Juego de Tronos terminó, pero la llegada del invierno es una amenaza vigente para los argentinos. Los aumentos en las boletas de luz y gas que llegarán en julio, agosto y septiembre pueden alcanzar, y hasta superar, el 80% si se comparan los valores que vendrán con los pagados el año pasado.
Parte de la política tarifaria del gobierno consiste en exagerar la complejidad de los cálculos de los aumentos, con lo que genera confusiones y miradas diversas. En este caso, hay otros cálculos que apuntan a que la suba en la factura de gas llegará hasta el 50% para los hogares, mientras que la de la luz rondará el 42 por ciento.
Cada seis meses, el gobierno anuncia ajustes promedio en tarifas de luz y de gas. Desde el invierno pasado, hubo dos aumentos en cada rubro. En el caso del gas, el último ajuste de 2018 fue del 45% promedio. En tanto, el aumento desdoblado en tres cuotas de los primeros seis meses de este año totalizó un 29% promedio (10% en abril, 9% en mayo y 7,5% en junio). Así las cosas, el alza acumula un 87,05 por ciento. A ello hay que descontar el 22% del «plan alivio», lo que deja el cálculo en torno al 60 por ciento. Conviene recordar que ese 22% se sumará a las facturas de verano.
De esta forma lo ve Mariano Lovelli, titular del Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (Cepis). «El aumento de gas va a quedar entre un 80 y un 85 por ciento. Una persona que en julio o agosto del año pasado pagó 5000 pesos, este año va a pagar 8000 u 8500 pesos», analizó y agregó: «Denunciamos como falso el congelamiento y eso se evidencia ahora, ya que no desestimaron este aumento de gas, como sí desestimaron el aumento marginal que quedaba de luz».
Sin embargo, fuentes oficiales aseguraron a Tiempo que «sin tener en cuenta industria y comercio, sino sólo hogares de los principales centros urbanos y con el descuento del 22% que pasa para el verano, el promedio ponderado nos da un 32 por ciento. El aumento más grande será para la categoría R2-1, del 50 por ciento. El más chico, para la R3-4, del 19 por ciento».
Andrés Repar, miembro del Observatorio de Tarifas (OTA) de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (UMET), coincidió con Lovelli. «Es un disparate hablar de un 32 por ciento. Puede ser un 60%, teniendo en cuenta la tarifa plana. Lo cierto es que el aumento gradual es un engaño. Está repartido, pero llegamos al invierno con todo el aumento implementado. Además, para el verano le queda al usuario un monto importante por pagar porque se va a juntar el mayor consumo de energía eléctrica con este porcentaje en gas que queda pendiente», advirtió.
Por su parte, el especialista en temas energéticos Andrés di Pelino coincidió con los números de las estimaciones oficiales. «El aumento aprobado punta a punta, del invierno 2018 al invierno 2019, era del 90 por ciento. A este incremento se le redujo un 20% como decisión de política económica del gobierno. De lo que quedó, un 30% en promedio llegará en las boletas y el pago del resto se diferirá al verano, en lo que forma parte del llamado ‘plan alivio'», argumentó.
Aun con el cálculo oficial, la mayoría de los usuarios residenciales pagará aumentos que alcanzan el 50 por ciento. El 55% de estos usuarios está incluido en las categorías R1 y R2 (con sus subcategorías). Para ellos, el aumento ponderado calculado por el gobierno va del 42 al 50 por ciento.
En este punto, el rol del gas en boca de pozo se vuelve preponderante, ya que el aumento para las productoras de gas será del 89%, siguiendo los cálculos oficiales. Para Di Pelino, «la Resolución 46 fue nefasta. Fue a contramano de la posibilidad de generar reglas de juego de mercado para el gas. Esas reglas deberían apuntar a juntar a los actores del mercado, a la oferta y la demanda, y lograr los precios de equilibrio. En lugar de eso, se estableció un sendero de precios completamente fuera de criterio, en dólares –cuando la Argentina es un país que se maneja en pesos– y con precios tres veces superiores a los de mercados semejantes, como puede ser el de Estados Unidos. No es justo que todos los argentinos paguemos así el desarrollo de Vaca Muerta».
