1. Su oposición a todo avasallamiento de cualquiera de los poderes del estado por parte de otro u otros, reconociendo los principios constitucionales de división de poderes.
2. Su reconocimiento a la vigencia constitucional del juicio político, y su legitimidad como instrumento valedero del ejercicio de la democracia, por el que se habilita a cualquier ciudadano a ejercer su derecho de accionar ante sus representantes si entiende vulneran su mandato.
3. Su respaldo a la Legislatura Provincial como único poder del estado con competencias y atribuciones para llevar adelante, sin interferencia de ningún tipo, el proceso de juicio político a cualquier funcionario que haya sido denunciado, sin importar su rango o jerarquía.
4. Su Compromiso en la defensa de las instituciones constitucionales, el ejercicio pacífico de la democracia y la convivencia ciudadana en un marco de respeto por el estado de derecho.
5. Su repudio a cualquier forma de intervención institucional que vulnere los mecanismos constitucionales previstos en la Constitución Provincial.
