Así, la electricidad y el gas se definen como un servicio público y el Estado es el responsable del servicio y de establecer las tarifas.
En nuestro país, a partir de las reformas de la década de los 90, es un servicio público de gestión privada y por eso la definición de las tarifas genera tensiones permanentes entre las empresas prestadoras de los servicios y los usuarios.
Es en esta tensión donde el Estado debe establecer los criterios para una política energética que contemple distintos criterios. Uno de ellos, propio de la lógica individualista neoliberal, es definir que se pague por la energía lo que cuesta. Otro, más inclusivo, es reconocer el derecho a la energía y que el Estado establezca la manera de alcanzar este objetivo.
Europa y EE.UU. han desarrollado sus políticas energéticas en base a subsidios y con una estrategia a largo plazo.
Seguridad energética y accesibilidad, ese es el desafío.
