El Gobierno y la CGT acordaron los trazos gruesos de la reforma laboral. El acercamiento se produjo este miércoles por la tarde en La Rural, donde la mesa chica de la central obrera dio su visto bueno a los últimos cambios en una reunión con el ministro de Trabajo, Jorge Triaca.
Los abogados de la CGT fueron una pieza clave. La razón de esto obedece a que, según advierten funcionarios del Ministerio de Trabajo, ellos fueron quienes encontraron una salida negociada al proyecto oficial que ahora el Gobierno se propone elevar al Congreso.
La cartera laboral avanzó en estos días con los técnicos sindicales en el retoque de varios puntos del texto, conformado por 145 artículos, con los que el Ejecutivo busca abaratar los costos de las empresas y dinamizar el mercado de trabajo.
Las negociaciones siempre tuvieron el guiño de la central obrera, que intentó moderar el alcance de la reforma, pese a haber manifestado la semana pasada su rechazo a «tocar» la Ley de Contrato de Trabajo.
«Hemos avanzado muchísimo y la idea es cerrar el proyecto el viernes«, reconoció el miércoles a iProfesional el jefe de Gabinete de Trabajo, Ernesto Leguizamón.
El Gobierno envió ayer una nueva versión por mail a la mesa chica de la CGT. En ella, dan de baja el artículo 4 redactado en la versión original del texto, que alteraba el concepto de «trabajo protectorio» porque establecía una relación de igualdad entre las partes.
Leguizamón lo confirmó este miércoles al participar de un seminario sobre la reforma laboral organizado por la carrera de Relaciones Laborales de la Universidad de San Andrés. Allí precisó los últimos cambios efectuados al texto que hasta el momento nunca fue presentado de manera oficial.
Se trata de pequeñas concesiones que hizo el Gobierno para mantener el respaldo tácito de la CGT.
Eso es lo que ocurrió, por ejemplo, con las indemnizaciones y la prescripción de créditos laborales, entre otros puntos (ver nueva versión de la reforma).
Los puntos que trababan un acuerdo eran la creación de nuevas figuras contractuales (el régimen autónomo y de trabajo independiente) y la limitación de la solidaridad entre empresas contratistas y subcontratistas.
En el primer caso, las modalidades de contratación quedaron afuera del proyecto, mientras que la flexibilización de la tercerización se mantendrá con un agregado: el del control por parte del empleador y la notificación al gremio.
Esos cambios eran resistidos por el moyanismo, ya que limitan el accionar del gremio de Camioneros.
La estrategia oficial pasó por «limar el filo» de los aspectos más controversiales con el objetivo de mantener sus pilares «fundamentales»; léase la reducción del costo del despido y contratación, la modificación del vínculo laboral y la limitación de los reclamos judiciales.
Ahí entraron a jugar un rol protagónico los letrados de Azopardo. «Los abogados son muy importantes, son los que entienden y los que enocntraron una solución imaginativa«, señalan en la cartera laboral.
El grupo en la central obrera que tuvo a su cargo la arquitectura de la reforma laboral está compuesto por Federico West Ocampo (Sanidad), Alberto Tomassone (Comercio), Pablo Smurra (Unión Obrera Metalúrgica), Hugo Antonio Moyano (hijo, Camioneros), Marta Pujadas (Construcción, UOCRA), Horacio Ferro (Gastronómicos) y Brenda Escobar (Panaderos).
La delegación sintetiza los tres sectores en los que se reparte la cúpula:
-El moyanismo, que amenaza con enfrentar en la calle al Gobierno.
-Los «gordos«, que representan a los grandes gremios de servicios.
-Los «independientes«, un sector que es visto desde el Gobierno como el más permeable al diálogo y cuyos abogados asumen inevitables los cambios en la legislación laboral, pese a los cuestionamientos vertidos por las asociaciones de expertos laboralistas y jueces.
