La mano negra de la violencia

Un conflicto justo, tapado por la violencia. La muerte de un policía que le sirve a las internas del gobierno, de sindicatos oficialistas, y de empresas petroleras. La construcción de imagen para los medios: los que reclaman sus derechos equiparados a seres violentos, irracionales, y ahora culpables de un homicidio. Y otra muerte en Las Heras, más sospechosa aún, de la que se habla poco. Demasiadas preguntas en el aire.

. Desde el lugar de los hechos, el abogado Ramón Amaya explicó a lavaca su visión sobre lo que está ocurriendo, y reveló algunas claves para comprender todos estos enigmas.

«Para mí estas son manos negras que generan violencia» dice desde Santa Cruz Ramón Amaya, abogado de quienes estuvieron presos en Caleta Olivia durante ocho meses, hasta abril de 2005, por defender su derecho a trabajar, abogado también de los policías de la provincia que pasaron por conflictos salariales («conozco las dos campanas», dice), y de Mario Navarro, el vocero de la protesta de los petroleros cuya detención generó una situación de violencia frente a la comisaría de Las Heras el lunes 6, que culminó con un policía muerto y con otra muerte más misteriosa y oscura: el asesinato de Alejandro Paisman Vera, cuñado de un sindicalista petrolero y cacique tehuelche, suma dudas sobre cómo es laberinto en el cual la policía provincial, y los que protestan -según la percepción de Amaya- parecen haber quedado atrapados y víctimas de lógicas que los exceden.

«Es muy raro lo que está pasando» dice Amaya. Explica que el reclamo inicial de la gente de Las Heras y de toda la zona norte es contra el impuesto al que define como «el más bestia: el impuesto a las ganancias sobre los salarios. Los trabajadores petroleros pagan más impuesto a las ganancias que cualquier abogado o contador monotributista. Sin embargo las empresas firmaron un acuerdo en el que se compromete a explorar zonas petroleras, si las eximen de impuestos. ¿Cómo es la cuestión? ¿Las empresas son eximidas y los obreros pagan ganancias?»

Amaya relata que la comisión directiva del Sindicato del Petróleo y el Gas Privado de Santa Cruz prometió llevar adelante la lucha contra dicho impuesto: «El año pasado hicieron un paro y lo levantaron con la supuesta promesa de que se iba a levantar ese impuesto. La modalidad de este paro, es una vieja metodología de todos los petroleros desde hace cuatro o cinco años. Se hace el paro, se corta la ruta, y se toman los yacimientos frenando la producción petrolera».

Hace dos años en uno de estos paros se difundió que había gente armada en los yacimientos, intimidando a los trabajadores, pero sin embargo «el conflicto fue convalidado con la adhesión pública y una felicitación del gobernador Sergio Acevedo y la Cámara de Diputados diciendo que toda esa lucha era justa».

Amaya considera que eso abrió una vía libre a este tipo de metodología: «Que si me pregunta, yo no comparto, porque creo que el paro consiste en no ir a trabajar por la adhesión voluntaria de los trabajadores. Si pongo un piquete impidiendo que la gente trabaje, se violenta el libre ejercicio del derecho de huelga». La modalidad se transformó en una constante con un detalle referido a Las Heras: «Es la principal zona de producción petrolera. Pico Truncado y Caleta son lugares de transporte. Pero los yacimientos y la riqueza están en Las Heras, donde también están la mayor cantidad de trabajadores, y los dirigentes más combativos».

El abogado reconoce que Las Heras es, además, un lugar violento: «Mucho cuchillo en las casas, récord de delitos graves en la provincia, golpizas, cuchilladas, tiroteos: cualquier policía sabe que el destino más peligroso de Santa Cruz es Las Heras».

