El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que tiene como antecedente una declaración de 2012.

Lun 25/06/18.- La ordenanza que propone el 25 de marzo como “El día de los derechos del niño por nacer”, tiene un antecedente y se remonta al 27 de marzo de 2012 cuando se aprobó “El día del niño por nacer”, como Declaración N° 013/12 en el Concejo Deliberante de Rio Grande. Lo increíble es que la misma lleva la firma de la entonces concejal Miriam Boyadjian.

Como puede verse en la fotografía, la misma impone al municipio que cada 25 de marzo se incorpore a la agenda el “Día del niño por nacer”, organizando una semana de jornadas denominada “Semana por la vida, la dignidad y la familia”, que tengan como objetivo defender el derecho a la vida en toda su extensión, la dignidad y la familia, mediante actividades educativas, culturales de difusión y concientización.

El art 1 de esta declaración señala textualmente “Declarar el deber del municipio de Rio Grande, ante la sociedad de defender el derecho universal a la vida”, que no es ni más ni menos que lo señalado por el intendente hace menos de 48 hs en un encuentro realizado en la Misión Salesiana y también en declaraciones a este medio hace una semana.

La declaración de 2012, al igual que la aprobada en marzo de este año, sobre tablas y sin debate previo a la sesión le impone al municipio la elaboración de un programa municipal que articule políticas de estado que refieran a la defensa de la vida en toda su extensión con acciones concretas debiendo para ello utilizar recursos propios y aquellos que se gestionen ante las autoridades provinciales, nacionales y/o organismos nacionales e internacionales los recursos para financiar el mismo.

El artículo 3° señala Comunicar al Departamento Ejecutivo Municipal, publicar en el Boletín Oficial municipal, cumplido. Archivar.

En síntesis la propuesta vuelve a ser la misma, es una “imposición”, pero las dos tienen el mismo detalle en común, no dan ningún fundamento sobre lo que debe hacer el municipio, mas allá de difundir o concientizar sobre la vida, la dignidad y la familia, en ese orden y de evidente origen religioso al igual que lo aprobado el 29 de marzo pasado. El ejecutivo municipal que encabeza Gustavo Melella les solicitó expresamente que le dijeran cuales eran las herramientas para llevar adelante esto, aún cuando ni siquiera está previsto en el presupuesto.

Más grave aún es que quienes impulsaron el proyecto no hayan tenido en cuenta la existencia de una norma de idénticas características, idéntico contenido hasta en la fecha conmemorativa, 25 de marzo. Salvo tres concejales que votaron en contra María Eugenia Duré, Miriam Mora (FPV) y Verónica González, (FORJA).

Cuando hablamos de fundamentos nos referimos a políticas de estado y en este caso concreto de Políticas de Salud que propendan a defender la vida en toda su extensión que es una frase que el actual intendente de Rio Grande ha repetido hasta el hartazgo, señalando que “defiendo la vida en todo sentido y no un día al año”, y también declaró en este medio que no vetó una ordenanza, ni a favor ni en contra de la vida, sino que vetó la falta de debate previo al tratamiento de la ordenanza de marras, cuando en el congreso habían expresado su opinión sobre la despenalización del aborto más de 700 especialistas de distintas áreas.

Que es la política de salud pública?, bueno parece que algunos tampoco se tomaron el trabajo de leer esto:” Salud en Todas las Políticas (STP) es un enfoque de salud pública que toma en cuenta, de manera sistemática, las implicaciones de las decisiones sobre la salud, busca sinergias, y evita impactos negativos sobre la salud, con el objetivo de mejorar la salud de la población y la equidad en salud, acentuamos el término “equidad”, es decir igualdad, es decir inclusión, es decir a todos.

Ahora solo resta esperar que se hará al respecto y que postura adoptara el cuerpo deliberativo sobre el tema despenalización del aborto que es en realidad el tema central del debate aunque algunos lo nieguen y señalen que solo se trata de algo simbólico, aun cuando han expresado públicamente su malestar por el veto del ejecutivo municipal.