El ministro del Interior, Aníbal Fernández, anunció esta tarde la regulación del servicio de telefonía pública dentro del sistema carcelario como una medida para evitar la proliferación de secuestros extorsivos con llamadas hechas por internos.
Fernández anunció que el Presidente firmó esta tarde un decreto que propone la regulación de este sistema.
Fernández explicó que se trata de una normativa que registrará los llamados provenientes de un servicio carcelario, para, en caso de un secuestro virtual «quede registrado de donde procedió, quien lo hizo y así sancionar al resposable».
Entre las acciones, se establecerá que no haya impedimentos telefónicos para ver el numero; que haya tonos característicos que indican la procedencia; que haya un audio que adverite al receptor la procedencia de la llamada.
Según Fernández, la idea es «garantizar que todas las llamadas pasan por un filtro para, en caso de un posible secuestro virtual, quede registrado de donde procedió y sancionar al responsable»
La medida se suma a la reglamentada en Buenos Aires, que determinó la instalación de cámaras de seguridad en los teléfonos de las unidades carcelarias bonaerenses para identificar a los reclusos que intenten cometer denominados secuestros virtuales.
