El cobismo apura a paso firme el dictamen de dos proyectos de ley -uno en Diputados y otro en el Senado- que crean un nuevo sistema de promoción industrial que incluye a todas las regiones del país y a todas las provincias.
En la Cámara alta, la senadora mendocina Laura Montero -presidenta de la Comisión de Economía- negocia por estas horas con el Peronismo Federal (concretamente con el sanjuanino Roberto Basualdo y el puntano Adolfo Rodríguez Saá) el aval para su proyecto que también lleva las firmas de Ernesto Sanz y Gerardo Morales, las dos espadas más importantes de la UCR. Además, busca sumar ideas surgidas del kirchnerismo, asimilando criterios de un proyecto anterior presentado por el sanjuanino César Gioja.
En Diputados, el también mendocino Ricardo Mansur está terminando de consensuar con gran parte de los 30 diputados de la comisión de Economías Regionales -que él comanda- un proyecto de ley para crear un Fondo Federal de Desarrollo Nacional. Hasta ahora, hay varios kirchneristas de provincias vecinas haciendo aportes y la semana que viene (o la siguiente) podría salir el dictamen de consenso.
La idea de Mansur es que también el Ejecutivo nacional dé su opinión y, con el guiño del presidente de la Cámara de Diputados, el kirchnerista Eduardo Fellner, busca una reunión con la ministra de Industria, Débora Giorgi.
Los dos proyectos no avanzan explícitamente en la derogación de la ley de promoción industrial o el decreto 699/2010 por el cual la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió prorrogar el sistema de beneficios fiscales para La Rioja, Catamarca, San Juan y San Luis hasta 2027 y que, según anunció el gobierno de Celso Jaque, también alcanzará a siete departamentos de Mendoza.
La idea de los legisladores cobistas es que el régimen actual conviva con el que ellos están proponiendo y que -entienden- será más beneficioso, por lo cual la promoción industrial tal cual se la conoce hoy irá perdiendo sentido.
En primer lugar, porque todas las regiones recibirán incentivos y, en segundo lugar, porque los nuevos emprendimientos tendrán más beneficios -subsidios- que lo que estableció el Gobierno nacional para el nuevo ciclo de promoción en el decreto 699/10.
Hay, sin embargo, diferencias y similitudes entre lo que redactó Montero y lo que Mansur consensúa por estas horas con el arco opositor y algunos kirchneristas.
El proyecto de la senadora mendocina establece que el cupo fiscal total anual por el cual el Estado otorgará beneficios a las fábricas de todo el país no podrá superar el 2% de la recaudación impositiva. Esto equivaldría a unos 8 mil millones de pesos, una cifra muy superior a los 660 millones que el Ministerio de Economía presupuestó para 2011. El proyecto de Mansur y compañía podría establecer el límite presupuestario en 1,5% de la recaudación total.
En cuanto a los beneficios que los proyectos proponen, hay muchas coincidencias. Ambos apuntan a la incorporación de mano de obra y al sostenimiento del empleo.
Para ello Montero, Sanz y Morales plantean dar, a los empresarios que se acojan al régimen, un cupo fiscal por hasta el 200% de las contribuciones patronales sobre la nómina salarial de los puestos de trabajo generados por el emprendimiento. Así, los empresarios pagan los sueldos de los empleados y el Gobierno les devuelve hasta el 200% de los aportes patronales a través de un crédito que utilizan para pagar los tributos nacionales.
Un segundo beneficio es la posibilidad de recibir un subsidio a la inversión ya que, una vez realizada, los empresarios podrán recuperar hasta un 50% de lo invertido mediante un bono canjeable por una única vez.
Los dos proyectos del cobismo plantean además la posibilidad de una amortización acelerada de los bienes de capital, de manera que se paga menos impuesto a las Ganancias al principio del proyecto y se lleva la carga al final.
Pero el proyecto que Mansur mueve en Diputados propone ahorrarse los aportes patronales por cinco años (los pagaría el Estado) y un subsidio a la inversión inicial que debe representar no más del 60% del costo total del proyecto, ya que al menos el 40% del costo total debe ser la nómina salarial.
Según la senadora Montero, si se aplica su proyecto, a Mendoza le correspondería una tajada de 200 millones de pesos, mucho más de lo que le llegará el año que viene cuando se aplique el Presupuesto 2011 en el que está contemplado el decreto 699 (con el ampliatorio que incluye a Mendoza) y otros que alcanzan a la Patagonia y que en total fija 660 millones de pesos.
La intención del cobismo es que en las próximas semanas las dos cámaras saquen dictámenes pero recién el año que viene bajar los proyectos al recinto. Aunque sería el próximo gobierno el que debería instrumentar la nueva promoción, en el cobismo creen que, de ser sancionado por el actual Congreso, la presidenta Cristina Fernández podría vetarlo por venir, justamente, de las filas de Cobos.
Mario Fiore – Corresponsalía Buenos Aires
Fuente:Diario Los Andes de Mendoza.
