Temen cierres y despidos en la industria frigorífica

El Consorcio de Exportadores advirtió que corre riesgo el empleo de 10.000 trabajadores La industria frigorífica exportadora entró ayer en pánico luego de que el presidente de la Nación, Néstor Kirchner, decidiera en forma abrupta y sorpresiva suspender las exportaciones de carne por 180 días con el objetivo de frenar los aumentos de precios de este producto, que tiene una fuerte incidencia en el costo de vida.

El Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas, que agrupa al 80 por ciento de las industrias del sector, teme que a partir de hoy comiencen los cierres sucesivos de plantas y los despidos masivos de trabajadores. «Con esta suspensión, la exportación de carnes es inviable, y con el paso de los días las plantas van a empezar a cerrar», dijo ayer a LA NACION el presidente del Consorcio y del frigorífico Swift -el más grande del país-, Carlos Oliva Funes. «Es muy difícil entender cómo un gobierno puede no permitirle a un sector exportar, con todo lo que eso representa para el empleo y la imagen del país en el exterior», señaló Oliva Funes, luego de mantener una reunión con los representantes de casi 20 empresas frigoríficas exportadoras.

Según el Consorcio, la suspensión de los embarques de carne impactará directamente en el empleo de unos 10.000 trabajadores, sobre todo en el Gran Buenos Aires y en Rosario.

«Estamos acercando algunas propuestas a Economía, que contemplan las necesidades tanto del Gobierno, en cuanto a bajar los precios de la carne, como de la industria, para seguir exportando. Analizamos mecanismos de autorregulación de las ventas como alternativa a la prohibición», señaló Oliva Funes, y advirtió: «El temor a los cierres de plantas no es una reacción contra el Gobierno; es la pura realidad, porque en estas condiciones las empresas tendrán que adelantar las vacaciones de sus empleados, y si la norma sale así mucha gente se va a quedar en la calle.»

En medio de una fuerte incertidumbre, la medida anunciada anteanoche por la ministra de Economía, Felisa Miceli, y el secretario de Agricultura, Miguel Campos, hasta ayer no había entrado en vigor. De hecho, en Economía deslizaron que la norma podría sufrir modificaciones de acuerdo con la oferta de autorregulación que realicen las empresas exportadoras.

Problemas en el Mercosur

Por la tarde, habían surgido algunas versiones acerca de que funcionarios del área económica no estaban muy de acuerdo con la suspensión y que buscaban líneas de acción para atemperar el efecto en el comercio externo de carnes y el complejo industrial. «Lo único que tenemos firme es la decisión del Presidente», dijo ayer, no obstante, una alta fuente del Ministerio de Economía. Al cierre de esta edición, la norma transitaba por los pasillos de la Secretaría Legal y Técnica del Palacio de Hacienda, aunque ningún funcionario pudo asegurar que fuera a publicarse hoy en el Boletín Oficial.

La prohibición del comercio de carne colisiona, por ejemplo, con los convenios suscriptos por la Argentina con los países del Mercosur, con lo cual ayer, en Economía, exploraban un instrumento legal para evitar una lluvia de amparos en caso de que la norma se publique como ordenó Kirchner el miércoles.

Hasta el presidente de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, Agustín Rossi, sugirió ayer que la medida podría flexibilizarse en caso de que el sector elevara una propuesta que sirviera para contener los precios. Rossi proviene de Santa Fe, donde se concentra la mayor cantidad de empresas exportadoras de carne.

Precisamente ayer los representantes del Sindicato de la Carne de esa provincia viajaron para reunirse con los empresarios en Buenos Aires. Según trascendió, unos 600 empleados del frigorífico Finexcor, 50 kilómetros al norte de Santa Fe, quedarían suspendidos a partir de la semana próxima. En tanto, Friar, con plantas en Reconquista, Carcarañá y Santa Fe, tomaría la misma disposición con 250 trabajadores, y Mattievich (en Villa Gobernador Gálvez) analiza la cesantía de otro centenar de obreros.

El temor de los industriales de la carne se sumó al rechazo generalizado de las entidades del sector agropecuario contra la medida, que implica frenar ventas al exterior que el año pasado alcanzaron un total de 770.000 toneladas, valuadas en unos US$ 1390 millones. La Argentina, el país de los bifes, se transformó en un año en el tercer exportador mundial de carnes con más de 60 mercados abiertos. Ahora ese logro ingresó en un paréntesis, que podría durar 180 días, como consecuencia de la suba de precios en el mercado interno y la drástica reacción del Gobierno.

«Entendemos la preocupación de contener los precios y, por eso, proponemos una autorregulación, pero es necesario que se piense en un plan de medidas para el futuro del sector», consideró Oliva Funes.

La suspensión de las exportaciones cortaría de raíz el fenómeno de las nuevas inversiones externas, casi histórico, que había comenzado el año pasado en el sector frigorífico. Empresas como Cargill y la brasileña Friboi adquirieron firmas argentinas por montos millonarios. Oliva Funes cerró el año pasado la venta de Swift a Friboi por unos 200 millones de dólares.

Según cálculos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la suspensión de las exportaciones por seis meses implicará pérdidas por 585 millones de dólares. «A esto hay que sumarle la destrucción de la imagen de nuestro país como un productor y exportador previsible y confiable con un daño incalculable», sostuvo la SRA.

En la batalla contra la inflación, el Gobierno hasta ahora utilizó a la industria exportadora de carnes como variable de ajuste a pesar de que sólo influye sobre el 20% de la producción total de carnes. En rigor, según analistas del sector, las causas de los aumentos responden a una demanda interna que no afloja por el mayor poder adquisitivo de la población y las limitaciones en el peso de faena de la hacienda (280 kilos) dispuesta por el Gobierno, que implicaron el retiro de unas 120.000 cabezas de ganado del mercado.

«Medidas como las adoptadas ayer son de corto plazo y no resuelven el problema de fondo, que es la escasez de ganado vacuno», señaló la SRA en un comunicado en el que también reclamó incentivos a la producción.

En tanto, algunas entidades del agro amenazaron ayer con presentar medidas judiciales contra la prohibición a las exportaciones. «Estamos esperando la resolución y analizando cuál es su alcance para la presentación de un amparo que podría ser colectivo», manifestó el presidente de la Sociedad Rural de Nueve de Julio, Alberto Gallo Llorente.

Por Franco Varise
De la Redacción de LA NACION

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