Nueva versión de la reforma
Entre los puntos que el Gobierno aceptó retocar, figuran:
-Blanqueo: se precisó que no habrá límites en el reconocimiento del crédito laboral del empleado blanqueado en lo que respecta a antigüedad y vacaciones. El plazo de cinco años para atrás será solo para las jubilaciones.
Por otra parte, la multa al empleador será el 50% del salario mínimo, un monto inferior al fijado por la Ley de Empleo que actualmente es de un 25% de las remuneraciones. Asimismo, el dinero será destinado al Estado, en lugar de beneficiar al trabajador.
-Indemnizaciones: a diferencia de la versión original del proyecto, se volvieron a tener en cuenta las horas extras y las comisiones para la base de cálculo «a pedido de las empresas», según reconoció Leguizamón.
De ese modo, se incorpora el fallo Vizzoti de la Corte Suprema, que impide que la quita de la indemnización sea mayor al 33% del salario percibido. Pero se mantiene la exclusión del aguinaldo, vacaciones y beneficios (auto y celular) y el concepto no jurídico de «sueldo» que, según los laboralistas, anticipa controversia en los tribunales.
-Irrenunciabilidad: se mantiene la posibilidad prevista en el primer borrador de que el trabajador renuncie a derechos adquiridos en la ley, estatutos y convenios, pero ahora deberá ser homologado por la autoridad de aplicación con asistencia legal, replicando el modelo del Seclo, que en la actualidad sólo existe en Ciudad de Buenos Aires.
Para las autoridades, la imposibilidad de modificar el contrato es un «exceso» y su cambio es una condición para realizar el blanqueo.
-Banco de horas: uno de los puntos más debatidos es la posibilidad de que las empresas y gremios definan un mecanismo de compensación horaria, el cual consiste en que las horas trabajadas en exceso de la jornada diaria legal sean compensadas por una disminución equivalente en otros días.
Esto, siempre y cuando no exceda el período de un año a la suma de jornadas semanales previstas convencionalmente ni supere el límite de 10 horas diarias. Esto permitiría que las empresas no paguen un recargo salarial por las horas extra.
En la última versión, se deja librado a la negociación colectiva.
-Fondo de cese laboral: inspirado en la actividad de la construcción, el fondo se constituye con el aporte mensual y obligatorio del empleador, quien deposita en una cuenta bancaria la indemnización del trabajador desde el inicio de la relación laboral.
El instituto será un ente tripartito, que se prevé estará compuesto por el Estado, las empresas y los sindicatos. Y el trabajador tendrá solo acceso al fondo una vez despedido.
De ese modo, el monto final por efecto de la inflación será inferior el que correspondería a una indemnización. El Gobierno prevé que será implementado en comercio, gastronomía y el ámbito rural.
-Prescripción: Cambiemos desistió de reducir el plazo de prescripción de créditos laborales a un año, y lo mantendrá en dos, como en la actualidad.
Las autoridades concluyeron que igualmente la mayoría de los reclamos laborales transcurren en el Seclo, donde el empleador aporta una suma menor a la que definen los fallos de la Justicia, aunque reconocen que eso genera una «distorsión» ya que desfinancia la seguridad social.
-Ius Variandi: el proyecto restringe aquellos casos en que el empleado puede considerarse despedido si la empresa decide cambiarle formas y modalidades del trabajo.
En la versión original, se suprimía la acción sumarísima y sólo se preveía la posibilidad de reclamar el restablecimiento de las condiciones alteradas ante la instancia prevista por el convenio laboral. Ante la crítica gremial, el Gobierno se comprometió a «no cercenar el acceso a la Justicia«.
-Solidaridad: se trata del punto que genera mayor resistencia, ya que facilita una creciente tercerización laboral, al excluir de la solidaridad entre la actividad principal y subcontratista al transporte, la limpieza, seguridad, mantenimiento, servicios médicos, seguridad, gastronomía e informática.