Las petroleras y el gobierno

Cuando ocurrió este conflicto, los integrantes del sindicato desconocieron el reclamo, alegando que ellos están haciendo gestiones y que no había que llevar la medida a ese extremo. Solicitaron a todos «encolumnarse» detrás del gobierno nacional y de Kirchner, a través del secretario del gremio Héctor Segovia. «O sea, no quería que hicieran lo que ellos mismos les enseñaron a hacer en estos años» razona Amaya.

Su hipótesis: «¿Por qué antes sí y ahora no? Porque los paros anteriores no afectaban para nada a las políticas nacionales o provinciales. Se resolvían en aumentos otorgados por las petroleras. Pero yo creo que este reclamo va al eje de la política económica nacional, al plantear la quita del impuesto a las ganancias o elevar el mínimo no imponible. Concederlo para Santa Cruz ¿qué implica automáticamente? Un trastoque de toda la política fiscal, con lo que eso significa para las arcas oficiales».

El reclamo a las petroleras se transformó en un reclamo al gobierno. El gremio -intimamente ligado tanto a Kirchner como al gobernador Acevedo, quienes a su vez mantienen entre ellos viejas querellas- optó por oponerse a la protesta. «Desautorizan el conflicto, y empieza el tole-tole».

Los cortes de ruta y medidas de fuerza fueron respondidos por las empresas con denuncias penales por usurpación, amenazas y demás: los mismos cargos que se usaron contra los trabajadores de Caleta Olivia, quienes en 2005 terminaron absueltos por un fallo del Tribunal Supremo de justicia provincial, que dictaminó que los problemas sociales no se pueden resolver con causas penales, represión y cárcel. Por cierto, el fallo llegó tras ocho meses de estar entre rejas tres mujeres -una madres de seis hijos- y tres hombres. Quizá, en ese antecendente de impunidad represiva judicial hay que buscar la explicación de porqué los pobladores de Las Heras reaccionaron con furia cuando detuvieron a Mario Navarro.

La detención se justificó con una denuncia de las empresas petroleras, que acusaron a los actuales manifestantes con el mismo menú de delitos que en el caso de los ocho presos de Caleta. Amaya: «La justicia ordenó a la policía que detuviese a quienes fuesen cabecillas, y que garantizase el libre tránsito y también el libre acceso a los yacimientos, un modo de garantizar la explotación petrolera». Amaya aclara que la producción petrolera se paró por decisión de las empresas. «No es que por el piquete se cortó la producción. El cese fue voluntario. No estaban tomados los yacimientos, podrían haber utilizado caminos alternativos, pero eligieron parar la producción e iniciar causas. Es la larga mano de las petroleras, que lograron que la justicia las avale».

Navarro, el vocero

La orden de detención incluyó a Mario Navarro, ahora defendido por Amaya: «Navarro no es del Partido Obrero, es comunista disidente, y tampoco era ideólogo o cabecilla de nada: era el vocero del conflicto. Había mucha gente como referente, Navarro era el que recibía los llamados, hablaba ante los medios. Pero siempre es igual: identifican como cabecilla al que pone la cara».

Navarro fue el lunes a la noche invitado a una radio de nombre incierto: FM Soberanía. Allí dijo que si la paz pasaba por el hecho de que él estuviera detenido, se ponía a disposición de la policía.

A la salida del programa lo esperaban seis agentes que lo trasladaron a la comisaría de Las Heras. Amaya sostiene que la detención de Navarro fue realizada con «absoluta corrección».

«Pero cuando se enteraron los manifestantes que estaban en la ruta, se produjo una discusión. Un grupo quería ir a hacer todo lo posible para liberarlo ahí mismo. Otro grupo decía: pidamos buenamente las cosas y esperemos que la justicia resuelva. Ganaron la discusión los exaltados.

Antes de llegar a la comisaría, van dos concejales del Partido Justicialista y piden hablar con el jefe del operativo policial, el comisario Iñigo, que en una maniobra defensiva había hecho poner a todos los policías en un cordón, con elementos antimotines pero sin armas de fuego según la versión que tenemos».

