«Hoy, a los 18 años se puede ir a la guerra y morir por la patria, votar un gobierno o revocar mandatos. Pero no se puede sacar el pasaporte para viajar a Uruguay, alquilar un departamento o casarse sin autorización de los padres». La frase es del autor del proyecto, el senador socialista Rubén Giustiniani. Si la ley se aprueba, a los 18 también podrán comprar una casa o un auto, conformar sociedades comerciales, encarar microemprendimientos y sacar créditos.
El debate no es nuevo, pero nunca se saldó. La polémica estuvo presente en los 80 tras la guerra de Malvinas, en la que el grueso de los soldados tenía menos de 21 años y se los consideraba «menores» para muchos trámites. Y en los 90 se reavivó cuando se eliminó el servicio militar obligatorio.
En los fundamentos de la iniciativa aprobada ayer por 51 votos a favor y 1 en contra (del peronista jujeño Guillermo Jenefes, quien no dio sus argumentos) se recuerda que el ex combatiente Edgardo Esteban —autor del libro «Iluminados por el fuego»— pudo pelear en la guerra «como un adulto» pero «cuando quiso tomar un descanso en un país vecino debió ser acompañado por su mamá para conseguir la documentación correspondiente».
Muchos jóvenes trabajan, y hasta mantienen a su familia, pero «para reponer el documento de identidad que habían perdido necesitan autorización de sus padres», dice el proyecto.
La iniciativa es una reforma al Código Civil que pone a la Argentina en regla con la Convención Internacional de los Derechos del Niño —dijo Giustiniani— que fija en 18 años la mayoría de edad.
Sin embargo, en materia de previsión y seguridad social, y también en la obligación de alimentación que corresponde a los padres, los beneficios a los jóvenes siguen hasta los 21, como ahora. La excepción implica la extensión del deber alimentario de los padres con el alcance establecido en el artículo 267 del Código Civil —manutención, educación, y esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia y gastos de enfermedad, según las posibilidades económicas del progenitor y el modo de vida del grupo familiar—. Para eximir a los padres de esta obligación, el hijo mayor de 18 y menor de 21 años debe probar que estos recursos puede proveérselos por sí mismo.
En la Argentina hay 1.910.025 personas entre 18 y 20 años, según el Censo 2001. De ellos, 622.219 tienen 18 años, 644.113 cumplieron 19 y 643.693 tienen 20 años. «Es una franja muy sensible de la población donde es alta la tasa de desocupación que no puede ser muy diferente a los que informa el Ministerio de Trabajo: que cuatro de cada 10 desocupados tiene menos de 24 años», dijo Giustiniani, cuya iniciativa fue firmada por otros seis senadores peronistas y radicales.
El senador socialista resaltó que «resulta casi ridículo que mientras hay voces que reclaman disminuir la edad de punición de delitos, se siga manteniendo los 21 años para ser considerado un ciudadano de plenos derechos».
La mayoría de las legislaciones extranjeras fija en 18 años la edad para alcanzar la adultez. España modificó en 1978 la ley que regía desde el año 1943, reduciendo la mayoría de edad de los 21 a los 18 años. En el mismo sentido han legislado entre otros países, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Francia, Italia, Perú, Israel, Hungría, México, Ecuador y Costa Rica.
El proyecto modifica nueve artículos del Código Civil y deroga un inciso de otro. También deroga los artículos 10,11 y 12 del Código de Comercio. Si se piensa, pocos cambios para adecuar la realidad legal a la que viven los jóvenes todos los días.
