El último recurso es la intervención

Por Daniel Sabsay Para LA NACION

La suspensión del gobernador de Tierra del Fuego por la Legislatura provincial en el marco de un juicio político en su contra ha desatado una crisis institucional. En efecto, a pocas horas de interpuesto un recurso ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), éste ha dictado una medida por medio de la cual deja en suspenso lo decidido por el Poder Legislativo, restituyendo al titular del Ejecutivo en su cargo.

Con anterioridad a ello, el vicegobernador, ya a cargo de la gobernación había removido a la totalidad del gabinete de ministros y designado a los nuevos integrantes de éste.

Es de destacar que esta situación es la resultante de un estado de cosas que vienen sucediéndose casi desde el acceso al poder de una coalición, encarnada por la dupla Colazo-Cóccaro, representantes del radicalismo y del justicialismo, respectivamente.

Durante menos de dos años, las desavenencias entre los nombrados han sometido a la provincia a una dificultosa gobernabilidad.

Este panorama de gravedad institucional se ve acentuado por la falta de legitimidad que exhiben integrantes del Supremo Tribunal de Justicia (STJ), magistrados sin antecedentes para el ejercicio de tan elevadas funciones, pero recordados por su poco feliz desempeño en la presidencia de Menem, caso de Klass, y durante el último gobierno militar, situación de Robbio. Así lo demuestra la ausencia de fundamentos que exhibe la medida dictada en la que se hace una vaga alusión al derecho de defensa del gobernador, sin ahondar en las causas que sustentan tan extrema decisión.

El control judicial de los actos de gobierno es fundamental siempre que no interfiera en la actividad normal de los poderes políticos y que no implique una toma de posición favorable a una de las partes en conflicto. Máxime si tenemos en cuenta que Colazo es un aliado incondicional del gobierno nacional.

Es de recordar que recientemente publicó una solicitada en varios diarios nacionales en apoyo de la candidatura de la esposa del Presidente a senador por la provincia de Buenos Aires y que para ello habría utilizado fondos públicos.

Ante la seriedad de los hechos, cabe llamar la atención de las autoridades para que las decisiones que se tomen tengan exclusivamente en cuenta el interés general y no las necesidades político-partidarias del momento.

Desde el ámbito nacional deben extremarse la medidas tendientes a encontrar una solución negociada, dejando la intervención federal como último remedio y dando prioridad a la participación de la ciudadanía, que es la verdadera depositaria del poder y en quien reposa la legitimidad de quienes son sus transitorios gobernantes.

El autor es profesor titular de Derecho Constitucional (UBA)

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