El comisario fue claro. No tenía nada que dialogar con nadie. «Dio la orden de que los policías preparasen sus armas» cuenta Amaya. «¿A quién le apuntaron? A los concejales, que salieron corriendo, mientras llegaba la columna de manifestantes. Hay que imaginarse la tensión. Los manifestantes vieron que los concejales salían corriendo, vieron a la policía apuntándoles, y les empezaron a tirar piedras y a insultarlos. La policía respondió disparando a la gente, tirando gases y balazos de goma. Palo contra bala. Trescientas o cuatrocientas personas enardecidas. Hasta ahí era un enfrentamiento pero en ese momento es donde uno ve la mano negra».

Calibre 22

Amaya informa que desde las filas de manifestantes, hubo disparos de calibre 22: «Parecieran ser de carabina, pero además las versiones que recogí en el lugar hablaban de armas largas con miras telescópicas utilizadas desde un vehículo que circulaba en la zona, y desapareció, disparando hacia la comisaría». Amaya se asombra ante la buena puntería de los disparos, de calidad nada amateur. «Mi opinión es que hubo tiradores con muy buena puntería, y por eso después de años, en algo coincido con Kirchner: él dijo que había elementos extraños, y creo que es así. Estoy de acuerdo. Hubo bichos raros, gente de afuera: interna sindical, algo propio de las empresas, habrá que investigarlo.

Pero con esto se tapó totalmente todo reclamo que se pueda hacer. Ya está: tiraron el muerto y no se habla más del conflicto».

Explícitamente, Amaya habla de infiltrados. «Pero apareció este muchacho, el policía Jorge Sayago, que llegó como sapo de otro pozo, sin protección, sin casco, recibe uno de esos balazos en la clavícula, cae, y ahí le pegan una paliza y recibe el golpe en la cabeza».

Para Amaya también es incalificable lo que hizo la policía a partir de ese momento: «Lo llevan a una ambulancia con conmoción cerebral, no lo atendieron en Las Heras mismo pese a que hay un hospital muy completo, ni en Truncado ni en Caleta, sino que decidieron ir más lejos, a Comodoro Rivadavia, haciendo un trayecto de más de 200 kilómetros alegando que ahí iba a estar el avión sanitario» (el mismo por el que se le atribuye al matrimonio Kirchner un uso más bien errático y político en los últimos años en la gobernación). Curiosidad: en Las Heras también hay aeropuerto como para que el avión fuera a buscar a Sayago, pero se decidió hacer el tortuoso recorrido por tierra.

«Murió en la ambulancia» informa Amaya, quien considera que en la propia muerte hay una explicación de cómo fueron las cosas. «Esto fue una lucha cuerpo a cuerpo. Como en la cancha de fútbol cuando aparece un grupito de policías y se les vienen encima 300 o 400 hinchas. ¿Qué pasa ahí? Huye la policía. Acá pasó lo mismo, pero este muchacho quedó ahí».

Es la primera vez en la historia -dice el abogado- que el personal policial recibió balas. «Nunca hubo armas, ni balas, y ahora es de lo que hablan todos: piqueteros asesinos matan a policía, dicen los grandes medios. Hasta el Presidente salió a decir otras cosas. Una es que conoce a Mario Navarro, que es un hombre de paz, que sabe de su lucha, y que pudo haber gente de otro lado generando el conflicto. Ese discurso choca con el de Acevedo, que atribuye lo que pasó a los trabajadores. Podría ser que Kirchner tenga otra información, que le hayan dicho: ojo que nos pusieron una papa caliente».

Otra muerte

El martes a la mañana, además, apareció muerto en Las Heras Alejandro Paisman Vera, víctima de una presunta golpiza. Era el cuñado del secretario general del Gremio de Petroleros Privados.

