que no consumen nuestros compatriotas que viven en la indigencia o en la pobreza caerá por su propio peso la respuesta de que ‘se exporta’. Y como lo que se exporta se cobra en dólares, de ahí viene la otra puja de algunos sectores del capital, interesados en que se incremente el valor de la divisa. En tanto dueños del producto y desprovistos de un mínimo de responsabilidad social, razonan que si afuera les pagan más, venden afuera; que si el mercado interno no es rentable prefieren el mercado exterior. La cuestión es entonces si un razonamiento tal puede ser sustentado desde el Estado, responsable de plasmar en los hechos el programa constitucional antes sucintamente referenciado.
Obviamente que no: el Estado tiene que hacer posible primero el bienestar de su población y después, sólo después, si hay margen, posibilitar la renta del capital. Para eso lo creamos, según dicen nuestras Leyes Fundamentales. Entonces, si la variable de amortiguación entre demanda y oferta no puede ser el incremento del precio ni el congelamiento salarial, y si no es necesario que lo sea la mayor producción, tendrá que serlo la renta del capital. Porque esa amortiguación igualadora es del interés del Estado y es su compromiso y razón de su existencia. Evidentemente plantear que el capital deba lucrar un poquito menos para que los habitantes del pueblo de la Nación vivamos todos un poquito mejor – repartir de otro modo la riqueza, en suma- garantizándose primero el abastecimiento del mercado interno y el progreso de la población… es plantear en parte la construcción de otra sociedad.
Y pareciera que existen sectores a los que no les interesa que seamosuna sociedad mejor: necesitan de la pobreza y de la desigualdad, como el combustible de su maquinaria de acumulación y concentración, como factores imprescindibles para la reproducción en base a este esquema donde el capital ocupa el centro y la persona cualquier otro lugar periférico. Lo que está claro es que esto no es de interés del Estado (está demás aclarar que cuando hablamos del Estado hablamos del ‘PUEBLO que habita un territorio y organiza su convivencia para felicidad de todos o por lo menos de la mayoría’, sustrato éste propio de la definición más básica de la política), para quien el centro es el ser humano y en torno de él y en función de él se organizan los demás factores, como capital y trabajo. En rigor de verdad hasta puede ser discutible la necesidad de que los empresarios tengan que ganar menos, porque la contracara de la mayor demanda por el incremento del consumo, es el incremento de las ventas. Vender más también es ganar más, aunque no por unidad de producto, si por lo menos por volumen.
Si está comprobado que el libre juego de las leyes del mercado no promueve la prevalencia de los intereses del Estado expresados en su Constitución, cabe proponer la recuperación del Estado para el pueblo, un Estado fuerte, presente, que sea responsable de hacer efectivo el bloque constitucional de derechos fundamentales para la mayoría del pueblo antes que garante de los negocios de la oligarquía.
El salario que es un derecho esencialísimo del pueblo trabajador dejará de fundamentarse desde la inflación y dejará de ir a parar a los bolsillos de los empresarios que incrementan sin parar y sin límite sus ganancias. Se fundará desde su necesario poder adquisitivo, que debe permitir no sólo mantener el nivel de vida alcanzado sino poder progresar todos los días y de generación en generación, brindando hoy lo que no alcanzó a brindar ayer, y mañana lo que no alcance a brindar hoy, y a nuestros hijos lo que no nos alcanzó a brindar a nosotros, y a nuestros nietos lo que no alcanzó a brindar a nuestros hijos, y así. Porque eso es progreso. Y porque el progreso es condición de la felicidad de un pueblo, que a su vez es condición y causa fin de su organización social y comunitaria.
En síntesis: la variable para la regulación entre la oferta de lo que hay para el pueblo y la demanda del pueblo que tiene que poder ser satisfecha, no necesariamente tienen que ser la inflación ni la remarcación de precios ni el incremento de la producción con costo medioambiental ni el enfriamiento de la economía ni el congelamiento salarial. Las variables tienen que ser la renta de los capitales, sobre todo especulativos, la transformación de las matrices de producción, reparto y consumo, a partir de la planificación a mediano y largo plazo acometida por un Estado fuerte al servicio de los intereses del pueblo, de su progreso y felicidad. En esas convicciones se inspira y pretende hacer un modesto aporte el presente proyecto.
6.- Perspectiva y contexto. Se propone adoptar la perspectiva de la política de Estado, a partir de la convicción de que la alimentaciónintegral, saludable y digna de una población no puede ser materia librada a la suerte o a las posibilidades individuales que a cada uno le den las leyes del mercado, perspectiva desde la cual algunos podrán acceder en tanto que otros no, siendo ambas contingencias igualmente válidas.
Como el esquema institucional/constitucional ampara la libertad de mercado, mientras no avancemos en la refundación del Estado sobre otras bases o paradigmas constitucionales no habrán políticas ni medidas –de acuerdos de precios, de control de precios, de regulación de precios o de fijación de precios máximos o de referencia- que resulten efectivas o eficaces, dificultándose todo intento de avance en la transformación de la matriz de reparto de la riqueza en clave de equidad.
Le queda al Estado, al cual no le es indiferente la alimentación de la población, y el cual no puede violar la Constitución liberal, intervenir directamente en el mercado compitiendo con las empresas privadas lucrativas para llevar el alimento a las familias a precios accesibles e, indirectamente, regular los precios de determinados productos básicos que componen una canasta alimentaria integral, forzando a las empresas a bajar tales precios.
