La iniciativa fue duramente cuestionada por los partidos de oposición con representación parlamentaria –de hecho, Elisa Carrió y Marcela Rodríguez (ARI) darán hoy una conferencia de prensa para reiterar sus críticas– y por parte de jueces, abogados y hasta de varios miembros del actual Consejo. A pesar de la controversia provocada por el proyecto, Cristina Kirchner pretende avanzar con su sanción en la Cámara alta.
Como la primera dama no es senadora –todavía no juró como representante por Buenos Aires y su mandato por Santa Cruz venció a la medianoche del sábado–, será el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Guinle, el que tendrá la responsabilidad de revalidar el dictamen aprobado hace dos semanas y que caducó con la renovación de un tercio de la Cámara alta.
La reunión de comisión no fue confirmada oficialmente por los colaboradores de Cristina Kirchner. Sin embargo, voceros de la presidencia del Senado dijeron que será convocada para esta tarde, a las 18, con la intención de emitir un nuevo dictamen con la misma impronta que la esposa del Presidente le dio al proyecto.
Ayer, desde el oficialismo se instó al bloque de la UCR a apurar la designación de sus representantes en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que quedó disuelta tras el recambio de 24 senadores.
En el Congreso se sostiene que la intención de forzar el debate a pesar del rechazo de todo el arco político opositor y del resto de los estamentos que integran el Consejo de la Magistratura –la excepción son los representantes del peronismo– tiene una clara explicación: se trata de una señal de fuerza de Cristina Kirchner, que pretende erigirse en factor de poder decisivo en la nueva Cámara alta.
La amplia mayoría que tiene el PJ en el Senado le permitirá imponer el tratamiento de casi cualquier proyecto, ya roza los dos tercios de la composición del cuerpo (se requieren 48 y, contando aliados, el kirchnerismo estaría en 46 miembros).
Pero el proyecto no tiene, por el momento, ninguna posibilidad de ser sancionado por la Cámara baja antes de fines de este año, y se estima que tampoco la tendrá en los primeros meses del próximo año.
Es que, según lo establece la Constitución, para modificar la ley que creó el Consejo de la Magistratura, sancionada en 1997, se necesita de mayoría absoluta en ambas cámaras parlamentarias: 37 votos afirmativos en el Senado y 129 en Diputados.
El primer escollo parece superable. Es el de la Cámara baja el escenario que se presenta complicado para el kirchnerismo. Sobre todo porque la UCR ya anunció su total rechazo a la pretensiones de la primera dama de reducir el Consejo.
«Nosotros vamos a mantener nuestro dictamen de minoría que acepta algunas cuestiones reglamentarias y la constitución del jurado de enjuiciamiento como un organismo ad hoc, pero de ninguna manera vamos a aceptar la composición que propone el peronismo», afirmó el jefe de los senadores radicales, Ernesto Sanz (Mendoza).
La iniciativa que el kirchnerismo intenta aprobar en la Cámara alta mediante la imposición de su amplia mayoría establece una clara supremacía del estamento político (diputados y senadores) en la futura composición del Consejo.
Esto es así porque sobre 13 miembros seis serían representantes del Parlamento, de los cuales cuatro responderán al oficialismo.
Si se suma el representante del Poder Ejecutivo, y el hecho de que se disminuye el número de miembros de los jueces (de 4 a 3), abogados (de 4 a 2), académicos (de 2 a 1) y se elimina al presidente de la Corte Suprema de Justicia, el oficialismo tendría cinco miembros que le permitirían trabar la selección de un candidato o la acusación por mal desempeño de cualquier magistrado, que requieren de mayoría especial de dos tercios para impulsarlas.
Como dato adicional, la oposición vería desaparecer del Consejo de la Magistratura a los representantes de la segunda minoría, como por ejemplo ARI o los partidos provinciales actualmente presentes en este órgano de control de la Justicia, y pasaría de su actual situación de igualdad con el oficialismo (4 a 4) a quedar en clara desventaja (4 a 2).
El proyecto cuenta con otros puntos conflictivos, que también fueron cuestionados por la oposición. Uno de ellos es el establecimiento de causales específicas de mal desempeño para impulsar la destitución de un juez.
«Establecer la falta de actualización académica en el plazo de un año como causal de mal desempeño es inaceptable, porque con ese pretexto van a echar a los jueces que disgusten al Gobierno», afirmó el senador salteño Ricardo Gómez Diez (Partido Renovador).
Consenso
En lo que sí parece haber consenso es en la eliminación del jurado de enjuiciamiento como un cuerpo permanente.
La propuesta del oficialismo es convertirlo en un órgano ad hoc que se conformará por sorteo cada seis meses y que entenderá sólo en los casos de acusaciones por mal desempeño que se registren en ese período.
Sin embargo, el eje principal de la polémica es la reducción del Consejo de la Magistratura para facilitar la supremacía del oficialismo de turno.
Así lo hicieron notar representantes de las asociaciones de magistrados y de los colegios de abogados en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, en la que la senadora Cristina Kirchner sólo se limitó a escucharlos, pero no tomó en cuenta ninguno de los reclamos allí esgrimidos.
Por Gustavo Ybarra
De la Redacción de LA NACION
Debate en la Corte
* (DyN).- Una comisión «ad hoc» de la Corte Suprema, integrada, entre otros, por la jueza Carmen Argibay y el ex ministro de Justicia Horacio Rosatti, comenzará a debatir hoy, a partir de las 9.30, si los magistrados de todo el país deben pagar el impuesto a las ganancias o si, como hasta ahora, pueden seguir eximidos de esa obligación. La reunión se iba a realizar la semana pasada, pero las complicaciones con los vuelos motivadas por conflictos gremiales impidieron que muchos de los camaristas federales del interior y el grupo de abogados que formarán parte de ese tribunal pudieran arribar a tiempo.
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