Fuertes críticas descargó ayer la oposición en la Cámara de Diputados contra el oficialismo, cuya ausencia en la sesión especial permitió la aprobación tácita —prohibida expresamente por la Constitución Nacional— del acuerdo del Gobierno con la empresa de electricidad Transener.
La sesión fracasó por falta de número, al no alcanzar los 129 diputados que exige el quórum (hubo 102). Hubo 30 duhaldistas, otros tantos radicales y el resto fueron aristas, socialistas, pattistas y bloques de izquierda.
Es la octava vez que el bloque que ahora preside un cuarteto de peronistas no duhaldistas logra que el silencio de la Cámara de Diputados deje firme un acta de renegociación entre los funcionarios de la Unidad de Renegociación de los contratos (Uniren) y empresas encargadas de los servicios públicos.
Ese silencio se corresponde con la ley votada el año pasado según la cual en caso de no pronunciarse el Congreso en el término de 60 días, queda en pie el acuerdo que el Poder Ejecutivo le remite para su consideración.
La saga comenzó hace dos meses con el acuerdo con las dos concesionarias de las autopistas norte y las cuatro terminales portuarias porteñas.
Siguió hace veinte días con Distrocuyo, distribuidora de electricidad en esa región y ayer con la sociedad anónima encargada del transporte de energía eléctrica de alta tensión. La novena aprobación ficta se aguarda con la transportadora bonaerense también de electricidad Transba, si Diputados no la vota antes del viernes de la próxima semana.
«La voluntad de cada Cámara debe manifestarse expresamente; se excluye, en todos los casos, la sanción tácita o ficta», dice el artículo 82 de la Constitución reformada en 1994.
La sesión especial fue requerida por el bloque del ARI, que preside Eduardo Macaluse, dado que no iba a realizarse la convencional de tablas para no tratar ésa y otras cuestiones como la suspensión de los desalojos por deudas hipotecarias (ver aparte).
La diputada radical Silvina Leonelli, presidenta de la comisión bicameral encargada de tratar los acuerdos en función de facultades legislativas delegadas al PEN, reivindicó la labor de ese grupo integrado por legisladores de distintos partidos y calificó la renegociación como una » vergüenza».
La arista María América González, el socialista Héctor Polino, Claudio Lozano (ATE) («esto significa un incremento del 46% de la tarifa») y la duhaldista Graciela Camaño, que hasta ayer respaldó todos los acuerdos («éste tiene gravísimas irregularidades») fustigaron sin réplicas.
El diputado Osvaldo Nemisrovsci —kirchnerista que integra el comando del bloque del gobierno— respondió después a los periodistas con un «seguimos el criterio del Poder Ejecutivo». Así de claro.
Fuente Diario Clarin
