Cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública, la solicitud de revisión de legalidad de las concesiones de pesca en el marco de la Ley 352, y la investigación patrimonial del Gobernador Jorge Colazo y del Ministro de la Producción Marcelo Morandi y la de sus familiares, son los hechos denunciado por estos Legisladores.
Esta es la trascripción donde rezan las denuncias por irregularidad en el otorgamiento de permisos de pesca, ante la Justicia, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía de Estado:
Al Sr. Agente Fiscal en turno
I.-
Que, habiendo tomado conocimiento a través de los medios masivos de comunicación de la Provincia de hechos de los que pudieran resultar tipificados en nuestro Código Penal, conforme a lo que en el presente se desarrolla, venimos por el presente a formular denuncia tendiente a que se investiguen los probables ilícitos que a continuación se describen.
II.-
Que, el día viernes 29 de julio de 2.005, aparece publicado en el periódico Provincia 23 un reportaje al ex polifuncionario del Poder Ejecutivo Provincia, Alejandro Vernet.
En dicho reportaje el empresario vinculado a la gestión del actual Gobernador Colazo desliza y sugiere tráfico de influencias entre empresas pesqueras y funcionarios de la actual gestión, financiamiento espúreo de campañas políticas, irregularidades en el otorgamiento y/o concesión de permisos de pesca y, lisa y llanamente, negociados y enriquecimientos de actuales funcionarios.
En este sentido, el ex polifuncionario había señalado que “los intereses de la pesca”, en las decisiones políticas del Gobernador, se encuentran por encima de “los intereses del conjunto de todos los fueguinos”. Y sugiere que el representante de dichos intereses sectoriales sería el actual Ministro de la Producción, Marcelo Morandi, a quien Vernet califica como “el cajero de la pesca”.
En su calificación a Morandi como “cajero de la pesca”, el ex ministro, ex asesor, ex funcionario de puertos de la actual gestión, sugiere vinculaciones y negociaciones irregulares, con motivo del otorgamiento de permisos de pesca en determinadas empresas.
Por cierto, no solamente desliza negociaciones incompatibles o irregulares de funcionarios públicos, sino también la posibilidad de que, con motivo de las mismas, algunos funcionarios se beneficiaran patrimonialmente, de manera ilegal. Ese parece ser el sentido que se desprende del reportaje, cuando expresa que habría que “investigar a muchos funcionarios que cruzan el charco cada vez que firman un permiso de pesca”, refieriéndose al “charco que hay al frente, Uruguay”, país conocido por un sistema bancario muy discreto respecto de sus cuentas, agrega Provincia 23.
Valga agregar que Vernet, a partir de dicha nota, concedió otras. Entre otros, al periodista Daniel Puebla. Allí en el programa emitido en el programa del viernes 29 de Julio de 2005 en Aire Libre FM (96.3), a la tarde, el reportado expresa que el cruce del “charco”, pudo haberse hecho tanto para depositar dineros ilegales, como para “cobrar”.
En este sentido, de la desgrabación de dicho reportaje resulta:
DP: “Bueno vamos a aclararle a la gente, aunque Vernet no lo diga, pero la cosa era así: se cobraban los permisos de pesca y alguien, algún funcionario de la provincia, viajaba a Uruguay justamente para depositar dinero en cuentas, en bancos uruguayos que tienen un secreto….”
AV: “Sí o no, no hace falta ir a depositar….”
DP: “Bueno, pero Ud. dice que viajaban con valijitas. Si viajaban con valijitas con dinero, se supone que es para depositarlo en cuentas que tienen un secreto bancario”.
AV: “Sí, pero no siempre se va al Banco a depositar….”
DP: “Sí también se va a cobrar, qué se yo….”
AV: “No siempre se va al banco a depositar, eh?”
Ampliando sus dichos, el día 01-08-05 en el programa radial “A último momento” que se emite por F.M. del sur de la ciudad de Ushuaia, según se desprende del portal “botella al mar” www.botellaalmar.com.ar, “El ex ministro Coordinador, Alejandro Vernet ratificó hoy que “tengo fuertes indicios de que hay varios funcionarios que han cruzado el charco”, en relación a los integrantes del gabinete de Jorge Colazo que habrían ido a depositar en bancos del Uruguay dinero proveniente de la corrupción, según deslizó el dirigente radical”.
“Vernet precisó –agrega el portal- que “hay funcionarios que fueron a Uruguay por dos o tres días aún cuando el cielo estaba nublado”, graficó para descartar la posibilidad de que se trate de una salida de descanso en las playas de Punta del Este o similares”.
