El sector intrusado está ubicado en “la parte de arriba de los barrios La Cumbre y Kaupén, es una situación que se ha desbordado, hay más de 100 ocupaciones, muchos extranjeros, hay gente que ha venido a trabajar en la construcción y las mismas empresas les dan materiales para que ocupen, muchos bolivianos indocumentados, con documento nacional de Bolivia, también hay gente que hace mucho tiempo que está acá y venía pidiendo algún tipo de respuesta habitacional pero, al lado, se instaló alguien que llegó hace dos meses”, explicó el Jefe de Gabinete, Pablo Wolaniuk.
Según relevamientos que se realizaron, la municipalidad comenzó a detectar intrusamientos “hace algo más de un mes, en su momento estas ocupaciones” habían sido alentadas por el propio Gobierno de la Provincia, había funcionarios del gobierno recorriendo esta zona “prometiendo y hasta asistiendo con algún material a la gente”.
El municipio realizó “intimaciones, paralizaciones de obras y se están presentando denuncias penales por el tema del daño y el riesgo a los menores, por el daño ambiental y por la usurpación, y trataremos de que todas las instituciones trabajen codo a codo en recuperar este espacio, seguir avanzando en dar soluciones habitacionales, pero sin perjudicar a la comunidad que nos ha puesto en las instituciones justamente para cuidar el bien común”.
Construcciones precarias
Wolaniuk informó que las construcciones son “muy precarias, de madera y plástico, es una zona que no tiene casi acceso, que tiene una fuerte pendiente para acceder y después es una meseta, pero para llegar a ese lugar hay que superar fuertes pendientes y bosques muy densos de lengas, con serias dificultades para proveer servicios”.
El municipio no tiene acceso al lugar donde estas personas están instaladas, por este motivo “entendemos que una parte de este sector no puede de urbanizarse de ninguna manera y la otra sólo se podría urbanizar mediante algún proyecto junto con el IPV, para resolver el tema de accesos y servicios”.
El Jefe de Gabinete remarcó que “con esta forma de ocupación no van a solucionar el problema habitacional; estamos muy preocupados por los riesgos que se generan, sobre todo por la presencia de menores.”
En muchos casos “los dejan solos cuidando la construcción, chicos solos en un piso de tierra, en una construcción precaria, con plásticos, con un cable de luz al que se están colgando de varias calles más abajo, con serios riesgos de que si allí hubiera un incendio o algún tipo de siniestro de la naturaleza no habría modo de llegar para asistirlos, con lo cual podría convertirse en una catástrofe”.
Esta situación, en el largo plazo, perjudicará a los vecinos de los barrios continuos porque “como no puede haber servicios, en el caso de que se instale esta gente estarían contaminando con desechos cloacales todo el tiempo a todos los barrios que están más abajo y hacia el centro de la ciudad”.
El municipio está al tanto de que hay “una mezcla de situaciones justas e injustas”, pero cuando se ocupa en forma irregular es muy difícil analizar cada caso en particular.
La colaboración policial
Wolaniuk informó que la Municipalidad “no podía proceder a desarmar porque la Policía tenía ordenes de no colaborar con nosotros, recién cuando se produjo la suspensión del Gobernador Colazo pudimos contar por lo menos con una predisposición diferente para actuar en conjunto.”
Lamentablemente, este cambio de actitud por parte de la fuerza policial se dio cuando la situación “había tomado una dimensión diferente a la del principio, en un comienzo fue una denuncia que los propios vecinos nos informaban de 6 ó 7 casas que se estaban instalando, en estos momentos hay más de 100”.
En la actualidad “estamos promoviendo una reunión donde participe el Gobernador a cargo, el Intendente, Gendarmería, Policía, Migraciones, Minoridad, como para hacer de esto realmente un tema de estado y actuar entre todos”.
