* Anteayer, seis personas murieron en un incendio en un comercio clandestino
* Se investigará si hubo coimas a la policía
* El control que nadie parecía llevar adelante
El incendio que anteayer terminó con la vida de seis personas de origen boliviano y que dejó al descubierto un taller en donde vivían como esclavos decenas de indocumentados derivó en denuncias de pago de coimas, críticas desde los ámbitos público y privado, el desplazamiento de un funcionario porteño y una batería de anuncios que a partir del lunes pretenderán combatir el trabajo ilegal en el distrito.
Ayer, mientras se apuntalaba el edificio de dos plantas de Luis Viale 1269, en Caballito, donde sucedió la tragedia, el ministro de Producción porteño, Enrique Rodríguez, intervino la Dirección de Protección del Trabajo y se comprometió a que, dentro de tres meses, la explotación laboral muestre las primeras soluciones, pues de lo contrario -dijo-, se volvería a su casa. Por la mañana, además, se aceptó la renuncia de Florencio Varela, el funcionario que se desempeñaba al frente de esa área.
Casi al mismo tiempo, el jefe de gobierno, Jorge Telerman, se reunía con su ministros de Gobierno, Diego Gorgal; de Derechos Sociales y Humanos, Gabriela Cerruti; con la secretaria de Trabajo de la Nación, Noemí Rial; con el jefe de la Policía Federal, Néstor Valleca, y con el director nacional de Migraciones, Ricardo Rodríguez, para diseñar un plan conjunto para combatir el tráfico de personas y el empleo ilegal.
Poco antes, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, había instruido a Valleca para que radicara una denuncia penal por el presunto cohecho que habría permitido el funcionamiento irregular del taller. Según pudo saber LA NACION, Asuntos Internos de la Federal instruye una investigación sobre las comisarías 13a. y 40a.
Es que la tragedia, que provocó la muerte de cuatro menores y de un hombre y una mujer, todos de nacionalidad boliviana, provocó un cimbronazo tanto en el gobierno porteño como en el nacional. Prueba de ello es el acuerdo que con urgencia se firmó ayer para pasar el poder de policía laboral a la Ciudad desde el lunes próximo. El gobierno porteño cuenta con 52 inspectores en el área de trabajo.
Un convenio previo había sido firmado en 2001 entre Patricia Bullrich, por entonces ministra de Trabajo, y el hoy destituifo jefe de gobierno, Aníbal Ibarra. En esa oportunidad, se pasó a la ciudad el control laboral en el distrito, pero quedó en manos del gobierno nacional el denominado «trabajo a domicilio». Es decir, aquel que incluye los talleres de bordado, como el que se acaba de incendiar.
Fuentes oficiosas del Ministerio de Trabajo dijeron a LA NACION que no tenían registrado el lugar donde ocurrió la tragedia como establecimiento ni como fábrica, sino como «dador de trabajo sin empleados a su cargo»; en el mismo sentido, explicaron que la Ciudad de Buenos Aires debería haberlo controlado en el ámbito de la Seguridad e Higiene del Trabajo.
Así también lo entiende Rodríguez, que dijo que se realizará una minuciosa investigación para determinar las responsabilidades. Ayer, según detalló el funcionario, se clausuró otro local que sería del mismo dueño.
Según adelantó el funcionario, pondrán en marcha la convocatoria y formación de un cuerpo de 20 nuevos inspectores que tendrán la misión de realizar un trabajo preventivo para hacer un rastrillaje de estos talleres clandestinos en la Ciudad que, según denuncias de organizaciones sociales, superan los 400.
Además, mañana se lanzará una campaña oficial de lucha contra el trabajo en negro en la Capital que tendrá a disposición una línea telefónica -el 0800-9992727- para que los vecinos puedan hacer denuncias sobre este tipo de ilícitos.
«Hay que terminar con las redes mafiosas que reclutan gente desesperada, que no tienen la más mínima consideración con los niños. Realizaremos un combate frontal contra estas mafias hasta su eliminación total», dijo Telerman, que antes de desempeñarse como jefe de gobierno, ocupó las secretarías de Desarrollo Social y de Cultura en la ciudad.
«Esto no daña mi imagen, esto revuelve las tripas», dijo el jefe de gobierno, al tiempo que agregó que no tenían denuncias de vecinos sobre el funcionamiento del local incendiado, que fue habilitado en 2001. El funcionario también mantuvo un diálogo con el canciller, Jorge Taiana, con quien coincidió en que es necesario un refuerzo en los controles migratorios.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo porteña recordó ayer que su titular, Alicia Pierini, se había presentado ante la justicia federal en octubre pasado para denunciar penalmente la existencia de talleres clandestinos de costura que somete a familias enteras de inmigrantes bolivianos a condiciones de trabajo infrahumanas.
Y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentará una denuncia pasado mañana para que se investigue la existencia de una asociación ilícita que haría ingresar ilegítimamente al país a ciudadanos bolivianos para reducirlos a servidumbre. La Legislatura porteña también se hizo eco de la tragedia. Mientras que Rubén Devoto, del interbloque de izquierda, pedirá la interpelación de Gorgal y de Enrique Rodríguez; los diputados Jorge Enríquez (Juntos por Buenos Aires) y Alejandro Ravinovich solicitaron informes al Poder Ejecutivo local por el incendio.
Por su parte, voceros de la industria textil, agrupados en la asociación Pro Tejer, repudiaron el hecho y aclararon: «Se trataba de un establecimiento irregular que nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos por una industria textil», expresaron mediante un comunicado.
Por Laura Rocha
De la Redacción de LA NACION
Empleo y legalidad
Constitución Nacional
* En su artículo 16 establece la igualdad ante la ley de todos los habitantes. En el 20, otorga a los extranjeros los mismos derechos que a los nacionales.
Código Penal
* El artículo 140 establece que será reprimido con reclusión o prisión de tres a 15 años el que redujere a una persona a servidumbre.
Ley nacional de migraciones
* Los artículos 116 y 117 se refieren al tráfico de personas. Reprimen con prisión o reclusión de uno a seis años a quien realizare, promoviere o facilitare el tráfico ilegal de personas, así como la permanencia. Las penas se agravan de tres a diez años cuando haya un funcionario público involucrado.
Derechos del Niño
* La Convención de los Derechos del Niño obliga a los gobiernos a proteger a los niños de «la explotación económica y de realizar ningún trabajo que pueda ser peligroso o interferir en la educación del niño, o que sea peligroso para su salud física, mental o espiritual».
El cónsul pide una solución
Mientras intenta resolver la incierta situación de los trabajadores del taller incendiado y de los familiares de las seis víctimas de la tragedia de anteayer en Caballito, el cónsul de Bolivia en la Argentina, Alvaro González Quint, espera una solución de parte del Gobierno para que termine la situación de explotación laboral en talleres clandestinos.
«Hay situaciones que no se debieron haber permitido desde hace mucho. No sé cuál es la norma argentina que permite que un lugar pueda servir de fábrica y vivienda al mismo tiempo», dijo a LA NACION. El cónsul, que asegura conocer el problema desde que comenzó su gestión, hace dos años, también analiza la responsabilidad de su gobierno.
«Debemos alertar a nuestras autoridades para que prevengan a la gente sobre dónde se los trae a trabajar», dijo.
