En forma sorpresiva e inesperada, ayer el Senado convirtió en ley el proyecto que suspende por 120 días los remates hipotecarios, esta vez con el aval de la Casa Rosada. La iniciativa, que el 28 de septiembre fue aprobada en Diputados sin apoyo del kirchnerismo, prevé que en los próximos cuatros meses el Gobierno intentará encontrar una «solución definitiva» para evitar que quienes hipotecaron su vivienda única en una escribanía, terminen en la calle por decisión de la justicia.
La iniciativa, que en Diputados fue impulsada por los legisladores del ARI y del duhaldismo mientras que ayer fue motorizada por el kirchnerismo, dispone suspender por 120 días los remates de todas las viviendas únicas y familiares que estuvieran hipotecadas por hasta 100.000 pesos (o dólares convertibles) y que entraron en mora entre enero de 2001 y septiembre del 2003. Y reabre por 120 días la posibilidad de ingresar al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria que creó la ley 25.798.
En la sesión, el jefe del bloque del PJ, Miguel Pichetto, aseguró que el Gobierno «está a la búsqueda de una solución definitiva» del problema, y se esmeró en dejar en claro que esta supensión «no es prórroga por tiempo indefinido, ni afecta la seguridad jurídica». Y remarcó su preocupación porque «mucha gente pueda perder su casa».
La «solución» que estaría preparando el Gobierno apunta a generar una nueva instancia de conciliación entre deudores y acreedores. Además, están trabajando en forma especial en los casos de los deudores «pre-convertibilidad» del Banco Hipotecario, que son unos 30.000 casos en mora.
Las opiniones fueron de diferente tono. Mientras la sanjuanina Nancy Avelín se quejó porque «a los bancos ya les dieron 20.000 millones de pesos en compensación y no hay compensación para los trabajadores que pierden sus viviendas», el cordobés Carlos Rossi se alegró ante la posibilidad de que la ley «tapone los remates». Y el radical Mario Losada prefirió no opinar «en homenaje a lo serio del tema».
En tanto, la salteña Sonia Escudero recordó que la situación es complicada porque muchos deudores cumplieron con todos los requisitos que establece la ley 25.798 para ingresar al Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria —que apuntaba a evitar los remates de los deudores privados— y pese a pagar puntualmente sus cuotas al Banco Nación igual fueron rematados porque muchos jueces consideraron que esta ley fue inconstitucional.
Hasta ahora, dos deudores fueron rematados y tres casos de ejecución por deudas con escribanías fueron suspendidos por orden de la Corte Suprema de Justicia, gracias a que el deudor presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal. De todas maneras, los miembros de la Corte aún no se expidieron sobre la cuestión de fondo, porque para eso deberían emitir un fallo sobre la constitucionalidad de la pesificación.
El 21 de octubre, Mabel Marchisio se encadenó frente al despacho de la juez Carmen Argibay para pedirle que sumara su voto al de otros dos miembros de la Corte y así frenara el remate de su casa, que finalmente fue ejecutada para pagar una deuda de 30.000 dólares. El martes, la Corte frenó el remate de una casa que había sido hipotecada por 222.565 dólares por su dueño que presentó un recurso de queja ante el máximo tribunal.
