Además, el temario de la reunión convocada para las 10 contempla la extensión de la emergencia económica y la prórroga de una serie de impuestos que vencen a fin de año y que representan 36.000 millones de pesos anuales, casi el 40 por ciento de la recaudación fiscal.
Hasta esta mañana se negociará la posibilidad de que el presupuesto nacional 2006 pueda ser discutido antes que el polémico proyecto de ley que reforma el Consejo de la Magistratura. Presionado por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, que pretende sacar con fórceps la iniciativa, el jefe del bloque oficialista de la Cámara alta, Miguel Pichetto, pidió tiempo para ver si podía conseguir alguna concesión de la primera dama.
Todo indica que la sesión terminará entrada la madrugada del jueves porque los bloques de la oposición lograron contener un intento de Pichetto por achicar el tiempo de exposición de los legisladores.
De todas maneras, la oposición dio ayer muestras de flaqueza, al permitir que el oficialismo sacara dictamen de todos los proyectos económicos sin discutir el contenido de esas iniciativas y en menos de diez minutos.
Ni siquiera levantaron la voz para cuestionar (como sí lo hicieron fuera de la Comisión de Presupuesto y Hacienda) la decisión del kirchnerismo de impedir que el titular del Banco Central (BCRA), Martín Redrado, concurriera al Senado -como estaba previsto hasta anteayer- a explicar los alcances del decreto de necesidad y urgencia que le permitirá a Néstor Kirchner realizar el mayor desembolso de la historia argentina para pagar deuda a un organismo de crédito internacional.
En diálogo con LA NACION, el radical Gerardo Morales (Jujuy) justificó la posición de su partido: «La Comisión era un mero trámite, el debate lo vamos a dar mañana [por hoy]», dijo. En los hechos, la falta de oposición le permitió al oficialismo obtener en menos de diez minutos dictamen a cuatro proyectos de gran envergadura económica y política.
Desprolijidades
Ese paquete incluye el proyecto de ley que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2006 la emergencia económica, que había entrado apenas unas horas antes al Senado.
El proyecto intenta corregir algunas de las tantas desprolijidades cometidas por el Gobierno en su relación con el Parlamento. En las últimas horas, como anticipó LA NACION, el Poder Ejecutivo cayó en la cuenta de que si no mantenía el estado de emergencia perdería uno de sus principales argumentos ante los reclamos de los bonistas que no entraron al canje de deuda y de las empresas que plantearon demandas ante el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi).
Las otras iniciativas cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados. Se trata de la prórroga de impuestos y el proyecto de ley de presupuesto 2006.
Sobre la prórroga de impuestos, el radicalismo insistirá en su postura de que el Gobierno eleve los montos mínimos no imponibles, que no fueron ajustados por inflación y alcanzan cada vez a más asalariados (ganancias) y propietarios (bienes personales). Además, la UCR pide que se incremente el monto que por el impuesto al cheque les corresponde a las provincias.
Sobre el presupuesto, los cuestionamientos apuntan a las facultades que continúa delegando en el Poder Ejecutivo. «El proyecto es una ficción: el Ejecutivo podrá seguir haciendo lo que quiera, la recaudación está subestimada y, encima, van a disponer de 4000 millones de dólares que iban a ser afectados al pago de la deuda y ahora quedarán disponibles porque se le va a pagar al FMI en efectivo», afirmó Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador-Salta).
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
Debate en Diputados
* Al igual que el Senado, la Cámara de Diputados tiene previsto comenzar, a las 10 de hoy, una verdadera maratón legislativa. La norma que regula la importación de gasoil, modificaciones al IVA, el proyecto que crea un nuevo régimen para las pymes y la trascendente ley de financiamiento educativo son los principales temas previstos para el día. Incluso, durante la jornada podría sumarse al temario el tratamiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece la disponibilidad de fondos del Banco Central para pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI), una vez que éste sea aprobado por la Cámara alta.
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