Cada vez más extranjeros son dueños de costas y fronteras

Buscan áreas estratégicas en lo que se considera «zona de seguridad». Son lugares claves para el país, por su potencial económico y sus recursos naturales. En el último año y medio, el Gobierno recibió mil pedidos de permisos de inversores que quieren hacer pie en la Argentina. El control es muy débil.

María Seoane.
mseoane@clarin.com
Es un proceso de extranjerización de la tierra y de los recursos naturales estratégicos tan acelerado y complejo —ocurrido en los últimos quince años, pero que estalló con singular fuerza en la década del noventa—, que las consecuencias son aún difíciles de mensurar, según la Secretaría de Seguridad Interior (SSI) que dirige desde agosto de 2005 Luis Tibiletti. La SSI es la encargada de dar la conformidad para las compras por extranjeros de tierras en la llamada zona de seguridad a partir de 1996. Estas zonas comprenden la franja de 150 kilómetros de fronteras (abarca la Cordillera) y de 50 kilómetros en las costas, como se indica en el mapa. Son las zonas con mayor concentración de recursos naturales estratégicos, tierras cultivables, minerales y agua dulce.

Antes de 1996, las conformidades para las compras por extranjeros —fueran sociedades o personas— las daban los superintendentes de Frontera. A partir de ese año, con la gestión al frente de la SSI del brigadier Andrés Antonietti y de Miguel Angel Toma en 1997-1998 al final del gobierno de Menem, fue la SSI la encargada de dar el visto bueno a las radicaciones de sociedades extranjeras en las zonas de seguridad. La SSI tiene registrada la aprobación de ventas a extranjeros en ese bienio por unas 8 millones de hectáreas. Se observa que las mayores radicaciones de las que trata esta nota ocurrieron en ese período. En el último año y medio —2004 y hasta agosto de 2005— los pedidos de permisos para compras de tierras en zonas de seguridad por parte de extranjeros fueron 1.000. Por ahora, se otorgaron 11, por unas 120 mil hectáreas.

Una reflexión: la evolución de la extranjerización de las propiedades en zonas de seguridad parece haber vulnerado el espíritu del decreto ley 15.385/44 y sucesivas leyes hasta 1989 —decreto hecho por el gobierno del general Edelmiro Farrel, con Juan Perón como vicepresidente en 1944—, que declaraba de «conveniencia nacional que los bienes ubicados en zonas de seguridad pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos». Tibiletti recordó que ese año de establecimiento de las zonas de seguridad, el gobierno de Farrel-Perón «expropió numerosas propiedades extranjeras, justamente para preservar el territorio nacional y la integridad de la Argentina». También admitió a Clarín que no es ilegal vender tierras a extranjeros en esas zonas, pero deben estar muy monitoreadas y conocerse y seguirse los proyectos de inversión prometidos. Tibiletti aseguró que desde hace dos años comenzaron a controlarse «con dificultad porque no existen datos centralizados, pero con obsesión, ya que los años 90 fueron un descontrol». Se admite, entonces, oficialmente la falta de control y la debilidad en la protección de esas zonas por el país. Según lo establece un informe de la Waters Society, y lo admiten la propia Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la Secretaría de Agricultura, la Argentina tiene un bajo porcentaje de áreas protegidas respecto de otros países (ver Es baja…).

Zona roja

Dentro de las zonas de seguridad, o en áreas de influencia —de acuerdo a las fuentes consultadas por Clarín—, están los siguientes inversores y puntos críticos de dominio extranjero:

Sesenta y tres explotaciones mineras en manos de multinacionales, que representan el 91 por ciento del total, porque sólo las seis restantes pertenecen a argentinos (ver Las minas…).

Los mayores terratenientes del país (sin contar al Estado, dueño de las tierras fiscales), como los italianos Carlo y Luciano Benetton, con un millón de hectáreas productivas en la Patagonia, según las fuentes.

El mayor propietario privado de recursos naturales vinculados al agua, en la Patagonia y en los esteros del Iberá correntino, el estadounidense Douglas Tompkins, quien controla, por ejemplo, propiedades de la naciente y de la desembocadura del río Santa Cruz, el más caudaloso de la Patagonia , desde la cordillera al Atlántico (ver Tompkins…).

Una empresa chilena, Arauco, que, asociada con capitales argentinos, compró casi el 6% del territorio de Misiones.

El inglés Charles Lewis, que es dueño de la mayor parte de El Bolsón y el Lago Escondido, en la frontera con Chile.

Un grupo estadounidense en Salta, AIG, que posee junto a la finca Jasimaná 1,5 millón de hectáreas, casi el 7% de la superficie de la provincia .

El magnate Ted Turner, que compró 55 mil hectáreas en Neuquén y Tierra del Fuego.

