El conflicto que tiene paralizados los vuelos de Aerolíneas Argentinas desde hace una semana se complicó aún más ayer cuando los gremios aeronáuticos rechazaron las presiones del Gobierno y decidieron continuar con el paro.
Anoche, fuentes del Ministerio de Trabajo afirmaron a Clarín que a partir de hoy se comenzarán a aplicar contra los sindicatos las sanciones económicas anunciadas, pero que, por ahora, no se avanzará con la suspensión de su personería gremial.
En una asamblea realizada en la Federación Argentina de Box, los técnicos y pilotos aseguraron que seguirán adelante con la huelga porque es «legal, lícita y constitucional» (ver «Una asamblea…»). Tomaron esa decisión pese a que, un día antes, el Ministerio de Trabajo los había intimado a acatar la conciliación obligatoria bajo apercibimiento de pedir ante la Justicia la suspensión de su personería gremial.
Sin embargo, por ahora sólo se empezarían a aplicar las sanciones económicas anunciadas el viernes pasado. Sería de un total de 10,5 millones de pesos: 2.300.000 para los pilotos y de 8.200.000 para los técnicos. Una posible presentación judicial para avanzar con la suspensión de la personería gremial quedaría sólo como última opción.
Pese a que en el Gobierno suponían que la advertencia alcanzaría para levantar el paro, la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA) y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) resolvieron continuar la medida de fuerza hasta conseguir una respuesta a sus reclamos de aumentos salariales y reincorporación de los despedidos.
Al mediodía, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Antonio Mata, había propuesto dejar sin efecto los 337 despidos dispuestos por la empresa durante la huelga para «retomar el diálogo y buscar una solución al conflicto», que ya afectó a 67.622 pasajeros. Al mismo tiempo, había ratificado la decisión de la empresa de no otorgar aumentos salariales.
La viceministra de Trabajo, Noemí Rial, exhortó a los sindicalistas a levantar el paro para «sentarse a conversar en una mesa de negociación». Y reiteró que, en caso de continuar la protesta, el Gobierno iniciará acciones judiciales «que pueden llevar a la suspensión o cancelación de la personería gremial».
Pese a que desde el Ministerio ya habían intimado a la empresa a garantizar los servicios mínimos de vuelos, ayer en Aeroparque el panorama fue similar al de días anteriores aunque esta vez hubo muy poca gente.
A través de su vocero, el secretario de Transporte, Ricardo Jaime, aseguró a Clarín que está apartado del tema y que todas las negociaciones están centralizadas en el Ministerio de Trabajo.
En realidad, el Ministerio se metió de lleno una vez que el conflicto alcanzó su punto más álgido. Las medidas de fuerza de los técnicos y los pilotos se iniciaron a mediados de año. Hasta ahora, siempre habían logrado levantarse con promesas. Pero, ya sea por ineficacia o intencionalidad, no se logró una solución.
Para entender la raíz de la discusión es necesario detenerse en sus protagonistas. El secretario general de APTA es Ricardo Cirielli que, al mismo tiempo, es subsecretario de Transporte Aerocomercial. Tan cierto como que Cirielli está de licencia en el gremio es que sigue muy de cerca el conflicto, y que el secretario adjunto, Juan Pappalardo, es un hombre de su máxima confianza.
Cirielli integra la CGT y acompaña al camionero Hugo Moyano desde los tiempos del Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA). El martes, integró la delegación sindical que le llevó una larga lista de reclamos al jefe de Gabinete, Alberto Fernández.
Cirielli mantiene un abierto enfrentamiento con Mata y le habría recomendado más de una vez al Gobierno que lo mejor sería que el grupo español Marsans se fuera de Aerolíneas. Hay quienes sostienen incluso que su propuesta contaría con el respaldo de algunos funcionarios.
Hace poco, y a partir de la coincidencia de los reclamos salariales, los pilotos de APLA —liderados por Jorge Pérez Tamayo— y los técnicos de APTA comenzaron a actuar en forma conjunta. De hecho, hace menos de tres meses los pilotos se incorporaron por primera vez a la CGT.
Moyano participó activamente de las negociaciones y durante los últimos días tuvo varios contactos con los gremios en conflicto.
La Asociación de Personal Aeronáutico (APA) —que integra la CTA y no participa del paro— sacó ayer un comunicado para señalar que «nos oponemos a toda forma de sanción contra los trabajadores y su sindicato en el caso de su personería gremial, afirmamos que el derecho constitucional a la huelga es legítimo y el reclamo salarial justo, pero hay que buscar canales para que no se ponga en riesgo el futuro de la compañía ni tampoco el de miles de puestos de trabajo».
Al mismo tiempo, APA se puso «a disposición de las partes en conflicto para encontrar caminos de solución».
El martes, en medio de las presiones a los gremios, el Ministerio de Trabajo también había ofrecido un arbitraje voluntario para buscar una salida.
En este conflicto, los pilotos reclaman un aumento salarial del 4,5 por ciento y los técnicos del 75 por ciento, más la reincorporación de once trabajadores que fueron despedidos con anterioridad.