La idea de los funcionarios es que el empleador principal cumpla con la obligación de controlar a la tercerizada y que ambas empresas notifiquen al gremio de la modalidad de contrato.
-Nuevas figuras: el borrador original habilitaba la modalidad del trabajador independiente con hasta cuatro «colaboradores«, y la del «trabajador autónomo económicamente dependiente«, dos figuras que quedarían por fuera de las leyes laborales.
El primer caso sería el de un albañil que toma a un aprendiz, mientras que el segundo tiene que ver con el profesional que factura un 80% a la misma empresa.
El Gobierno apuntaba de ese modo a «formalizar» empleo, pero los abogados de la central obrera los objetaron por entender que alentaban el fraude laboral. La idea ahora es crear una comisión para elaborar un proyecto de ley que regule los dos estatutos.
Prenda de cambio
En la visión oficial, los cambios «facilitan la salida y la entrada» de trabajadores al mercado laboral y permiten insertar a la economía en el mundo.
Inspirados en el modelo surcoreano, la intención es eliminar las «rigideces» y crear «oportunidades» para los jóvenes a través de modalidades de contratos flexibles (el nuevo esquema de pasantías, autónomos e independientes).
La expectativa del Gobierno era que la dirigencia de la CGT no tache los cambios como un avasallamiento de los derechos laborales, algo de lo que el triunvirato se cuidó de hacer hasta el momento.
Los Moyano, junto al bancario Sergio Palazzo, el metalúrgico Francisco «Barba» Gutiérrez y varias CGT regionales fueron los únicos por ahora que calificaron abiertamente la reforma como una «flexibilización laboral«.
«Esperemos que aquellos gobernadores, diputados y senadores que cantan marcha peronista y tienen cuadros peronistas que no voten como en los 90, dijo Pablo Moyano el martes.
Pero cerca del triunvirato adelantan lo que podría ser el nuevo libreto de la conducción para digerir los cambios: «ganamos todos«.
Una formulación menos rústica que la elaborada por el del líder metalúrgico de Tierra del Fuego, Oscar Martínez, quien definió el acuerdo por el que se congelan paritarias en las fábricas de su provincia hasta 2020 como «el chiste del preso que debe elegir entre muerte o dunga dunga«.
En el caso de la reforma, la prenda de cambio fue evitar la vía brasileña (que modificó los aportes sindicales, el modelo sindical y convenios).
A diferencia del país vecino, Triaca se comprometió a no tocar el sistema de recaudación sindical compulsivo y mantener la preeminencia de los acuerdos por actividad por sobre los individuales o por empresa. Aunque esto último se verá condicionado por la flexibilización de la irrenunciabilidad.
La otra pata del acuerdo tácito es el otorgamiento de un reforzamiento del sindicalismo tradicional. Eso es lo que ocurrirá con el fondo de cese laboral y el banco de horas, que deberán ser consensuados en el marco de las paritarias para «empoderar» los convenios.
De lo contrario, los sindicatos corren el riesgo de quedar afuera de una reforma que dan por hecha.
De igual modo, los funcionarios accedieron a quitar el artículo del proyecto que permitía dar de baja a 600 gremios «sellos de goma«.
Se trata de aquellos que estuvieron sin actividad en los últimos cinco años por no realizar elecciones, carecer de memoria y balance, o no adecuar sus estatutos.
No obstante, el Ministerio de Trabajo los incluirá en un listado de «inactivos«, adelantaron este miércoles, algo que es bien visto por la CGT.
Las mayores restricciones a los gremios sin reconocimiento pleno corren en paralelo a las versiones que trascendieron en los últimos días sobre supuestos movimientos oficiales para erosionar el poder sindical al judicial Julio Piumato y el mercantil Armando Cavalieri.
«Ganamos las elecciones, la gente no quiere mafiosos como el Pata Medina, pero no tenemos que generalizar, no todos son iguales», señaló uno de los hombres de confianza de Triaca.
Ahora las negociaciones seguirán en el Congreso.