Revela Amaya: «Pero Paisman Vera estuvo en los hechos frente a la comisaría al lado de los concejales, estuvo en la primera línea de fuego. Era uno de los reclamantes. Fue uno de los primeros en llegar pidiendo la liberación de Navarro. Y terminó así. Es el segundo muerto, uno diría: del otro lado».

Al abogado le llama la atención las imágenes que van instalándose ante la opinión pública: «Van a decir que lo mató la policía en venganza de lo de Sayago. Y qué casualidad: es pariente directo del secretario general del gremio, que es oficialista. Por todas estas cosas uno piensa que puede haber metida una uña de internas gremiales, el largo brazo de las petroleras, y hasta internas políticas a nivel nacional».

La policía provincial hasta hace dos meses estaba en huelga, y autoacuartelada. «Ahora, con esta cuestión, se le encendió una animadversión contra los movimientos sociales en lucha» deplora Amaya quien llega a esta conclusión: «El policía Sayago es un muerto que le conviene al statu quo. Se elimina el reclamo, se cambia el foco de discusión. A nivel nacional aparece un policía muerto por piqueteros. Desde el punto de vista de lo lógico y lo macabro es perfectísimo. No existen Kostecki y Santillán. Ahora existe Sayago». El gobernador Acevedo tuvo la capacidad de decirlo casi con las mismas palabras.

Otro dato extravagante que aporta el abogado es que a la mañana siguiente, la zona del enfrentamiento era recorrida por chiquitos que buscaban balas de recuerdo y se las llevaban. «Yo estuve ahí, había por ejemplo una mancha de sangre, y perros lamiéndola. Una verdadera vergüenza, no se cercó el lugar, no apareció la policía científica ni el juez de instrucción ni el fiscal. Todo lo que hubiese servido para investigar, se borró esa misma mañana».

La aparición de la Gendarmería es otra curiosidad: «La Gendarmería no investiga homicidios, sino que sirve para pegarle a la gente y garantizar la producción petrolera. Además, se sabe que las petroleras le vienen girando fondos a Gendarmería, les compran el combustible, entre muchas otras colaboraciones, por así decir».

Las autoridades y los medios se vieron muy compungidos por la muerte de Sayago, pero sus propios familiares salieron a denunciar que los dejaron solos: ni una visita oficial recibieron. «Los familiares no apuntan a los manifestantes sino que cuestionan a las autoridades por la desprotección hacia la propia policía. A este muchacho ni casco le dieron, y lo mataron de un palazo en la cabeza. Lo enaltecen ahora que está muerto, pero a la familia la han dejado en banda. Es el típico doble discurso hipócrita». Amaya también se indigna contra enunciados como el de Oscar Kuperman, dirigente del grupo CUBA, quien dijo que no le interesaba la muerte del «oficial represor»: «Es una barbaridad estúpida, aquí el dolor es de todo el mundo. La violencia apareció empiojando el reclamo, desviando la atención, todo es muy raro».

El abogado considera que el problema es que «a los policías los mandan crudos, a enfrentar cuestiones para las que no están preparados, enfrentándolos a gente que está ofuscada porque no se le reconocen sus derechos. Es fácil imaginar cómo termina una situación así, donde se produce la típica lucha de pobres contra pobres».

Otra hipótesis del abogado es que esta situación se produjo en medio de la tensión dentro el gremio petrolero, porque desde Neuquén hay una línea sindical -alineada con Jorge Sobisch- dispuesta a pelearle el poder a la actual conducción kirchnerista. «¿No será todo esto parte de la pelea de las mafia sindicales?» es otra pregunta de todavía sin respuesta.

«El policía muerto no le sirve a la sociedad, ni a los obreros, ni a la propia policía. Le sirve a las empresas petroleras, al poder político, a las mafias sindicales, a los comunicadores de derecha y a la gendarmería» enumera Amaya.

Todos los conflictos santacruceños siguen en pie, mientras las dos muertes de estos días no cierran ningún dilema, sino que se abren a todas las preguntas.

Gentileza www.lavaca.org

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