En el caso de la luz, el último ajuste de 2018 fue del 25% promedio. En tanto, el aumento dividido en dos cuotas de los primeros seis meses de este año totalizó un 43% promedio (26% en febrero y 14% en marzo). En total, ambas subas suman un 80%. Sin embargo, Di Pelino apuntó que en la variación invierno 2018-invierno 2019 la suba rondará el 42 por ciento. «Hay que tomar en cuenta que el gobierno suspendió el aumento previsto para los próximos meses, no los canceló. Y eso sólo vale para el caso del área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA)», detalló.
Desde el gobierno nacional aseguraron que el congelamiento de tarifas sólo corresponde a usuarios residenciales y no a comercios, que pagarán el full. Al respecto, Lovelli apuntó: «No en cuanto al humor social, pero en términos inflacionarios es lo más importante. Los residenciales representan entre el 35 y el 40% del total del consumo de energía. El resto son pymes, comercios, industrias, etcétera. Y todos esos aumentos se van a trasladar a los precios de los productos en algún momento». «
Medidores inteligentes
Los «medidores inteligentes» serán obligatorios a partir del año próximo. Así lo afirma el «Reglamento Técnico y Metrológico para los Medidores de Energía Eléctrica en Corriente Alterna», aprobado por el gobierno nacional a través de la resolución 247/2019 de la Secretaría de Comercio Interior, publicada el viernes último en el Boletín Oficial.
«Con el objetivo de acompañar la política energética actual, el uso de medidores de electricidad inteligentes se vuelve indispensable, atento a que promoverán la eficiencia energética, así como la sostenibilidad y la movilidad eléctrica», asegura la resolución.
Asimismo, los dispositivos permitirán «la aplicación de tarifas flexibles y personalizadas, aportando grandes beneficios a los usuarios, mejorando la calidad del servicio y generando datos en tiempo real que beneficiarán a la planificación, la operación y el mantenimiento de la red eléctrica».
Según el gobierno, los medidores permitirán a las compañías eléctricas conocer en tiempo real el consumo de sus clientes y segmentar rangos horarios, ofrecer al cliente la posibilidad de ahorro cuando utilice energía eléctrica fuera de los períodos de mayor demanda, que tiene un precio por kilowatt más barato.
Los usuarios, en tanto, tendrán también la posibilidad de conocer en tiempo real los consumos que realizan. Además, estos medidores ayudarán a identificar con mayor precisión las pérdidas de energía por inoperancia de las prestadoras o por fraude del usuario.
Para las empresas, facilitaría el monitoreo de las interrupciones del suministro y la posterior solución de los inconvenientes.
El amparo de Cepis y los intendentes ya tiene juez
Legisladores, intendentes y dirigentes del peronismo de la provincia de Buenos Aires, junto a la Defensoría del Pueblo y el Cepis, presentaron en febrero último un recurso de amparo para frenar los aumentos en la tarifa de luz de 2019, que promedian un 43 por ciento.
La presentación judicial reclama que estos aumentos vulneran el principio de «tarifas justas y razonables» establecido por la Corte Suprema en el fallo Cepis de 2016. La CSJN había dictaminado que las tarifas debían estar acordes a los niveles de ingreso de los ciudadanos, entre otros puntos.
El gobierno había intentado frenar la medida a través de una inhibitoria sobre el juez Alberto Recondo, con el fin de pasar todos los juicios colectivos que hay en el país al ámbito de la Capital Federal. Sin embargo, la semana que pasó la Cámara Federal rechazó la inhibitoria y ahora el juez Federal 4 de La Plata, Recondo, quedó habilitado para dictar la sentencia.
Al respecto, Mariano Lovelli, titular de Cepis, opinó: «Tenemos argumentos para que el juez falle a favor. Entendemos que es una causa compleja porque el gobierno también la ha complejizado, al presentar muchos expedientes administrativos de prueba, en lo que entendemos es una táctica para tapar algo que es muy sencillo y simple, que es si se cumplió o no la premisa de la Corte Suprema en 2016». En ese sentido, amplió: «El juez no va a demorar mucho más la sentencia y esperemos que sea haciendo lugar al pedido de declarar la inconstitucionalidad del aumento tarifario de la luz. Somos optimistas porque tenemos argumentos sobrados. De otra forma, ya lo hubieran rechazado».
El amparo fue firmado por los intendentes Gabriel Katopodis (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría), Juan Zabaleta (Hurlingham), Verónica Magario (La Matanza), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Julio Zamora (Tigre), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Marcelo Santillán (Adolfo González Chaves) y el intendente interino de Colón, Pablo Pino.
