Sentado junto al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, en la sala de conferencias de la Casa Rosada, el titular del bloque de senadores del PJ, Miguel Pichetto, comunicó anoche la decisión de postergar el tratamiento del polémico proyecto de ley sobre secretos de Estado que promovió junto a otros tres legisladores kirchneristas.
El contenido de la iniciativa, revelado el domingo por Clarín, dispone ampliar las atribuciones del Gobierno para ocultar información oficial. De aprobarse, además de los organismos que ya cuentan con esas facultades —la SIDE y el Ministerio de Defensa— podrían establecerlas el Presidente, el jefe de Gabinete, el canciller, el ministro del Interior y las fuerzas de seguridad. También le otorga al Congreso la posibilidad de tomar medidas secretas.
La difusión del proyecto provocó un fuerte rechazo de la oposición y el Gobierno trató de tomar distancia, asegurando que no estaba al tanto del texto, pese a los estrechos vínculos de los cuatro senadores que lo firmaron con la Casa Rosada. Además de Pichetto, figuran la mendocina Marita Perceval, el fueguino Mario Daniele y la bonaerense Diana Conti, de origen frepasista.
En la conferencia de prensa de ayer, el jefe de Gabinete insistió en sostener que el Gobierno sería ajeno al proyecto. Lo mismo sostuvo Pichetto, que había estado reunido previamente con el funcionario. Dijo además que no limita la libertad de prensa.
«No conocíamos la norma y la estamos estudiando», afirmó Alberto Fernández. Y dio un paso más: aseguró tener «diferencias» con la facultad que el proyecto le adjudica al organismo que encabeza para fijar qué medidas colocar bajo secreto.
Al mismo tiempo, el funcionario acusó de «falta de rigor periodístico» a los diarios Clarín —que dio a conocer el proyecto— y La Nación —que se hizo eco del mismo tres días más tarde— por haber vinculado al Gobierno con el intento de extender las facultades para dictar medidas secretas.
La polvareda que levantó el proyecto se coló en la campaña, a partir de la reacción opositora. Y el jefe de Gabinete puso énfasis en subrayar que dos de los dirigentes que cuestionaron la iniciativa de los senadores oficialistas presentaron iniciativas similares en años anteriores. Mencionó a Elisa Carrió, jefa del ARI y candidata a diputada por Capital, y al senador radical Gerardo Morales, que va por la reelección en Jujuy. «Los críticos de hoy se olvidan de lo que proponían», dijo.
En ese marco, Fernández buscó exhibir como contracara la actitud asumida por la principal candidata oficialista, Cristina Kirchner —quien compite por una banca de senadores en Buenos Aires—, frente a los secretos oficiales. Recordó que fue la impulsora del proyecto para derogar las leyes secretas —que tiene media sanción del Senado— y de las modificaciones introducidas a la ley de Acceso a la Información Pública. Por estas reformas quedó congelada la sanción de la norma aprobada previamente por los diputados.
A su turno, Pichetto explicó que se optó por aplazar la discusión de la iniciativa hasta encontrar un momento de «serenidad» y se comprometió a convocar a un amplio debate, que incluya a los medios periodísticos. También pidió que «se terminen las teorías conspirativas».
Al defender la norma, alegó que «en todo país serio se restringe información a la población», comparando el proyecto del que es promotor con la legislación estadounidense, que faculta al Gobierno a mantener «información cifrada» por 20 años.
El senador afirmó que los secretos que dispone el proyecto se limitan a «cuestiones sensibles» ligadas a la defensa nacional, seguridad interior, actividades de inteligencia, planes militares, además de asuntos sensibles de gobiernos extranjeros y sistemas científicos y tecnológicos.