III.-
Ante las declaraciones del ex ministro de la actual gestión del Gobernador Colazo, parece apropiado llamar a las cosas por su nombre, y terminar con el eufemismo político.
Si el Sr. Alejandro Vernet, habla de irregularidades, de intereses pesqueros que se sobreponen a los intereses de la comunidad, de funcionarios “cajeros”, de funcionarios que viajan al Uruguay sugiriendo que lo hacen para depositar o percibir un botín, pues entonces, el Sr. Vernet está haciendo referencia a la posible comisión de delitos.
En este sentido, para ser más precisos, de los delitos de cohecho (art. 256 y 258) y negociaciones incompatibles con la función pública (265).
IV.-
Se hace saber que, por las mismas declaraciones también se ha presentado en el día de la fecha un pedido a la fiscalía de estado, a la que nos remitimos (y cuya copia acompañamos), que en nuestro entender puede resultar de interés para la causa, por lo que sugerimos se soliciten, en su momento, la investigación y conclusiones de dicha presentación.
V.-
Sin perjuicio de cualquier otra medida que en su criterio resultara de interés para la causa, solicitamos que con carácter URGENTE, se cite a prestar declaración testimonial al Sr. Alejandro VERNET, en relación a los hechos planteados en la presente.
VI.-
Por lo expuesto solicitamos:
1).- Se tenga por formulada la presente denuncia;
2).- Se dispongan las medidas de prueba que se estimen pertinentes, en especial, se cite a prestar declaración testimonial al Sr. Alejandro Vernet.
3).- Se requiera la pertinente instrucción.
Será Justicia.
Sr. Presidente Tribunal de Cuentas de la Provincia:
I.-
Que, en atención a los hechos que se mencionan en el presente –actualmente de público conocimiento-, solicitamos se disponga la realización de las siguientes investigaciones:
1).- Se realice un exhaustivo control de legalidad de la totalidad de concesiones de permisos de pesca concedidos en el marco de la ley provincial de pesca (ley 244), expidiéndose el Tribunal respecto de la validez de los mismos y el cumplimiento por parte de las empresas beneficiarias de las obligaciones fiscales que les corresponden.
Asimismo solicitamos se investigue si, una vez otorgados, la autoridad de aplicación realiza en forma efectiva los controles adecuados en orden a la confección y seguimiento de los registros que la ley impone, los controles sobre la captura que se realizan, inspecciones realizadas en puerto e inspecciones realizadas a bordo y cuotas de captura, a los fines de determinar las imposiciones e ingreso de los valores a las cuentas públicas.
En este orden de ideas, el control de legalidad deberá extenderse a los efectos de determinar el adecuado cumplimiento de lo estipulado por el art. 4 de la ley de pesca de la provincia, con las consideraciones especiales que se detallan en el presente escrito.
II.-
Que, el día viernes 29 de julio de 2.005, aparece publicado en el periódico Provincia 23 un reportaje al ex polifuncionario del Poder Ejecutivo de la Provincia, Alejandro Vernet.
En dicho reportaje el empresario vinculado a la gestión del actual Gobernador Colazo desliza y sugiere tráfico de influencias entre empresas pesqueras y funcionarios de la actual gestión, financiamiento espúreo de campañas políticas, irregularidades en el otorgamiento y/o concesión de permisos de pesca y, lisa y llanamente, negociados y enriquecimientos de actuales funcionarios.
En este sentido, el ex polifuncionario había señalado que “los intereses de la pesca”, en las decisiones políticas del Gobernador, se encuentran por encima de “los intereses del conjunto de todos los fueguinos”. Y sugiere que el representante de dichos intereses sectoriales sería el actual Ministro de la Producción, Marcelo Morandi, a quien Vernet califica como “el cajero de la pesca”.
En su calificación a Morandi como “cajero de la pesca”, el ex ministro, ex asesor, ex funcionario de puertos de la actual gestión, sugiere vinculaciones y negociaciones irregulares, con motivo del otorgamiento de permisos de pesca en determinadas empresas.
Por cierto, no solamente desliza negociaciones incompatibles o irregulares de funcionarios públicos, sino también la posibilidad de que, con motivo de las mismas, algunos funcionarios se beneficiaran patrimonialmente, de manera ilegal. Ese parece ser el sentido que se desprende del reportaje, cuando expresa que habría que “investigar a muchos funcionarios que cruzan el charco cada vez que firman un permiso de pesca”, refiriéndose al “charco que hay al frente, Uruguay”, país conocido por un sistema bancario muy discreto respecto de sus cuentas, agrega Provincia 23.
