Esta última pregunta no tiene una respuesta racional. No era su caso el de Raúl Alfonsín en los años 80 cuando impulsó la reforma laboral, que fue rechazada por el Senado y que significó el principio de su posterior debilidad política. Estaba claro en aquellos años que el presidente radical necesitaba esa reforma para disciplinar a los gremios peronistas, que éstos estaban dispuestos a complicarle la vida y el poder, como finalmente lo hicieron.
Kirchner colocó la reforma del Consejo en el mismo grado de tensión política que el proyecto de ley laboral de Alfonsín. Pero las explicaciones de Kirchner no aparecen a primera vista, salvo el hecho simple de que la autora del proyecto es su propia esposa, la senadora Cristina Kirchner.
Debe concluirse, entonces, que se trata, sobre todo, de una vocación hegemónica, que ya cooptó al Parlamento y que podría condicionar la independencia del Poder Judicial.
El Presidente ha decidido, además, borrar su propia historia. Fue él quien remodeló la Corte Suprema de Justicia en nombre de una necesaria reconstrucción institucional. Dicen quienes lo escuchan que no está conforme con los jueces que nombró en la Corte (con más capacidad intelectual y con mayor prestigio moral que los que se fueron) porque han mostrado mucha más independencia de la que él esperaba. «Sobreactúan la independencia y le hacen daño al gobierno», deslizó un importante colaborador presidencial.
Sea como fuere, la reforma del Consejo de la Magistratura sepultó aquella renovación de jueces en la Corte Suprema y reinstalará la antigua y masiva impresión social de una justicia muy cercana al oficialismo.
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Desde ya, el Consejo de la Magistratura no es un dogma y, por lo tanto, no es intocable. Pero es una cuestión constitucional y requiere, como tal, un mínimo consenso político entre oficialismo y oposición para encarar cualquier reforma. ¿Hegemonía política? No sólo política, en todo caso; se percibe también una vocación por la hegemonía de las ideas. Sólo las ideas del núcleo duro del gobierno merecen ser tenidas en cuenta. El oficialismo se opuso, tenazmente, a retocar el proyecto original.
El poder político se ha reservado el derecho a veto para los dos asuntos clave del Consejo de la Magistratura: la elección y destitución de jueces. El conflicto consiste, al fin y al cabo, en que se ha creado un clima en el que sólo la subordinación de los jueces a la política los alejaría de un eventual juicio político o los acercaría a los nombramientos y a los ascensos.
Una interpretación constitucional podría llevar esta reforma a la propia Corte. La Constitución habla de «equilibrio» en la representación política en el Consejo de la Magistratura. El equilibrio se ha roto y los partidos con menos presencia parlamentaria (que tienen representación en el Consejo actual) ya no integrarán ese cuerpo. Sólo la Corte Suprema de Justicia puede señalar si un acto de gobierno de esta naturaleza es constitucional o inconstitucional.
Importantes sectores del peronismo manifestaron previamente su rechazo a las ideas de Kirchner sobre el Consejo de la Magistratura. El Presidente usó el verano para ir cooptándolos, uno por uno, a golpe de coparticipación, de subsidios y de obras públicas. El teorema de Kirchner se ha cumplido una vez más: sólo con dinero en la caja, deduce sin decirlo nunca, se controla el poder y se disciplina la política.
No dudó en levantarle la excomunión a todo duhaldista que le prometiera su voto a favor de la reforma, sólo tres meses después de que se enfrentara con el duhaldismo en nombre de una necesaria renovación de la política. Bienvenida entonces la vieja política, que tanto denostó durante la campaña electoral.
En ese tren de vida, se besó ante los fotógrafos con el otrora ultraduhaldista Alfredo Atanasof y se abrazó en público con José María Díaz Bancalari, que había sido el hombre de mayor confianza política de Eduardo Duhalde. Sólo un puñado casi imperceptible de duhaldistas se mantuvo en sus trece hasta último momento.
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La reforma del Consejo de la Magistratura se inscribe en otros actos que marcan el retroceso institucional de la Argentina. Uno de ellos, que sucedió para peor en las mismas horas, fue la designación del ex piquetero Luis D´Elía como funcionario del gobierno nacional. Una cosa es la política de Kirchner de integración de los antiguos piqueteros a la vida política clásica y otra es elevar al Gobierno a una persona con una causa judicial abierta por haber ocupado violentamente una comisaría. La institución judicial no ha merecido ninguna ponderación por parte del Presidente.
Paralelamente, un pacto de silencio cubre el crimen del policía Jorge Sayago en Las Heras; la investigación parece no avanzar en un pueblo demasiado chico, habitado por personas que se conocen, todas, entre ellas.
Al mismo tiempo, el gobierno federal se muestra impotente para garantizar la libre circulación en dos puentes internacionales que unen la Argentina con Uruguay. Otras instituciones, como lo son la vida misma y el derecho a la libre circulación, han sido dejadas de lado.
Kirchner evitó una derrota, llevada por él mismo a una potencial categoría de monumental. Pero ¿triunfó? No, si se tiene en cuenta el enorme desgaste público y político al que se sometió y se someterá.
Menos victoria podrá cantar cuando la única conquista institucional que mostraba, la renovación de la Corte Suprema de Justicia, quede bajo una pesada losa de polémicas, retrocesos y crispaciones sobre la independencia de la Justicia.
Por Joaquín Morales Solá
Para LA NACION
