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Informe: Wilmar Caballero, corresponsal de Clarín en Tierra del Fuego.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego ordenó restituir preventivamente al suspendido gobernador Jorge Colazo hasta tanto se resuelva el planteo de inconstitucionalidad que los abogados del mandatario fueguino presentaron ante la Corte provincial.
Ahora, el máximo tribunal fueguino deberá expedirse definitivamente sobre el tema. Hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo», exigió la «inmediata reposición del gobernador.
Con esta decisión deja sin efecto provisoriamente la suspensión por 60 días ordenada por la Sala Acusadora de la Legislatura, pero no anula el pedido de juicio político. El próximo paso es que, en un plazo de 60 días, la Sala Juzgadora se expida sobre el caso. Si no lo hace, el gobernador quedaría libre de culpa y cargo.
Como consecuencia de la medida del Tribunal Superior, Colazo inició una reunión con su gabinete, al tiempo que sectores de la Legislatura anunciaron que denunciarían al máximo tribunal. Mientras, manifestantes apoyaban al gobernador en las inmediaciones a la Casa de Gobierno provincial. Ahora, la Secretaría Legal y Técnica de la provincia deberá analizar lo actuado por el vice Hugo Cóccaro en estas casi 72 horas al poder.
Con la decisión de la Sala Acusadora, Cóccaro asumió en sus funciones a cargo de Tierra del Fuego y designó a un nuevo gabinete. Junto a Colazo, llegaron al Gobierno en una alianza de sectores del PJ y la UCR. Pero su relación se deterioró rápidamente, al punto que en abril el gobernador denunció un plan para matarlo, en un «magnicidio» supuestamente instigado por su vice.
Cóccaro nombró a un nuevo gabinete con la intención de permanecer en el cargo el resto del mandato de Colazo, que finaliza en enero del 2008. Y esta mañana fue el encargado de anunciar de manera oficial el fallo judicial que restituye provisoriamente al gobernador. Sobre el tema, aseguró que la medida plantea «un conflicto de poderes porque los legisladores no están de acuerdo con la decisión».
Colazo, un ex radical que se unió en los últimos meses a las filas kirchneristas del Frente para la Victoria, está acusado de falta de deberes de funcionario público por haber ordenado retener fondos coparticipables del Municipio de Río Grande y por cambios de partidas del presupuesto. (Archivo 10/09/2005)
