En los términos del artículo 43. 2° párrafo, de la Constitución Nacional; 1, de la Ley N° 16.986; y la doctrina pretoriana de CSJN que emana del fallo “Halabi”; el Senador Nacional por Neuquen Marcelo Fuentes y Federico Bernal director del Observatorio de la Energía OETEC, interpusieron una cautelar y un amparo colectivo contra el Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación, por el proceso licitatorio costa afuera que adjudicó áreas petroleras a empresas británicas y a otras en cuyo directorio se encuentran ex funcionarios del gobierno de usurpación que ocupa las islas.
En el escrito presentado en el Juzgado 10 en lo Contencioso Administrativo Federal, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fuentes y Bernal solicitaron; 1) se declare la insconstitucionalidad y nulidad del Decreto 872/2018 y la Resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía 65/2018; en tanto convoca a concurso Público Internacional para la exploración y explotación petrolera con prórroga de jurisdicción a favor de tribunales extranjeros; y 2) la insconstitucionalidad y nulidad de la Resolución de la Secretaría de Gobierno de Energía 276/2019 más toda otra norma que las complemente, reemplace y/o modifique-; en tanto adjudica diez (10) permisos de exploración y explotación hidrocarburífera sobre el sur del Mar Argentino a empresas vinculadas al régimen ilegítimo Kelper y que ilegalmente explotaron nuestros recursos en las Islas Malvinas.
Por este mismo proceso licitatorio, la Jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, rechazó la semana pasada, la acción de amparo y las medidas cautelares promovidas por el intendente de Río Grande Gustavo Melella, con el objeto de frenar la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL COSTA AFUERA N° 1, que el 2 de octubre del año pasado, el Gobierno Nacional puso en marcha y que el 16 de mayo último adjudicó áreas petroleras a empresas británicas en la Cuenca Malvinas Oeste.
La resolución de la Jueza Mariel Borruto no coincidió con dictamen del Fiscal Marcelo Rapoport que el jueves 30 de mayo entendió que se encontraban “satisfechos los requisitos de admisibilidad de la MEDIDA CAUTELAR REQUERIDA”. Desde el municipio manifestaron que apelarían la medida.
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