Rio Grande- Lo anunciamos hace mas de 20 días, que el Gobernador Jorge Colazo, había encargado a su abogado Ricardo Gil Lavedra el análisis de presentación de una medida extraordinaria a fin de dejar sin efecto todo lo actuado hasta ahora en cuanto al Juicio Político.
Ayer fue el propio Ministro de Coordinación de Gabinete, Edgardo Welch de Bairos quien confirmo que gobierno esta analizando esta posibilidad con los mismos y exactos fines que habíamos adelantado en esta pagina.
También dijimos en aquella oportunidad que el foro de abogados riograndenses estaba al tanto de esta situación y que integrantes del mismo veían como malos ojos dicha presentación porque era retrotraerse a la época menemista, que fue donde mas se utilizo esta posibilidad jurídica para evitar el paso por tribunales de los funcionarios del Presidente de la nación.
Welch sostiene que al no haber hecho lugar el Superior Tribunal de Justicia al pedido de nulidad interpuesto por el gobernador, no queda otra opción que hacer esta presentación ante la Corte Suprema de Justicia.
Si esto se concreta, el gobernador Colazo terminara su mandato sin inconvenientes, porque los profesionales consultados señalaron que el trámite podría demorar hasta 4 años.
Lo mas llamativo de esto que el propio Presidente de la Nación en 1998, ya utilizo este artilugio para lograr la reelección en la provincia de Santa Cruz por lo que no es extraño, si el Ministro Aníbal Fernández dice que la constitución de Tierra del Fuego es inconstitucional y el proceso de juicio político “una boludes” (sic), que apoye esta idea de presentar ante el mayor tribunal de país este puente jurídico.
Per saltum
Tal como lo vimos en el parágrafo 3.1, la regla general es que el juez no se puede «avocar» a una causa. Es decir, carece de facultades para atraer el litigio que se está tramitando en una instancia inferior. Debe respetar el principio de «juez natural».
Pero en los últimos tiempos apareció una figura jurídica que comporta una excepción: es el «per saltum», que están utilizando pacíficamente los tribunales superiores, tanto en el ámbito nacional como en el provincial.
Esa expresión latina significa «a través del salto», es decir, fuera del orden regular, omitiendo algo que debiera preceder o intermediar.
Desde el punto de vista jurídico, es un mecanismo excepcional «que ha ingresado a nuestras prácticas con vocación de permanencia, aunque a manejarse con extrema cautela y ponderación», según nos enseña el maestro Augusto Mario Morello (Estudios de Derecho Procesal, to. II, pág. 809).
Se utiliza en situaciones excepcionales, en busca de un modo más real y efectivo de hacer justicia.
En el año 1984, se presentó un proyecto en la Comisión de Reformas a la ley 48, realizado por Carlos Alconada Aramburú, que incluía el per saltum, pero hasta el momento de escribir estas líneas (abril de 2001), no había sido sancionado.
PER SALTUM PARA SALVAR LA RE-REELECION DE KICHNER
En un hecho inédito en la historia de la justicia de la provincia de Santa Cruz, el Tribunal Superior se apoderó del expediente que
tramitaba un juez de la localidad de Puerto Deseado, en que el magistrado de primera instancia había ordenado la suspensión de la consulta obligatoria prevista para el 17 de mayo.
El concejal de la Alianza Juan Carlos Martínez había presentado un recurso de amparo requiriendo al juez de Puerto deseado que resolviera la inconstitucionalidad de la convocatoria a consulta obligatoria y vinculante para reformar la Constitución y habilitar la reelección indefinida del gobernador Kirchner. Esta acción se inscribe en el esfuerzo que realiza la Alianza para exigir a la justicia un pronunciamiento sobre
la legalidad del procedimiento adoptado por el gobierno de Santa Cruz para reformar la Constitución, evadiendo la expresa exigencia de mayorías especiales.
Hoy, la Fiscal de Estado, Angelina Abona, realizó una presentación requiriendo al Tribunal Superior de la provincia que se aboque directamente al expediente, quitándolo de la instancia natural donde estaba en pleno trámite. La máxima instancia judicial de Santa Cruz, cuyo numero fue ampliado por Kirchner hace dos años incorporando al hasta ese momento apoderado de su partido, a la esposa de un ministro y al único abogado que justificó públicamente tal medida, envió un oficio urgente ordenando al juez Oliva Day la remisión del expediente en un plazo de doce (12) horas, perpetrando un inédito per saltum santacruceño por un procedimiento que no prevé el Código Procesal y que imita la actitud del menemismo en el caso de la privatización de Aerolíneas Argentinas.
La mesa provincial de la Alianza denuncia el fin de la legalidad en Santa Cruz porque, si a través de ese medio, que no es el habilitado por la legalidad, se revoca la decisión judicial que suspende la consulta, estaríamos ante una violación escandalosa del estado de derecho y se perpetraría un verdadero fraude.
El gobierno de Santa Cruz está obligando a la ciudadanía de la provincia a concurrir a votar el próximo 17 de mayo en contra de la Constitución provincial y el Tribunal Superior, notoriamente
dependiente del Poder Ejecutivo, sin ningún pudor y sin cuidado siquiera por las formas más elementales, primero evitó pronunciarse sobre la legalidad de la convocatoria y ahora, ante la decisión del juez que suspendió la consulta, arrasa con cuanta norma existe y aplica un procedimiento inexistente en el estado de derecho, que viola los principios constitucionales de la legalidad de proceso y del derecho al juez natural.
Solamente la desesperación del gobierno para garantizarse la impunidad explica la violación escandalosa de la legalidad que se haya producido jamás en la provincia por parte de un gobierno constitucional.
Frente a estos hechos la Alianza denuncia el fraude y niega toda legitimidad a la consulta que se pretende realizar contra todo el ordenamiento.
Carlos Pérez Rasetti Roberto Giubetich
Diputado Provincial Diputado Provincial
Frepaso U.C.R.
Mayo de 1998.