También está el campo comprado por la firma Nieves de Mendoza S.A. (NDM), en la Cordillera. Fue un desembarco del consorcio anglo-malayo Walbrook en Malargüe que se registró en 1999 para impulsar los deportes de invierno, la agricultura y el ganado caprino. En esa sociedad participa el malayo Pakiri Arumugam, cabeza visible del grupo. Este consorcio se creó cuando adquirió 150 mil hectáreas del llamado Campo El Alamo a la familia Fraga, estancieros y abogados de Buenos Aires, contó a Clarín el vicepresidente ejecutivo de NDM, Matías Buján. Este empresario argentino dijo que en 2001 adquirieron otras 150 mil hectáreas de Valle Hermoso a Bunge y Born. Es una de las zonas más bellas de la cordillera mendocina, en una franja fronteriza con Chile.

Y en Catamarca (Fiambalá), con 700 mil hectáreas, está el grupo GCN Combustibles SRL. El principal accionista sería aún el Grupo Nikkon.

Algo más, según cálculos de la Federación Agraria Argentina, admitidos por las fuentes gubernamentales y privadas consultadas: casi un 10 por ciento del territorio nacional —unos 270 mil kilómetros cuadrados— está vendido a extranjeros o a la venta. Hasta mayo de 2004, unas 31,4 millones de hectáreas correspondientes a las mejores tierras cultivables del país estaban en venta o en proceso de ser vendidas a inversores extranjeros. De los 31,4 millones, 17 millones (53,8%) ya habían sido vendidas a conglomerados extranjeros mientras que unos 14,5 millones (46,2%) estaban hipotecadas en la banca pública. La percepción de que esto ocurre, por lo pronto preocupa a los argentinos. Según una encuesta, nueve de cada 10 argentinos cree que se debe limitar o prohibir la venta a extranjeros de las tierras y de los recursos naturales. (ver Argentinos…)

Tres casos

Pero las inversiones extranjeras no parecen ser un problema en sí mismas. Sí la facilidad con que el Estado permitió —admiten los funcionarios consultados— que en zonas de seguridad y de recursos naturales no renovables o vitales, como el agua, se concentraran extensiones tan grandes en manos extranjeras.

El caso de Misiones ocurrió así: si bien las tierras pertenecían inicialmente a una empresa argentina, en 1996, el entonces secretario, brigadier Andrés Antonietti, «autorizó a Celulosa Arauco y Constitución S.A. a adquirir el 94,64% del paquete accionario de Alto Paraná S.A., manteniendo la empresa su denominación», dice la documentación de la SSI. A partir de ese momento, ese casi 6 por ciento de tierra misionera pertenece a una empresa chilena, que ha sido señalada por organizaciones ecologistas como responsable del talado indiscriminado del monte misionero. En 2004, el secretario de Seguridad Interior, Norberto Quantín, extiende la conformidad para que esta empresa adquiera 52.353 hectáreas en el departamento de Iguazú y 1.317 en Eldorado.

El caso Tompkins no es menos complejo. Compró en Colonia Manuel Quintana, provincia de Santa Cruz, 15 mil hectáreas en 1992 a través de dos fundaciones. Como fue rechazado su proyecto de inversión de reinserción del huemul (una especie de ciervo nativo que habita los bosques patagónicos y está en peligro de extinción), ofreció las tierras en donación a través de Patagonia Land Trust Argentina S.A. (una de las compañías de Tompkins) a Parques Nacionales. Pero esa donación, para la SSI, no se concretó ya que no existe registro de la transferencia de dominio de las fundaciones a la S.A. de Tompkins. Mal puede donar algo una firma si la tierra pertenece en los papeles a dos fundaciones.

Tompkins sí donó 60 mil has santacruceñas de Monte León a Parques Nacionales, pero retuvo otras 330 que controlan el cauce del río Santa Cruz. Además, en el caso de las estancias El Rincón o Don Aike, de un total de 42 mil has, las donaciones no se han efectuado o no se comprobaron inversiones, según la SSI.

El caso de GNC Combustibles SRL ocupa también la atención de los sabuesos del Gobierno (empezó a trabajar un equipo de abogados, expertos en maniobras financieras y agentes de inteligencia). Según los papeles de la SSI, la empresa pertenecería a los argentinos Claudio Gabriel Bunet y Felipe Antonio Albarracín, constituida en 2001. Son 616.000 has en Catamarca, de la estancia Cazadero Grande y otras que pertenecían a José Pepe Figueroa, ex senador menemista santiagueño que tenía más de 1.200.000 has. en la cordillera y ofreció tierras en garantía para la libertad de Menem en 2000.

Existe una escritura que indica que Juan Bautista Sigaut, apoderado de la empresa norteamericana Nikkon S.A., compra en 2001 las más de 600 mil has, que controlan el pasaje de gas desde Bolivia. Así, la escribana Brizuela Saadi deja registrado en la escritura 121 que no pide «conformidad para la venta a Nikkon» porque el apoderado es argentino. En 2003, Nikkon S.A. transfiere el paquete accionario, a nombre de Bunet y Albarracín, quienes, al ser argentinos, no están obligados a presentar proyectos de inversión y no necesitan permiso oficial para estas operaciones.

Los funcionarios admiten que el manejo de testaferros y pases accionarios debe ser controlado más allá de sus oficinas. Existen 10 proyectos de ley —impulsados por la Federación Agraria y distintos bloques políticos, ARI, PJ, socialistas— que aún no han sido discutidos para controlar y limitar esas compras, que la sociedad percibe como un despojo.

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