7.- Otros detalles de la propuesta. Algunas potencialidades. Como el Estado no tiene fin de lucro tales precios no se verían sustancialmente incrementados por ganancia dineraria alguna. Tampoco el Estado tendría que pagar salarios del personal del mercado porque podría reubicar trabajadores estatales a los cuales ya les está pagando el sueldo, incluso llamando a un concurso interno para quienes tengan interés en variar –o hallar- la ocupación o misión específica en el rubro o sección, y sin perjuicio de la capacitación que pueda hacer falta.
Se obtienen otros beneficios compensatorios,como ahorros derivados de la compra en grandes volúmenes, de promociones, a proveedores solidarios, etc. Sin perjuicio de ello parte del ahorro estatal se puede destinar a la implementación de líneas o programas específicos de apoyatura al sector productivo local. Si bien hay productos que en TDF no se producen ni se producirán (p. ej. yerba, arroz, bananas, café, aceite, azúcar o sal,de los cuales siempre habrá que abastecerse en el territorio continental) hay otros que se están produciendo y que podrían asegurarse su comercialización a través de este Mercado Concentrador Municipal. Estos pueden ser apoyados con miras a ser potenciados y expandirse. Otros que no existen actualmente podrá analizarse la viabilidad de su prueba, contándose para ello con la predisposición a colaborar de la Nación a través de INTA, INTI, SENASA, Corporación del Mercado Central de Buenos Aires, etc.
Para Río Grande, una de las posibilidades es la creación de un mercado local en el marco del régimen establecido por Decreto Ley 19.227/71, el cual estableció el modelo de concentración obligatoria protegido y estimulado por el Estado Nacional. Llenar las condiciones y requisitos dispuestos por dicho régimen posibilitaría que el mercado local sea declarado DE INTERÉS NACIONAL, lo cual dispara una serie de beneficios como la adquisición de las tierras que pudieren ser necesarias, mediante financiación y en condiciones de fomento; créditos de entidades nacionales o internacionales; asistencia técnica; perímetro de protección; etc.
La inclusión del mercado en el régimen antedicho determina que su órgano de administración integra, juntamente a la representación oficial, a productores y usuarios, siendo estos últimos los vendedores y compradores, designados por las cooperativas o asociaciones a las que pertenecen. De lo cualse desprende que la figura más apropiada sería la de una Sociedad Anónima de Participación Estatal Mayoritaria, a través de la Sociedad del Estado Río Grande Activa, que integre capitales estatales y privados.
De todas formas, como la iniciativa se trata de una política de Estado, dicha conformación no ha de descuidar la participación estatal mayoritaria en la integración del capital. La perspectiva puesta de manifiesto –de la política de Estado- también determina la necesidad y conveniencia de la participación de la sociedad a través de sus organizaciones de base en las planificación, gestión y control del mercado. Ello queda previsto a través de la ya referida integración de productores y usuarios (como socios) al órgano de administración, sin perjuicio de que en un futuro la conducción de la sociedad pudiere evaluar, por ejemplo, la conformación de un Consejo Consultivo, Honorario o Asesor que, contando inclusive con la asistencia técnica que necesitare, pueda orientar a dicha conducción y/o proponer las operaciones que resultaren conducentes al mejor cumplimiento de sus fines; gestionar las relaciones y/o vinculaciones comerciales e institucionales apropiadas; efectuar campañas de difusión, concientización, promoción, educativas, etc.
Otra de las ventajas del encuadre de que se viene hablando y de la articulación con la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires es la posibilidad de aprovechar sus propios sistemas de controles bromatológico y sanitario, independientemente de los pertinentes relevamientos diarios de precios y volúmenes que también efectúa. La conducción del Mercado Central de Buenos Aires también está facultada para gestionar por cuenta y orden del mercado local las compras que se le requieran, lo cual nos relevaría de tener que asistir en forma directa a abastecernos. Esto sería posible como objeto de un convenio específico, de los diferentes acuerdos a que daría pie la existencia de un convenio marco de colaboración, y de resultas del cual realizarían concursos con los operadores para obtener el negocio más conveniente a nuestros intereses, percibiendo por la gestión un mínimo porcentaje en concepto de comisión.
También se puede impulsar a través de dicha conducción los cambios normativos que fueren menester a nivel del régimen de FUNBAPA (Fundación a cargo de la barrera zoofitosanitaria en la Patagonia) como para facilitar la instrumentación de los controles necesarios, sea a través del montaje de un puesto de control en el mismo Mercado Central, o en los puertos locales. Y cuenta con vínculos con otros actores de los cuales también podemos disponer, tanto a nivel de áreas gubernamentales como de consorcios o asociaciones de derecho privado, como COMAFRU (Cámara de Productores Frutihortícolas) o A.C.E. (Asociación de Colaboración Empresaria), que permitirían centralizar determinadas operaciones como para obtener mejores condiciones, tanto en materia de precios como de calidad, o gestionar abastecimiento en otras regiones o con otros efectores por fuera del Mercado Central (ejemplos: manzanas de Río Negro o carnes de Trevelin). Otro sector que podría integrarse, además de los pequeños productores y/u organizaciones de consumidores, serían los pequeños comerciantes, como almaceneros quienes, mediante convenio, podrían abastecerse en el Mercado Concentrador Municipal, y facilitar la descentralización territorial acercando los productos a los barrios al mismo precio o con un margen razonable de utilidad.
Por las razones expuestas en los fundamentos del presente proyecto es que solicitamos su aprobación.
Sin otro particular, le saludamos muy atentamente.
