COPARTICIPACIÓN CABA (y Tierra del Fuego): Porque estuvo mal el decreto 735/2020.

Viern 11/09/2020.- En esta nota explicamos porque el decreto dictado por el Presidente de la Nación, quitando un punto de la Coparticipación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) viola constitución nacional y la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos y porque se sigue considerando a la ciudad como un territorio nacional dependiente del gobierno y no como una ciudad autónoma violando su autonomía, algo que no había ocurrido nuca hasta ahora. La coparticipación federal tiene rango constitucional desde 1994 y no puede ser modificado por decreto, debe ser tratado en el congreso y su reforma parcial o total requiere de la mayoría absoluta.

Queda claro que se trata de una medida inconstitucional sin consenso ni legitimidad porque es una modificación al régimen de coparticipación federal, perjudicando a un actor en beneficio de otro, sin ninguna legitimidad ni acuerdo de partes. Como el régimen de coparticipación tiene rango constitucional desde 1994, esta intervención es inconstitucional. El mismo criterio se podría utilizar para con Tierra del Fuego, si se siguen tomando este tipo de medidas que perjudican a unos en beneficio de otros cuando las normas son claras y precisas, pero no se están respetando.

Ley 23.548 (1988), art. 8º: La Nación, de la parte que le corresponde conforme a esta Ley, entregará a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires y al Territorio Nacional de Tierra del Fuego una participación compatible con los niveles históricos, la que no podrá ser inferior en términos constantes a la suma transferida en 1987. Además la Nación asume, en lo que resulte aplicable, las obligaciones previstas en los incisos b), c), d), e) y f) del artículo 9º, por sí y con respecto a los organismos administrativos y municipales de su jurisdicción sean o no autárquicos.

CONSTITUCIÓN (1994):

Art. 75. Corresponde al Congreso:

  1. Imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias. Imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan. Las contribuciones previstas en este inciso, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica, son coparticipables.

Una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, instituirá regímenes de coparticipación de estas contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos.

La distribución entre la Nación, las provincias y la ciudad de Buenos Aires y entre éstas, se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas contemplando criterios objetivos de reparto; será equitativa, solidaria y dará prioridad al logro de un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional.

La ley convenio tendrá como Cámara de origen el Senado y deberá ser sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, no podrá ser modificada unilateralmente ni reglamentada y será aprobada por las provincias.

No habrá transferencia de competencias, servicios o funciones sin la respectiva reasignación de recursos, aprobada por ley del Congreso cuando correspondiere y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso.

Un organismo fiscal federal tendrá a su cargo el control y fiscalización de la ejecución de lo establecido en este inciso, según lo determina la ley, la que deberá asegurar la representación de todas las provincias y la ciudad de Buenos Aires en su composición.

 

Cláusula Transitoria Sexta: Un régimen de coparticipación conforme lo dispuesto en el inc. 2 del Artículo 75 y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996; la distribución de competencias, servicios y funciones vigentes a la sanción de esta reforma, no podrá modificarse sin la aprobación de la provincia interesada; tampoco podrá modificarse en desmedro de las provincias la distribución de recursos vigente a la sanción de esta reforma y en ambos casos hasta el dictado del mencionado régimen de coparticipación.

La presente cláusula no afecta los reclamos administrativos o judiciales en trámite originados por diferencias por distribución de competencias, servicios, funciones o recursos entre la Nación y las provincias.

 

CABA

Ley 24.588 (1995), art. 12: La ciudad de Buenos Aires dispondrá de los recursos financieros que determine su Estatuto Organizativo con sujeción a lo que establecen los incisos b), c), d) y e) del artículo 9 de la Ley 23.548.

Dto. 692/2002: se le transfiere mensualmente la doceava parte del presupuesto aprobado

Dto. 705/2003: 1,40% de la masa coparticipable total (equivale a 2,56% de secundaria).

Dto. 194/2016: 3,75% (6,86% secundaria) .Fue rápidamente modificado (R. Frigerio) por:

Dto. 399/2016: para que no influya en el Fondo Sojero, ya que perjudicaba a las otras provincias. Además, la diferencia (2,35%) existente entre el coeficiente de participación que estaba previsto en el Decreto N° 705/2003 (1,40%) y el dispuesto en el Decreto N° 194/2016 (3,75%), serán destinados para consolidar la organización y funcionamiento institucional de las funciones de seguridad pública en todas las materias no federales ejercidas en la CABA.

Consenso Fiscal y Ley 27.432 (Dic. 2017): Se comprometen a aprobar nueva ley de coparticipación, se elimina el art. 104 de Ganancias y la coparticipación del Cheque, por lo que se compensa a las provincias y CABA mediante: i) transferencias diarias (23 provincias); ii) transferencias globales (Pcia. Bs. As. por Conurbano); iii) modificación coparticipación nacional (CABA). Estas compensaciones son todas derivadas de la misma derogación impositiva, aunque se usen distintos instrumentos. En el caso CABA derivó en:

Dto. 257/2018: 3,50%, reducción (de 0,25%) para compensar las reducciones que tuvieron todas las provincias por la derogación del art. 104 Ganancias y la no coparticipación del Cheque (Consenso Fiscal 2017)

Dto. 735/2020: 2,32% (equiv. 4,24% sec.) hasta la transferencia de la seguridad y 1,40%, una vez transferida la seguridad con sus recursos correspondientes.

