El informe tipificó 11 tipos de torturas y malos tratos -como ser agresiones físicas, aislamiento y falta de acceso a la atención médica- y se propone hacer su seguimiento año a año para advertir cambios o, como sostuvieron sus autores, para «profundizar en las complejas relaciones sistémicas entre el Estado y la población carcelaria». El estudio retrata lo que cuentan distintas personas que cumplen condenas en penales federales y bonaerenses. «En los ocho años que realizamos este estudio nunca dejamos de tener casos de estos 11 tipos que marcamos. Lo que construimos es una masa empírica que nos permite ver los cambios en las torturas ejercidas por los representantes del Estado dentro de las cárceles. Y lo que vemos es que son algo sistemático», explicó Alcira Daroqui, directora del departamento de investigaciones de la PPN.
El trabajo de campo se «realizó en 10 unidades penales de la provincia de Buenos Aires. Y en seis unidades y una alcaidía penitenciaria del Servicio Penitenciario Federal (SPF). También se relevaron víctimas en otras 14 cárceles federales, una alcaldía federal, seis unidades de servicios penitenciarios provinciales (de Misiones, Córdoba, Santa Fe y San Juan) y tres institutos dependientes del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires. Del mismo modo, se relevaron víctimas en otras 23 cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), y en siete centros cerrados del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia de la provincia de Buenos Aires».
Dentro de las 11 tipificaciones descriptas por la PPN, «agresiones físicas» es la que más se denunció: 866 casos. «Es la que más se repite. También dentro de esta opción -la tenemos desglosada en otros subtipos de agresiones como palazos en el cuerpo, empujones, escudazos- la variedad de golpizas es alta», aclaró Daroqui.
El segundo tipo de violencia con más cantidad de hechos es la falta de acceso a la salud dentro de las cárceles, con 830 denuncias. «La falta de producción y la escasez produce violencia dentro de las prisiones. Es la respuesta del servicio penitenciario -el Estado- para ejercer la subordinación de la población carcelaria. Utiliza este tipo de violencia como una estrategia de dominación, pero terminan generando más violencia intracarcelaria», explicó Daroqui.
Uno de los puntos donde la PPN advirtió un cambio es en el «aislamiento» de los presos como modo de castigo; según se explica en el informe, se trata del «encierro en celdas por más de 16 horas al día, sin luz ni ventilación, en condiciones degradantes». En 2017 se denunciaron 823 casos de reclusión de este tipo. Según contaron a LA NACIÓN fuentes de la PPN, el SPF aumentó el uso de esta forma de escarmiento. Una cuestión que en el SPB era habitual, ahora se extendió al resto del país. «Cuando se indaga sobre esto al personal del SPF, responden que en realidad es una forma de controlar la violencia dentro las cárceles, porque los presos son violentos», explican en la PPN.
Otros de los puntos donde hace foco el estudio es en las malas condiciones materiales de detención, con 772 denuncias; la falta de alimentación, con 586 casos; las amenazas (354), e impedimentos de vinculación familiar y social, con 340 hechos.
El mundo carcelario forma un entramado social complejo en el cual el Estado está representado por el servicio penitenciario y la población carcelaria vive hacinada dentro de las prisiones. Por eso, en el informe se sostiene que «la tortura en el sistema penal argentino constituye un elemento estructural, extendido y persistente, es decir, sistemático».
Los casos que analizó la PPN fueron los de 1830 varones, 110 mujeres y 13 trans. Dentro de la población carcelaria femenina, explicó Daroqui, la falta de acceso a la atención sanitaria y las malas condiciones de alojamiento son los hechos que más denuncian las detenidas. Esto genera violencia dentro de las prisiones, aunque las agresiones físicas dentro de los pabellones de mujeres «son menos frecuentes» que en los masculinos.
El informe también trabajó sobre los maltratos y torturas por parte de las policías y otras fuerzas de seguridad durante 2017. La PPN relevó 971 hechos de este tipo ejercidos en las instancias de aprehensión, traslado y detención en comisarías, con 218 víctimas.
«Todas estas prácticas a las que se ven compelidas las personas encarceladas integran una compleja estrategia de supervivencia que se extiende en todo el dispositivo carcelario, ‘domesticando’ las conductas en clave violenta», resume el estudio.
