En el Gabinete explicaron que la medida orientada al sector privado el objetivo inicial es apuntalar los ingresos de los trabajadores más postergados, cuyas paritarias corrieron al menos este año por detrás de la evolución de la inflación. En la CGT identificaron apenas ocho sindicatos, entre los que figuran la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) y la Asociación Bancaria, que quedaron a salvo del desfasaje entre sus acuerdos salariales y la suba de la canasta básica. Para los demás en la central obrera advertían sobre la necesidad de fijar el incremento por decreto.
El primer indicio lo dio el ministro Moroni en una reunión que mantuvo semanas atrás con la “mesa chica” de la CGT. Allí, como había anticipado este diario, les dijo que entre las primeras medidas de Alberto Fernández figuraría ese ajuste, presentado como “imperativo moral”, en palabras del funcionario, y con el propósito colateral de dinamizar el consumo y darles un respiro al comercio y las pequeñas y medianas empresas.
Una vez enviado el proyecto de ley al Congreso los funcionarios consultados aclararon que el eventual monto a decretar para la suba no fue resuelto todavía, aunque se presume que tendrá un piso de 6 mil pesos. Cualquiera fuese esa cifra, agregaron los técnicos, podrá ser el número definitivo en los casos de actividades imposibilitadas de mejorar el pago por restricciones de las empresas o bien la base de un incremento mayor a ser consensuado en el ámbito de las respectivas paritarias.
De ese modo, y en sentido contrario a una eventual paralización de las negociaciones salariales, el valor decretado quedará sujeto a mejoras sólo en el ámbito de los convenios colectivos de trabajo, incluso en los que cronológicamente ya fueron clausurados por este año.