Mediante la presentación judicial que también firmó el legislador del ARI Manuel Raimbault, la suspendida tesorera Andrea Notoria elevó una denuncia penal contra el mandatario, desnudando lo que amenaza con transformarse en un escandaloso caso de corrupción. Justamente había sido suspendida por negarse a rubricar la liberación de los pagos.
La denuncia de la funcionaria, tomada por los fiscales Daniel Curtale y Guillermo Massimi, y por la cual de inmediato se labró una causa penal en la que interviene el juez Javier De Gamas Soler, derivó en un allanamiento que se llevó a cabo hoy en el Ministerio de Economía. El magistrado ordenó que se secuestre documentación vinculada con libramientos y ejecuciones contables relacionadas a la denuncia de Ontoria.
El diputado adelantó que el gobierno electo del ARI se constituirá como querellante en las causas de corrupción y solicitará «todas las medidas para que los funcionarios culpables del vaciamiento paguen con su patrimonio o con su libertad el daño que han causado».
La funcionaria suspendida reveló que los pagos por 41 millones de pesos se hicieron igual sin su firma y advirtió que la provincia está «quebrada». Ontoria reveló, según la prensa local, que al parecer en el Tesoro provincial «quedan sólo cuatro millones de pesos cuando se necesitan 54 millones para el pago de sueldos de noviembre» y la Nación dejó de enviar fondos de la coparticipación porque empezó a descontar adelantos gestionados en los últimos meses.
La tesorera declaró en Tribunales durante seis horas y precisó que la administración de Cóccaro tomó sin su consentimiento todo tipo de recursos que tiene vedados por ley.
Entre los recursos a los que según la tesorera apeló el gobierno figuran al parecer fondos destinados al funcionamiento de hospitales regionales, el programa Crece que fomenta los pequeños emprendimientos y hasta dinero de la recaudación de las multas por inspecciones que realiza la subsecretaría de Trabajo.
El secretario de Hacienda, Carlos Seoane, confirmó el allanamiento que se realizó esta mediodía y dijo que «es habitual» la utilización de fondos específicos «para el pago de salarios» que están depositados en una cuenta unificada «como lo establece la ley».
Sin embargo, Raimbault sostuvo que el libramiento de pagos sin la firma de la tesorera «viola el ordenamiento constitucional y vigente» y observó que «un delito no tapa el anterior».
«Si lo que dice el secretario de Hacienda es cierto, entonces el delito es sistemático en el gobierno y habría que evaluar la posibilidad de una asociación ilícita», razonó el parlamentario.
Además, consideró que «Cóccaro está vaciando las arcas del Estado para generar un escenario de caos y disimular la huída delincuencial».
Por su parte, la gobernadora electa Fabiana Ríos radicó hoy en Fiscalía de Estado una denuncia para que se investigue la legitimidad del llamado a licitación que realizó Cóccaro para concesionar áreas petroleras antes de la finalización de su mandato.
Fuente:lapoliticaonline.com
