En el caso de nuestra provincia se demoró 7 años en reconocer que el kirchnerismo jamás envió los montos correspondientes según lo indica la ley de coparticipación federal en su artículo 3 de dicha norma.
Ahora bien, esto tampoco fue reclamado jamás por el Fiscal de Estado, aduciendo que se perdería el juicio, y de pagaría más por costas que lo que hay para cobrar. Esto es falso porque desde el 2003 las provincias comenzaron a sentir el recorte es decir 11 años de coparticipación mal liquidada.
Esto obligo a la provincia primero a reconocerlo y según a tener que planificar el último año de gestión entre la presión de los gremios y el ajuste que nación ha aplicado, lo que lleva a replantearse absolutamente cualquier estrategia de reclamo salarial, porque los fondos no están, y el que diga lo contrario miente.
El presupuesto de la provincia está presentado 15 días antes de la aprobación del presupuesto nacional, precisamente para que ese presupuesto no se ajuste a la realidad, sin datos oficiales y solo con lo que publican las páginas de la AFIP o el Ministerio de Economía.
Los funcionarios de la provincia se basan en la Ley de Coparticipación que dice que el 0,70 % de la coparticipación nacional le corresponde a Tierra del Fuego, menos los impuestos no coparticipables, pero esos fondos jamás llegan, ni han llegado en los últimos 10 años, quien diga lo contrario miente, nunca hubo record de coparticipación, ni nada parecido, pero claro quién va a reclamar dinero para el resto cuando su sueldo es de 130.000 pesos y me refiero al fiscal de estado a quien además hay que pagarle la privada OSDE obviamente ningún reclamo y excusas para no hacerlo.
Pero para el ciudadano común este no es el problema, ni está cerca de serlo, la mayoría ni siquiera sabe quién es Virgilio Martínez de Sucre, un personaje capaz de sacarte dinero de tu cuenta personal para cobrarse honorarios o dedicarle un programa en la televisión estatal a un trabajador de los medios por no serle funcional a su más absoluta inoperancia.
El debió reclamar como lo hicieron los fiscales de estado de Entre Rios y Córdoba y cobrar lo que a la provincia le corresponde, pero jamás lo hizo, sencillamente porque no le importa, esto genero entre otras cosas tarifarias, endeudamiento provincial, déficit económico, falta de servicios básicos como salud, educación, seguridad, y obras públicas, y provocó además que lo que es una obligación del estado nacional pasara a ser una AYUDA, una sinrazón fueguina, que nos llevó a tener que agradecer esa ayuda como si fuera mana caída del cielo cuando en realidad se trata de los fondos de todos los fueguinos, fondos de impuestos que pagamos nosotros y el resto del país.
Pero claro, los estados provinciales que no son funcionales al gobierno nacional o se alinean con el desaforado centralismo K terminan como nosotros, con tremendos problemas sociales, como los ya descriptos en el sector público, pero que además arrastran al sector privado, primero porque pagamos impuestos que no vuelven en servicios y segundo por otra mentira nacionalizada que es que no hay pérdida de empleo, o que lo de las electrónicas es estacional. La realidad es que la fuga de divisas, el cepo al dólar y las retenciones dejaron a la industria sin insumos, y esta también es una política nacional.
Pero si alguien que cobra 60 mil pesos por mes, sea del sector que sea debe decir esto, puede que deje de cobrarlos y entonces los trabajadores siguen escuchando mentiras, ven la despreocupación que los sumerge en la incertidumbre, pero la verdad sigue siendo una sola, hay sueldos en la administración pública de 8.600 pesos, que con algunos ítems más lo llevan a 11.000,pero la canasta básica en esta provincia es de 16.000 pesos, no habrá entonces ni bono de fin de año, ni aumento salarial por una sencilla razón, no hay fondos, los que llegan son pocos, tenemos una inflación 40%, una devaluación del peso de casi el 30 % , por lo que cada 100 pesos, en realidad tenemos 70 y los gremios creen aun, que yendo a prender fuego la Casa de Gobierno el dinero va aparecer, pueden hacerlo pero la plata no va aparecer porque Nación no envía la coparticipación que corresponde.
Las tres consultoras que colaboran con este portal, Economía y Regiones, Ecolatina, sostienen que hoy nación retiene el 75 % de lo que les corresponde a las provincias, es decir las ha ahogado económicamente de manera tal que sus gobernadores, intendentes y legisladores deban tener el brazo enyesado para votarles todo lo que proponen, así salió la nueva Ley de Hidrocarburos, las reforma a los códigos civil y un montón de normas que planean un futuro irreversible en muchos aspectos para esta provincia en particular y para el resto en general.
La mayoría de la sociedad ignora esto porque nadie se lo dice, pero la mayoría de la sociedad sabe que el dinero cada vez alcanza menos y que hoy está comprando alimentos con tarjeta en tres cuotas y el 75 % de la administración pública está endeudada de aquí a dos años.
El nuevo escenario hace necesario un replanteo del reclamo y contar argumentos fundamentados solamente en las leyes vigentes, Tierra del Fuego debe recibir lo que le corresponde tanto por regalías como por coparticipación, ni más ni menos, porque de no ser así, por mucho reclamo, paro, o piquete que se haga esos fondos no van a aparecer.
La pregunta es, si Córdoba y Entre Rios pudieron cobrar mediante un recurso ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es lo que nosotros estamos esperando?, el estallido social, la cesación de pagos, que?.
Finalmente y como dato ilustrativo, los números que no mienten, en el mes de octubre la recaudación nacional por todo concepto fue de 104.606.000.000 de pesos, un 40 % más que en septiembre, si de ese monto, la provincia recibiera, no el 0,70, sino 0,60 %, debieron haber ingresado a unos 1.040 millones de pesos, pero no se llegó ni al 50 % de ese monto, de haber sido así, nada de todo esto estaría en discusión.
El resto lo dejo para que cada uno de ustedes analice que hacer de aquí en más, que futuro queremos y a quien se debería denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Armando Cabral.
