Toda verdad es relativa y en materia de equidad de género aun más, porque la cultura y los mandatos actúan como condicionantes.
Empero, los indicadores permiten estimar que en esta materia la Argentina ya ha alcanzado gran parte de las Metas del Milenio fijadas para el 2015 por Naciones Unidas, aunque falte avanzar -y mucho- en la lucha contra la violencia, en la libertad de ejercer en plenitud el derecho a elegir ser madre o no y en qué momento, y en la eliminación de la discriminación laboral y económica.
La buena noticia es que parte de lo pendiente se conjuga hoy como política de Estado para lograr su mayor participación en la economía y los niveles decisorios; reducir la brecha salarial; y modificar los estereotipos que instalaron la violencia de género.
En junio próximo el país será sede de la Reunión de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, lo que permite inferir que el problema no se desatiende.
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Los principales indicadores del progreso de la mujer en la Argentina se dan en la educación: su participación en la enseñanza básica viene alcanzando desde 2000 cifras superiores a la de los varones, con valores de razón de la femineidad superiores a 100.
En el nivel terciario y universitario su matrícula también supera a la masculina; sin embargo, su ubicación en cargos directivos de enseñanza es baja: en 2005 había 6 mujeres al frente de rectorados públicos sobre un total de 38 y sólo una en 41 universidades privadas. El broche de oro fue la recién asumida primera rectora mujer de la Universidad Nacional de Córdoba.
Pero en salud, los avances son gigantescos: existe una Ley de Salud Reproductiva y Procreación Responsable, otra flamante Ley de Educación Sexual, y un proyecto -con media sanción- modificatorio del Código Penal para incluir el delito de acoso sexual. Hospitales públicos proveen gratuitamente preservativos, píldoras anticonceptivas, dispositivos intrauterinos y también la «píldora del día después», algo impensable hace 10 años.
También en la participación económica, la tasa de actividad femenina experimentó un ascenso sostenido en la última década: pasó del 37,3% en los 90 al 49,2% en 2004 y sigue en ascenso.
Pero su rédito sigue siendo inferior al del hombre debido al tipo de actividad: en 2004, ocupó el 93% de los puestos de servicio doméstico, el 77% en educación, el 70% en servicios sociales y apenas un 30% en manufacturas y servicios financieros.
Sin embargo, también ese año las mujeres ejercieron el 40% de los cargos públicos nacionales de dirección, con igual sueldo que el hombre. En 2005, sobre un total de 24.000 cargos, el 49% eran mujeres; y de los 908 puestos ejecutivos, ocuparon el 36%.
Respecto a su participación en cargos electivos, en 2005 el 35,3% de las bancas legislativas nacionales estuvo a cargo de mujeres; y en 2004 presidieron 13 comisiones en la Cámara de Diputados y 12 en la de Senadores, frente a 9 y 3, en 2000. En el interior ocuparon el 21,1% de las bancas en el 2000 y el 26,6% en 2004, pero en diez distritos superaron el 30%. En 2003, cuatro mujeres fueron electas como vicegobernadoras; en 2004, por primera vez, dos mujeres asumieron en la Corte Suprema de Justicia; y desde 2005, hay tres ministras nacionales.
En el interior hay actualmente un 21,4% de juezas en tribunales superiores; el porcentaje se eleva al 50 en Santa Cruz y Córdoba, y al 40 en ciudad de Buenos Aires.
Como corolario, cabe recordar que la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) tiene rango constitucional desde 1994; y que su Protocolo Facultativo fue aprobado por el Parlamento.
Sin duda, hay un nuevo espejo donde la mujer argentina ha comenzado a mirarse con mejor suerte que antaño. Hacerlo más amplio y luminoso no depende ya, por fortuna, de lograr el permiso para conducir un auto. Pero sí, de no cejar en la lucha cotidiana por reconocerse y hacerse valorar como persona, tal y como lo ha hecho el hombre en los últimos cinco milenios.
