Aumenta el uso de los polémicos fondos ATN

Felipe Solá es el más beneficiado Durante los primeros diez meses de este año el Gobierno distribuyó en las provincias un 35% más de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) –partidas de dinero fresco para atender “situaciones de emergencia” y “desequilibrios financieros”– que en todo 2004.

Según cifras oficiales, mientras que el año pasado se desembolsaron alrededor de 54 millones de pesos del fondo de ATN, hasta el 1° de noviembre, pasadas las elecciones legislativas de octubre, ya se llevaban gastados más de 73 millones.

Los datos fueron suministrados por el Ministerio del Interior a LA NACION en respuesta a un pedido de información pública hecho sobre la base de un decreto vigente desde marzo del año pasado. Pese a que la norma establece que el Gobierno debe entregar los datos requeridos en menos de 20 días hábiles, a LA NACION le llevó más de un año obtener información clara y actualizada. El proceso incluyó la apertura de una investigación por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) y una recomendación de ese organismo al Ministerio del Interior para que reglamentara el procedimiento de reparto de ATN (de lo que se informa por separado).

Los ATN, creados por ley durante el gobierno de Raúl Alfonsín, ganaron fama en la presidencia de Carlos Menem, cuando, según reiteradas denuncias, eran repartidos cuantiosamente y con fines políticos, a gobernadores aliados de la Casa Rosada. En esa época promediaron los $ 270 millones anuales.

Desde que asumió Néstor Kirchner se han entregado alrededor de 177 millones de pesos en ATN. Desde 2003, el presupuesto para esas partidas se mantiene estable en 80 millones de pesos. La cuestión es que mientras que en 2004 se ejecutaron 54 millones, en 2003 y 2005 se gastó todo el dinero disponible. El ministro del Interior, Aníbal Fernández, no respondió a una consulta de LA NACION sobre las razones del aumento del gasto durante este año.

La reducción del presupuesto para ATN, que desde 2003 ronda los 80 millones de pesos, coincidió además durante los últimos años con el aumento de otra partida que también se usa para repartir dinero fresco a las provincias: las Obligaciones a Cargo del Tesoro (jurisdicción 91), que superan los 8000 millones anuales, aunque sólo una parte va al interior.

Buenos Aires

Este año, la distribución de ATN favoreció a la provincia de Buenos Aires, territorio de la más importante batalla electoral, pero también, de lejos, el distrito más poblado. Allí fueron a parar 23.404.000 pesos, el 32% de los fondos repartidos en 2005.

Las partidas destinadas durante los primeros diez meses de este año a Buenos Aires fueron más del doble que en todo 2004, cuando encabezó la tabla con 9.318.300 pesos. Esto representa un incremento del 155% para ese distrito.

A Buenos Aires le siguen las provincias de Córdoba, que recibió 5.383.300 pesos, un 7,4%; Río Negro, 5.289.000 pesos, un 7,2%; Entre Ríos, $ 5.195.000, un 7,1%; La Rioja, $ 4.300.000, un 5,9%; Tucumán, $ 4.200.000, el 5,7%; Santa Fe, $ 3.610.000, el 4,9%, y Jujuy, $ 3.270.000, el 4,5%.

En el otro extremo de la tabla aparece San Luis, la única provincia que no recibió ni un centavo durante el gobierno de Kirchner. Voceros del gobernador Alberto Rodríguez Saá, que en las últimas semanas mejoró su relación con el Gobierno, no respondieron una consulta de LA NACION acerca de si esa provincia había realizado los pedidos necesarios para la obtención de ATN.

Durante 2003, tampoco habían recibido nada Neuquén, gobernada por Jorge Sobisch -otro enemigo político del Presidente-, ni Tierra del Fuego.

En el año que está terminando tampoco resultaron beneficiadas Salta, que obtuvo apenas 140.000 pesos, el 0,2%; Chubut, $ 250.000, el 0,3%; Santiago del Estero, $ 510.000, el 0,7%; La Pampa, $ 950.000, el 1,3%; Neuquén, $ 1.070.000, el 1,5%; Misiones, $ 1.200.000, el 1,6%, y Mendoza, $ 1.240.000, el 1,7 por ciento.

En los puestos intermedios quedaron Formosa, $ 2.200.000, el 3%; Catamarca, $ 2.187.000, el 3%; Santa Cruz, la provincia de Kirchner, que quedó ubicada en el lugar undécimo: recibió 2.083.000 pesos, el 2,8%; San Juan, $ 1.820.000, el 2,5%; Corrientes, $ 1.680.500, el 2,3%; Chaco, $ 1.575.000; el 2,2%, y Tierra del Fuego, $ 1.470.000, el 2 por ciento.

A diferencia de otros años (quizá por la disminución de los montos repartidos), en el Congreso no hay proyectos de ley para suprimir o modificar la distribución de los ATN.

Causa judicial

La única causa sobre el tema que tramita en la justicia federal la instruye el juez federal Jorge Urso. Se inició en 2000, a raíz de una denuncia del abogado Ricardo Monner Sans, e indaga sobre cómo se repartieron los ATN durante el gobierno de Menem.

En la actualidad, el control de la distribución de ATN es tarea exclusiva de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), órgano de auditoría interno de la administración pública. Lo conduce Claudio Moroni, un hombre del jefe de Gabinete, Alberto Fernández.

Aunque durante los últimos años no detectó irregularidades, en su último informe trimestral la Sigen recomendó al Ministerio de Interior «la puesta en marcha de un circuito administrativo que contemple la tramitación y análisis de solicitudes de fondos para culminar en la posterior resolución de asignación de las transferencias». Esto es, que mejore el procedimiento administrativo por el cual se otorgan los ATN.

El organismo de control también está vigilando con más celo el cumplimiento de la norma que obliga al Ministerio del Interior a informar a las provincias en forma trimestral sobre la distribución de los fondos. Voceros de la Sigen detallaron también que se le pidió a la cartera política que se controlara más la entrega de los decretos de parte de los gobiernos provinciales, con los que declaran la recepción del dinero.

Desde el año pasado, la Sigen realiza controles trimestrales de cada una de las partidas de ATN. Las revisiones, sin embargo, se limitan a verificar que se cumplan los pasos formales para la entrega de dinero y a controlar si las razones esgrimidas para los desembolsos se encuadran dentro de lo que marca la ley.

Es decir, nadie controla en el terreno si la plata se usa para atender «situaciones de emergencia» y «desequilibrios financieros» ni el criterio para la entrega de los fondos.

Por Gabriel Sued
De la Redacción de LA NACION

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