Reves judicial para el gobierno provincial

La Justicia Provincial decidió rechaso «in limine» la presentación que realizó el Gobierno por presunta sedición contra los legisladores que integran la Sala Acusadora y que decidieron suspender al gobernador Jorge Colazo el pasado jueves. Ayer por la tarde, la Justicia Federal -donde se había presentado el escrito en primera instancia- se declaró incompetente y envió el expediente a la Justicia Provincial. Cabe señalar que el secretario Legal y Técnico de la Provincia, Pablo Abinal, podría ser pasible algún tipo de sanción por haber firmado el escrito oficial y no estar matriculado en Tierra del Fuego.
El Fiscal Federal Juan Soria y la jueza subrogante Mercedes Orgeira de Castañeda Paz decidieran declararse incompetentes, y la causa recayó en el juzgado de María Cristina Barrionuevo.
En primera instancia, la Fiscal Marcela Bragulat de Spratt rechazó el planteo del gobernador Colazo ya que no se reunieron los requisititos constitutivos de la figura de delictiva que se expuso en el requerimiento: la supuesta sedición de los legisladores provinciales.
Con el expediente sobre su escritorio, la jueza Barrionuevo decidió rechazar la pretensión oficial «in limine».
Abinal había presentado el jueves el escrito luego que fuera notificado de su suspensión el gobernador Colazo. La figura de sedición fue ampliamente difundida por los funcionarios colacistas aunque ya se prevía este desenlace judicial.
Los abogados consultados calificaron como un disparate jurídico la presentación del Secretario Legal y Técnico de la Provincia.
El rechazo «in limine» es el primes revés judicial para la estrategia de Colazo que, sin embargo, contará con el respaldo político y judicial que le permita seguir gobernando al menos hasta las elecciones legislativas del próximo domingo 23 de octubre.
Las versiones de una intervención federal a Tierra del Fuego, a partir de esa fecha, cada vez son más insistentes.
Por otra parte, el abogado patrocinante del del vicegobernador Hugo Cóccaro, presentó una denuncia contra el gobernador Colazo, todos los ministros, el vocero Eduardo Monchietti y la legisladora Patricia Pacheco por «asociación ilícita agravada, usurpación de títulos y honores, e incumplimiento de los deberes de funcionario público».