El proyecto sancionado involucra a funcionarios electos y designados y para entrar en vigencia requiere la promulgación del Poder Ejecutivo provincial. Trece legisladores estuvieron presentes en la sesión del viernes y todos votaron afirmativamente por la sanción del proyecto de ley estableciendo que resulta requisito indispensable para “la permanencia en los niveles políticos de la función pública” la no adicción a drogas ilegales.
Deberán someterse al análisis el gobernador, vicegobernador, funcionarios de Gabinete hasta el rango de subsecretario, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, personal superior y subalterno de la Policía y del Servicio Penitenciario.
También están incluidos legisladores y autoridad de Cámara, integrantes de los organismos de control hasta el rango de prosecretario, jueces, magistrados y funcionarios del poder judicial y del ministerio público, de acuerdo a lo publicado hoy por El Diario del Fin del Mundo.
La ley debe ser promulgada por el ejecutivo y reglamentada dentro de los 60 días, y establece que “la detección de metabolitos de droga en orina” determinará el cese de función para funcionarios designados y suspensión de mandato para los electos.
La autoridad de aplicación para funcionarios del Poder Ejecutivo será el ministerio de Salud de la provincia en tanto que el poder legislativo, y municipios que adhieran a la medida, deberán establecer “quién efectuará el procedimiento correspondiente”.
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