La declaración, que trascendió ayer, fue hecha por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil en su última reunión plenaria, el martes pasado.
Pese a las objeciones –que a estas alturas abarcan a casi todo el mundo judicial–, el bloque del PJ en el Senado intentará aprobar la iniciativa en la sesión de mañana, el mismo día en que buscará darle respaldo al decreto del Poder Ejecutivo que dispone el pago total de la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Así lo anunció el jefe de la bancada, Miguel Angel Pichetto. El proyecto es impulsado con especial interés por la primera dama, la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
En el documento de la Cámara Civil, los jueces sostuvieron: “Media gravedad institucional manifiesta, pues quedaría afectada la independencia del Poder Judicial, colocándose en una situación de sometimiento, con todas las implicancias en orden a la seguridad del ejercicio pleno de las garantías individuales y colectivas para todos los habitantes del territorio argentino”.
El Consejo de la Magistratura es el órgano encargado de la administración del Poder Judicial y de los procesos de selección y remoción de los jueces. El proyecto de ley impulsa una reducción de 20 a 13 de los integrantes del cuerpo y aumentar, en proporción, la representación del poder político y, en especial, la del oficialismo.
El rechazo de los camaristas civiles se sumó a las objeciones que habían expresado la Asociación de Magistrados, casi todos los partidos políticos de oposición, las más importantes agrupaciones de abogados del país y las principales organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas judiciales. Los distintos colegios de abogados de la Capital Federal lanzaron el miércoles pasado una campaña para frenar el avance de la reforma.
La iniciativa comenzará esta semana e incluirá la recolección de firmas y la elaboración de un dictamen de inconstitucionalidad.
Concretamente, los abogados acusan al gobierno de Néstor Kirchner de querer controlar, por medio del Consejo, a todo el Poder Judicial.
En sintonía con esas críticas, la Cámara Nacional en lo Civil recordó que el mandato constitucional sobre el Consejo fue procurar el equilibrio entre los órganos políticos, los jueces y los abogados, y sostuvo: «Es grave en orden a ese concepto de equilibrio el proyecto en tratamiento del Senado, que atribuye al Poder Legislativo una superioridad numérica incompatible con el buscado equilibrio que manda la Constitución en el artículo 114».
La declaración de la Cámara está firmada por la presidenta del cuerpo, Delfina Borda, y por otros veintiséis camaristas civiles.
«Peligroso avance»
Los magistrados consideraron que «ya no es posible permanecer indiferente ante tan peligroso avance que podría conducir al quiebre del sistema republicano».
Acerca del desequilibrio que produciría la reforma en el Consejo, los camaristas agregaron: «Baste como desmostración la simple comparación de la composición a la que se aspira tanto en el Consejo de la Magistratura [tres jueces, seis legisladores, un representante del Poder Ejecutivo, dos de los abogados y uno del ámbito académico y científico], como en el Jurado de Enjuiciamiento [dos jueces, cuatro legisladores y un abogado]».
Al finalizar la declaración, los jueces de la Cámara Civil invitaron a «reflexionar a los señores legisladores sobre los mandatos recibidos y juramentos que hicieron, de respetar y hacer respetar la Constitución Nacional».
Otras críticas
Ayer se conoció también el rechazo al proyecto de parte de la Asociación de Abogados Laboralistas y de la Federación de Colegios de Abogados de la Provincia de Córdoba.
Esta última institución envió una carta a los senadores nacionales por Córdoba (Roberto Urquía, Haidé Giri y Carlos Rossi), para expresarles su «más firme oposición» y «absoluto rechazo» al proyecto de ley, al que tildó de inconstitucional.
Los abogados laboralistas, en tanto, convocaron a un acto de repudio contra el proyecto de reforma, que se realizará mañana, a las 14, frente al Congreso. «Para decirle no al intento de la corporación política de copar el Consejo de la Magistratura», afirma un comunicado de prensa difundido ayer.
También mañana el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y la Asociación de Abogados de Buenos Aires darán los primeros pasos de la campaña que lanzaron la semana pasada.
«Firme contra el avance del poder político contra la Justicia», será la consigna de la iniciativa, para la que se colocarán mesas de recolección de firmas frente al Palacio de Tribunales y en las esquinas de Corrientes y Uruguay, Corrientes y Callao, y Callao y Rivadavia.
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