El grueso de las provincias reformaron por última vez sus constituciones durante la década 1986-1996, oportunidad que aprovecharon para modernizar sus textos ante el florecimiento de la democracia. Así, se incluyeron importantes innovaciones (derechos sociales, representación democrática, nuevas instituciones) que darían una impronta renovadora a las respectivas cartas magnas.
Así lo apunta Delia Ferreira Rubio, especialista en temas institucionales que, sin embargo, no se muestra demasiado optimista sobre el actual proceso de reforma que se aprestan a vivir varias provincias. “Hay que esperar al debate en las respectivas legislaturas, pero en principio en algunos casos las reformas son simple maquillaje”, sostiene la especialista.
Salvo once distritos –Formosa, Río Negro, Salta, Córdoba, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Capital Federal, Buenos Aires, Chaco y La Pampa–, los restantes avanzarán en sus respectivas reformas constitucionales o tienen intenciones de hacerlo.
Las motivaciones son diversas y varían según la realidad provincial. Pero hay un denominador común en buena parte de los casos: la oposición local rechaza el proceso.
Hay provincias donde la reforma constitucional ya está en marcha: es el caso de Tucumán, cuyo gobernador, José Alperovich (PJ), se propone incorporar -y se estima que lo logrará-, la reelección del mandato.
El 19 del actual se elegirán los 40 convencionales constituyentes que realizarán ésta y otras enmiendas, como la bicameralidad de la Legislatura y la inamovilidad de los jueces.
Tercer mandato
La reelección del gobernador también sería el punto central de la reforma constitucional de la provincia de Jujuy.
Si bien el proceso formal no comenzó todavía, el entorno oficialista se entusiasma con poder darle al gobernador Eduardo Fellner (PJ), que cumple su segundo período consecutivo, la posibilidad de postularse a un tercer mandato en fila. La oposición, encarnada por la Unión Cívica Radical (UCR), ya anticipó su rotundo rechazo al anhelo del justicialismo.
En Misiones tampoco se presentó aún el proyecto de reforma de la Carta Magna, pero la intención del oficialismo es avanzar en la discusión este año, confirmaron a LA NACION fuentes parlamentarias.
El objetivo, al igual que Jujuy, es posibilitar un tercer mandato seguido para el gobernador Carlos Rovira (PJ).
Tanto en Jujuy como en Misiones, la situación política y la relación de fuerzas parecen favorables al oficialismo.
En Entre Ríos y Corrientes, el panorama aparece más complicado, pero no se descarta que sus gobernadores intenten durante este año reformar sus respectivas constituciones para quedarse otros cuatro años en sus cargos.
En Entre Ríos, el justicialista Jorge Busti instrumentó incluso una consulta popular voluntaria, y aunque el resultado positivo fue del 43 por ciento, el voto negativo y la abstención superaron ese porcentaje.
Para colmo, los legisladores de la oposición se niegan a brindar la mayoría en la Legislatura para la reforma. No obstante, el justicialismo no bajó los brazos.
En Corrientes, el radical Ricardo Colombi fracasó cuatro veces en impulsar la reforma para lograr su reelección; su sucesor, su primo Arturo Colombi, anunció que este año volverá a la carga, previa búsqueda de un consenso político. Su objetivo será también la reelección.
Catamarca es un caso curioso. Allí rige la reelección indefinida, pero en el Frente Cívico y Social -el partido gobernante-, anticipan que se impulsaría una reforma de su constitución para limitar esta facultad. Sin embargo, por ahora, no es más que una promesa.
En Neuquén ya comenzó el proceso de reforma constitucional (que finalizará el 23 del actual), pero aquí no está en juego la reelección del gobernador Jorge Sobisch (Movimiento Popular Neuquino), que ya está en vigencia en el distrito.
Cambios en la Justicia
En el caso neuquino la reforma constitucional está vinculada con la renovación de la Justicia y con la creación del Consejo de la Magistratura.
«Aquí se da una paradoja: mientras el gobernador Jorge Sobisch propicia un Consejo dominado por el poder político, en el Congreso Nacional los legisladores rechazan el proyecto de Cristina de Kirchner, que, en suma, apunta a lo mismo», se quejó el diputado nacional Oscar Massei (Frente para la Victoria-Neuquén).
En Santa Fe también está pendiente la modificación del Consejo de la Magistratura, un largo reclamo de la oposición.
El oficialismo prometió avanzar en una reforma constitucional para incluir este tema tanto como las autonomías de las municipalidades y la creación de la Fiscalía Provincial de Investigaciones Administrativas, entre otras cuestiones.
«Vamos a ver si cumple, pero soy escéptica», expresó la diputada nacional Alicia Tate (UCR-Santa Fe) ante la consulta de LA NACION.
En las provincias de Mendoza y de Santiago del Estero la Justicia también fue motivo de reformas constitucionales.
En el primero de esos distritos, el proceso tuvo un tinte polémico a partir de la pretensión del gobernador radical Julio Cobos de eliminar la cláusula que garantizaba la indexación automática de los salarios de los jueces, lo que generó la airada reacción de la justicia local.
La pulseada la ganó el mandatario que, apoyado en su buena imagen pública, consiguió un amplio triunfo en el plebiscito que tuvo, además, un carácter histórico: fue la primera vez, en casi un siglo de vida, que la constitución mendocina logró ser modificada.
En Santiago del Estero, la reforma de la Carta Magna fue menos traumática: en el texto, que ya fue aprobado y está en vigencia, se otorgó autarquía financiera al Poder Judicial y se creó el Consejo de la Magistratura.
Pero sin duda uno de los cambios más importantes del proceso de reforma santiagueño -impulsado, además, por la caída del matrimonio Juárez del poder provincial-, tiene que ver con un importante avance en materia de reforma política: derogó la polémica ley de lemas.
En La Rioja, donde también se habla de modificar por enmienda la constitución provincial, nada se dice sobre derogar este polémico sistema electoral que, en definitiva, permite al oficialismo de turno obtener una hegemonía casi total de los poderes legislativos. A tal punto es así que en la Legislatura local el total de 23 legisladores, es justicialista.
Por Laura Serra
De la Redacción de LA NACION
