Papeleras: Uruguay, más duro, demandará al país

El gobierno oriental sostiene que los cortes causaron un «daño económico importante»

MONTEVIDEO.– Al anunciar que decidió plantear una demanda judicial contra el Estado argentino por daños y perjuicios, el gobierno uruguayo endureció ayer su postura en el conflicto por las plantas de celulosa basado en el argumento de que ha sido perjudicado por la tolerancia del gobierno de Néstor Kirchner con los cortes de ruta en los puentes binacionales. No se especificó en qué tribunales se radicará la demanda.

La noticia se conoció tras un consejo de ministros realizado en la residencia presidencial del Prado, en el que el jefe del Estado, Tabaré Vázquez, dijo a su equipo de gobierno que no se podía seguir tolerando la situación que definió como “bloqueo”. Tras destacar que ya había dado un tiempo para el diálogo en procura de un entendimiento, anunció que enviará a Kirchner una carta firmada por él.

En Gualeguaychú, en tanto, la Asamblea Ciudadana Ambiental resolvió anoche continuar con el corte de la ruta 136 por undécimo día consecutivo y convocar al premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel –había pedido un gesto para “descomprimir la situación”– a dialogar en el lugar de la protesta.

Vázquez habló con sus ministros sobre la respuesta dada por el Palacio San Martín a dos cartas enviadas por la Cancillería uruguaya en reclamo de que se habilitara el tránsito en los puentes sobre el río Uruguay, que para el gobierno oriental fue totalmente insatisfactoria en ambas oportunidades y les anunció que era necesaria una nueva carta, pero esta vez no de Cancillería, sino firmada por él mismo.

Anoche, luego de una nueva reunión con varios ministros del área económico-productiva, el presidente uruguayo repasaba los términos de la misiva para Kirchner, según fuentes de su entorno, que será enviada en las próximas horas.

La subida de tono gubernamental estuvo acompañada de anuncios del sector privado. La Cámara de Autotransporte Terrestre Internacional del Uruguay (Catidu) decidió iniciar acciones legales contra la administración Kirchner por las pérdidas debido a la detención de sus camiones en la frontera, según informó su asesor legal, Antonio Serrentino. Aclaró que lo hará cada empresa transportista y que para eso se están contratando abogados argentinos.

En el entorno de Vázquez se comentó con disgusto que Kirchner, con quien antes de las elecciones de 2004 la izquierda oriental tuvo una afinidad visible y recíproca, ha tenido «una actitud firme» ante los piquetes en su provincia de Santa Cruz y permisiva con los que tienen cortado el tramo Gualeguaychú-Fray Bentos.

Sostiene que las protestas de los ambientalistas fueron impulsadas por autoridades políticas afines a Kirchner, como el intendente de esa localidad, el gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, e incluso con altos funcionarios del gobierno nacional, como el anterior canciller, Rafael Bielsa, o el jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Las cartas anteriores, de reclamo de liberación del camino que une a ambos países, habían sido firmadas por el canciller Reinaldo Gargano, en las que argumentó que las medidas de los ambientalistas que protestan contra las plantas en construcción significaban una violación al Tratado de Asunción que constituyó el Mercosur. Allí se recordó que el primer artículo de ese acuerdo de los cuatro países que formaron el bloque estableció la «libre circulación de bienes, servicios y factores productivos entre los países», lo que a juicio de Uruguay no se cumple por trastornos en importación de mercaderías, en movimiento turístico y el pasaje de mano de obra de uno a otro país, entre otros ejemplos.

Luego de la cumbre de gobierno, el ministro de Turismo, Héctor Lescano, participó en un acto junto al intendente de Río Negro, Omar Lafluf, que gobierna el departamento donde se construyen las plantas. En conferencia de prensa, Lescano expresó el apoyo del gobierno a Lafluf y la solidaridad por los daños que provocan los cortes, y anunció que Vázquez había decidido enviar una carta a Kirchner como intento por destrabar la situación.

Llamada telefónica

Eso se dio exactamente dos semanas después de que Vázquez llamó por teléfono a Kirchner en procura de un entendimiento, que pasaba por despejar la ruta de manifestantes y trabajar conjuntamente sobre el control ambiental de las plantas, sin que eso supusiera detener su construcción.

Según fuentes políticas, Vázquez había percibido que la Argentina encaminaba el conflicto a una situación con menos presión en la frontera, luego de un encuentro entre Kirchner y Busti y algunos mensajes públicos de ese gobierno sobre la necesidad de que en Gualeguaychú se terminara con los piquetes. Pero el presidente uruguayo aspiraba a otra actitud argentina e incluso intentó el viernes un llamado público a dialogar con su colega, para mostrar disposición a encaminar el diferendo por una vía amistosa.

El canciller Reinaldo Gargano, en una conferencia conjunta con su colega español Miguel Angel Moratinos, dijo que los «argentinos tienen todo el derecho a movilizarse», pero cuestionó la forma de hacerlo, que significó el corte de «las rutas de acceso a los puentes que comunican el Uruguay con la Argentina, con Chile, con Paraguay, con Bolivia y con Perú».

Dijo que se dio «una situación realmente muy grave» que «trajo como consecuencia que durante enero se cortara en forma importante la corriente turística hacia» Uruguay.

Sostuvo que después de una semana y media de corte, el «gobierno uruguayo entiende que hay un daño económico importante» y que también hay «daño humano» a los camioneros. «Hay que ver dónde estaban detenidos, en qué condiciones y bajo qué circunstancias, no estaban presos, pero (sí) viviendo en condiciones prácticamente infrahumanas», dijo el canciller.

En ese sentido, Gargano dijo que Uruguay «ha entendido que debe presentar ante quien corresponda» una demanda para «recurrir por los daños y perjuicios que le han ocasionado» los cortes al Estado «y a las personas que se han visto afectadas». Agregó que eso «ha sido documentado y certificado concretamente para probarlo en su oportunidad». Agregó que ya está «estudiado cuáles son los ámbitos a donde debe ocurrir» la denuncia, pero que no ha tomado una decisión concreta acerca del tribunal al que acudir.

Por Nelson Fernández
Corresponsal en Uruguay

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