Esta semana se reunieron la mayoría de los gobernadores en Buenos Aires para unificar criterios respecto al futuro de la coparticipación pero, esencialmente, para reclamar a la Justicia que no acepte el reclamo de la provincia de Buenos Aires para actualizar el Fondo de Conurbano que, según aduce la gobernadora María Eugenia Vidal, está congelado hace 15 años.
En realidad hay que aceptar que el tema de la coparticipación es una deformación del anómalo sistema impositivo argentino y no se puede resolver este tema si antes no se avanza en una profunda reforma impositiva.
En principio, la coparticipación es claramente inconstitucional. La Carta Magna establece claramente que la Nación proveerá sus gastos con los impuestos de Aduana y la renta de Correo. Hoy parece un chiste, pero el gobierno nacional estuvo avanzando sobre recursos que eran propios de las provincias y estas lo fueron aceptando a cambio de que les repartan una parte de lo que la Nación recauda. Así nació la coparticipación.
Incluso, la Nación avanzó sobre tributos que eran propios de las provincias (como el IVA o impuestos internos) y duplicó tributos provinciales (como el Impuesto al Patrimonio o a la riqueza). Las provincias, por su parte, se fueron dando sus propios recursos y recurrieron a impuestos patrimoniales clásicos (automotor, inmobiliario) y sobre las actividades económicas (ingresos brutos y sellos).
Pero las provincias, a su vez, deben coparticipar con sus municipios tanto los recursos nacionales como los propios que pueden recaudar. Y los mismos municipios, que no podían cobrar impuestos, recurrían a tasas retributivas de servicios que excedieron estos objetivos y funcionan como verdaderos impuestos. Pero ahora, con la autonomía municipal reconocida en la reforma de la Constitución de 1994, los municipios podrían crear impuestos.
El problema más grave es que el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tienen una demanda muy grande del sector productivo para bajar la presión impositiva y esto afecta las pretensiones de aumentar la distribución de impuestos nacionales. La solución más idónea es bajar los gastos o al menos congelarlos en términos reales, algo a lo que los gobernadores e intendentes se resisten.
El Fondo del Conurbano
Cuando se produjo el retorno a la democracia se estableció un sistema de coparticipación en el que las provincias grandes aceptaron recibir menos recursos para que se proveyera de recursos a provincias más postergadas. Otras provincias, como Mendoza, recibieron menos cuota porque tenían otros ingresos por regalías petrolíferas.
Así se generó un sistema que no es devolutivo, es decir, no reparte en función de los ingresos que cada jurisdicción genera, no es equitativo porque no reparte en una proporción similar por habitante, sino que es solidario, pero sin obligación de rendir cuentas.
Como producto de esta forma, la provincia de Buenos Aires fue la que menos proporción recibió y durante el gobierno de Carlos Menem se comenzó a buscar una forma para compensar a esa provincia. Así se sancionó la ley 2421 el 27 de diciembre de 1995, que fue promulgada el 3 de enero de 1996, creando el Fondo de Conurbano Bonaerense.
Para este fondo se asignó un 10% de la recaudación bruta del Impuesto a las Ganancias, pero se limitó la partida asignada a Buenos Aires a 650 millones de pesos (equivalente a dólares ya que eran tiempos de Convertibilidad). El resto de los recursos que se obtuvieran se repartirían entre el resto de las provincias, salvo la Ciudad de Buenos Aires.
Pero cuando se salió de la convertibilidad y se aplicó la pesificación asimétrica, los 650 millones quedaron pesos y se mantuvieron congelados. La recaudación de ganancias fue aumentando por efecto del crecimiento de la economía y de la inflación, pero los recursos a la jurisdicción bonaerense nunca se actualizaron.
El contrasentido es que ese “remanente” se hizo mucho más grande que el recurso principal. Según un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) los bonaerenses se quedan con menos del 2% del Fondo, que será de $ 53.000 millones en 2017 y de $65.000 en 2018, según presupuesto. Citan como ejemplo que en 2016 Buenos Aires recibió del Fondo $650 millones mientras que Santa Fe recibió $4809 millones, o sea, 9 veces más.
El tira y afloje
La provincia de Buenos Aires planteó un recurso ante la Corte contra el gobierno nacional considerando “inconstitucional” el tope y reclama un resarcimiento de $300.000 millones por los recursos no recibidos entre 2011 y 2015. Como las provincias se presentaron pidiendo el rechazo de la pretensión de la gobernadora Vidal, esta ordenó presentar una medida cautelar, hasta que se resuelva el tema de fondo, pidiendo que la justicia elimine el tope o que Buenos Aires entre en el reparto en igualdad de condiciones con el resto de las provincias.
Esta es la situación que debe resolver la Corte y mientras algunos piensan que el tribunal resolvería después de las elecciones, otros creen que podría ser antes y poner un tono político complejo a la puja electoral.
La definición no es fácil. Todos quieren más recursos mientras las empresas reclaman que se bajen los gastos y se reduzcan los impuestos. El problema es tripartito porque la Nación, las provincias y Buenos Aires deberán compatibilizar posiciones. El tema fiscal es la principal debilidad de la economía argentina y su conocimiento explica la renuencia de los inversores extranjeros de radicarse en Argentina.
Las provincias se oponen y mientras algunos dicen, lisa y llanamente, que si la Corte acepta petición bonaerense, se haga cargo el gobierno nacional sin tocar la actual distribución de ese 10% del impuesto Otros pretenden que se ponga sobre la mesa la totalidad de los fondos, incluidos subsidios, que recibe Buenos Aires para equilibrar la distribución.
En realidad estamos ante uno de los temas más complejos. Todos quieren más, nadie quiere renunciar a nada y el que tiene que repartir prevé que sus ingresos van a disminuir por lo que no será nada fácil aumentarle a nadie. Nadie quiere aceptar que todos deberán resignar algo.
Estamos frente a un sistema anómalo, lleno de distorsiones porque en las cuentas deberían incluirse, además los recursos que reciben en forma directa los municipios, actor que agregó mayores distorsiones así como las asignaciones sociales. El sistema no da más y los parches ya no sirven.
Ahora es un tema de responsabilidad de la clase política Deben darse cuenta que deben facilitar al sistema productivo volcarse a invertir, crecer y crear empleo y esa será la única forma de aumentar sus ingresos en forma genuina.
Por Rodolfo Cavagnaro – especial para Los Andes