INTERPRETACIÓN

La Reforma Constitucional exige lo siguiente:

  1. Que haya regímenes de coparticipación automáticos instaurados mediante una ley convenio, aprobada por mayoría absoluta y ratificada por las provincias.
  2. Que estos regímenes de distribución alcancen a la Nación, a todas las provincias y a la CABA.
  3. Que tenga las características de solidaridad, equidad, etc., etc.
  4. Que la ley convenio tenga determinado proceso de sanción y que sea aprobada por las provincias.
  5. Que no haya transferencias de competencias, servicios o funciones (desde la Nación) sin la consiguiente reasignación de recursos presupuestarios. Estas transferencias deben ser aprobadas por ley del Congreso (cuando correspondiere, parece querer decir que cuando no correspondiere será aprobada por decreto) y por la provincia interesada o la ciudad de Buenos Aires en su caso (¿cuándo es por decreto?).
  6. Que se cree un organismo fiscal federal con representación de las provincias y la CABA.
  7. Que se sancione un régimen de coparticipación y se cree un organismo fiscal federal antes de fin de 1996.
  8. Que no se perjudique la situación de ninguna provincia.

Esto significa que, a partir de enero de 1997, la situación para las 24 jurisdicciones existentes en la Reforma de 1994 no puede ser peor que lo que se impone en la Constitución.

La CABA y TdF están hoy peor que lo que les corresponde constitucionalmente, por los siguientes motivos:

  1. No han participado en la ley de Coparticipación vigente, que es la que se utiliza como remedo de la exigida por la CN, ya que cuando se sancionó en 1988 no existían.
  2. Sus porcentajes de coparticipación se derivan de la parte de la Nación en vez de conformar la distribución secundaria, como las demás provincias. Esto implica que todavía dependen de los decretos simples que decide el PEN para determinar sus gastos, como si siguieran siendo territorios federales y no estados autónomos.
  3. No forman parte del organismo fiscal federal que controla el régimen.

Esto amerita para estas dos jurisdicciones un remedio judicial, si no se logra sancionar la nueva ley convenio.

¿POR QUÉ ESTUVO MAL EL DECRETO 735/2020?

El Decreto Simple (no DNU) es un mecanismo para usar recursos nacionales. Hasta la reforma constitucional, los recursos coparticipados de CABA y TdF eran parte de los recursos de la Nación. Por esto se determinaban a través de un Decreto Nacional Simple (no DNU).

Desde la reforma constitucional, CABA y TdF tienen los mismos derechos a participar de la Coparticipación Secundaria que las demás 22 jurisdicciones, así como a integrar el organismo fiscal federal que controla el régimen. Sin embargo, esto no sucedió, lo que (potencialmente) lesiona la integridad de su autonomía.

Una modificación por Decreto, por tanto, implica seguir considerando a la CABA como territorio federal, dependiente de la Nación, y no como ciudad autónoma, transformando de potencial en real la lesión a su autonomía, algo que no había sucedido nunca hasta la fecha.

¿Qué pasa entonces con los Decretos previos?

El Dec. 692/02 y 705/03 establecieron los montos iniciales, que estaban en línea con los recursos distribuidos históricamente antes de la reforma constitucional (Ley 23.548, art. 9º).

El Dec. 194/16 modificó estos recursos aumentándolos, pero solo porque se transfirieron servicios de seguridad (Policía) y en esa medida. Esto se hizo en cumplimiento del mandato constitucional que establece que se deben compensar con recursos las transferencias de funciones desde la Nación hacia cualquier provincia o la CABA. Se usó como instrumento el porcentaje de coparticipación, porque solo afecta a Nación y CABA, que son las dos jurisdicciones que debían compensar esa transferencia de parte de la Policía Federal a la Ciudad. Por lo tanto, no se trató de una modificación al régimen de coparticipación sino solo una transferencia de servicios con sus recursos. De haber sido con una provincia, se habría requerido de una ley, pero al existir el mecanismo del decreto por coparticipación, se usó éste.

Cuando se debió instrumentar otra compensación de la Nación a las provincias y la CABA, en ocasión del Consenso Federal de 2017, derivada de la derogación del art. 104 Ganancias y de la coparticipación del Imp. Cheque, se usaron diferentes mecanismos para este mismo fin. En el caso de la CABA, se acordó modificar el coeficiente de coparticipación entre Nación y CBA, modificando el decreto 194/16 (Dec. 257/18). Para las provincias, se usaron otros métodos.

El actual Dec. 735/20, en cambio, reduce los recursos coparticipados de la CABA, afectándola en sus derechos a la coparticipación federal. Se utiliza el método del Dec. Simple porque aun no se sancionó la ley convenio que exige la Constitución, pero esta falta de cumplimiento constitucional no puede interpretarse como la persistencia de la CABA (ni de TdF) como territorios federales, que es lo que asume este Decreto. Además, aumenta los recursos de otra provincia, alterando TODA la distribución federal de recursos coparticipados sin Consenso Federal.

El Decreto de Macri de 2016 fue la compensación de una transferencia de servicios Nación-CABA. El Decreto de Macri de 2018 fue parte de la instrumentación del Consenso Federal.

El Decreto de Alberto de 2020 es una modificación al régimen de coparticipación federal, perjudicando a un actor en beneficio de otro, sin ninguna legitimidad ni acuerdo de partes. Como el régimen de coparticipación tiene rango constitucional desde 1994, esta intervención es inconstitucional.

Fuente:lalicuadoratdf.com.ar

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