Longhi y Montero calificaron de tardía y oportunista la medida del ejecutivo

El concejal Gustavo Longhi aseguró que «la tozudez y los caprichos del Intendente generan serios inconvenientes laborales para los trabajadores municipales además de una erogación absurda de fondos que debemos afrontar todos los ciudadanos».

El concejal definió de esta manera el proceso a través del cual el Municipio incumplió la ordenanza sancionada en el año 2006 que tenía como objetivo el llamado a concurso de coordinaciones y jefaturas en el Vivero y en el Cementerio de Río Grande. «El Intendente no sólo incumplió la norma sino que judicializó el tema, llegando hasta la Corte Suprema que dijo que la norma era legal. Ahora, tras un nuevo pedido de juicio político ingresado en el Concejo Deliberante, el intendente firma el decreto convocando a una comisión paritaria para concursar esos cargos. Luego de tres años, salir corriendo a firmar este decreto tiene la sola intención de dejar sin efecto el juicio político presentado por un vecino de la ciudad. La actitud del Intendente es oportunista, además de tardía porque toda esta demora en el cumplimiento de la norma trajo consecuencias directas para los trabajadores que fueron desplazados de sus lugares de trabajo, viendo modificados sus salarios. Tampoco hay que olvidar el despilfarro económico que significa litigar ante la Corte Suprema un tema como este, algo realmente absurdo.»

Longhi recordó que “por la arbitrariedad del Intendente, se produjeron situaciones violentas con trabajadores lesionados seriamente, cuando lo más sensato debería ser cumplir las normas en tiempo y forma, respetar las instituciones y no actuar con caprichos». Por su parte, la Concejal Montero también criticó la medida adoptada por el ejecutivo, y manifestó que “esta costumbre de llevar cuestiones de resolución política a la justicia es el camino que eligió este intendente para no hacerse responsable de lo que le toca. La Carta Orgánica es clara cuando dice que los cargos municipales se concursan. Argumentar cuestiones reglamentarias es solamente una excusa para no hacerlo. Si cada ordenanza que a este intendente no le gusta va a terminar en la Corte Suprema, me parece que estamos en serios problemas. Es realmente insensato que deba entrar un pedido de Juicio Político para que Martín se decida a cumplir la ley. Al menos queda algo positivo de todo esto y es que el concurso se va a realizar, aunque se podrían haber evitado todas estas idas y vueltas que solo demoraron la medida y trajeron consecuencias nefastas para los trabajadores de esos sectores.”

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