Nos parece que, teniendo en cuenta estos puntos principales, Ud. deberá emitir opinión en relación al objeto del presente.
Asimismo, en razón de que las irregularidades no solamente se encuentran en el otorgamiento de los permisos, sino también en los consecuentes controles, una vez que éste se ha otorgado, debe realizarse también un detallado estudio de los registros que se llevan, los controles sobre la captura que se realizan, inspecciones realizadas en puerto e inspecciones realizadas a bordo, y cuotas de captura.
En este orden de ideas, desagregando el punto 1) del objeto del presente, solicitamos que el control de legalidad se extienda a los efectos de determinar el adecuado cumplimiento de lo estipulado por el art. 4 de la ley de pesca de la provincia.
En especial, si la autoridad de aplicación:
1).- ha procedido a determinar épocas y zonas de veda de las especies hidrobiológicas y las áreas de reservas marinas, y si controla –por medios adecuados- que ello se respete;
2).- si ha definido las especies susceptibles de captura y cultivo, cantidad y tamaño, movilidad de pesca y las zonas donde dichas actividades pueden efectivizarse; si determinadas las cuotas de captura controla –por medios adecuados- su efectivo cumplimiento.
3) Mecanismo por el que se determinan las cuotas de captura por especie y forma en que se distribuyen entre las empresas que cuentan con permisos de pesca provincial, y procedimiento de control de los mismos.
4) si se ha cumplido con los informes y presentación de declaraciones juradas que permiten la liquidación de los tributos a los que está sujeta la actividad, y si se han ingresado los fondos pertinentes.
5).- si se ha reglamentado el desenvolvimiento de las actividades necesarias para lograr el objetivo de preservación, conservación y protección de los recursos hidrobiológicos; en su caso en que consiste, y los medios establecidos para su control.
6) si ha establecido normas para el manejo, conservación y traslado de las especies capturadas; en su caso se determine su consistencia, y los medios establecidos para el control de las mismas.
7) si lleva los registros a los que hace referencia la presente Ley de Pesca de la Provincia y sus reglamentos;
8) Si se ha concretado el Programa de Observadores a Bordo, creado por Decreto N° 3862/04, buques en los que se ha intervenido, resultados de las observaciones y registros de embarque del personal.
9) Si se ha reglamentado, conformado y puesto en funcionamiento el Consejo Provincial de Pesca, creado por art. 51 de la Ley 244, sus resoluciones y dictámenes sobre la asignación de las cuotas de captura.
10) si se realizan estudios impactoambientales y/o se han aprobado la evaluación de impacto ambiental de las actividades propias de la extracción y cultivo de productos hidrobiológicos, en su caso deberán requerirse los mismos y procederse a su detallado análisis.
11).- Si se han impuesto algún tipo de infracciones, en su caso determine en que consisten, e individualize al infractor.
12).- Importes que ingresan en concepto de percepción de permisos de pesca comercial, el que deberá ser individualizado respecto de cada permiso otorgado, de acuerdo a la categoría dada a la autorización.
III.-
Por lo expuesto solicitamos:
1).- Por presentado el presente pedido;
2).- Se inicien las investigaciones solicitadas;
3).- Oportunamente, se resuelva fundadamente nuestra petición y, a las resultas de la investigación, se inicien las acciones administrativas y legales que correspondan.
Sr. Fiscal de Estado:
I.-
Que, en atención a los hechos que se mencionan en el presente –actualmente de público conocimiento-, solicitamos se disponga la realización de las siguientes investigaciones:
1).- Se realice un exhaustivo control de legalidad de la totalidad de concesiones de permisos de pesca concedidos en el marco de la ley provincial de pesca (ley 244), expidiéndose el Sr. Fiscal respecto de la validez de los mismos.
Asimismo solicitamos se investigue si, una vez otorgados, la autoridad de aplicación realiza en forma efectiva los controles adecuados en orden a la confección y seguimiento de los registros que la ley impone, los controles sobre la captura que se realizan, inspecciones realizadas en puerto e inspecciones realizadas a bordo y cuotas de captura.
En este orden de ideas, el control de legalidad deberá extenderse a los efectos de determinar el adecuado cumplimiento de lo estipulado por el art. 4 de la ley de pesca de la provincia, con las consideraciones especiales que se detallan en el presente escrito.
2).- Se disponga, en el marco de la ley provincial 352, una exhaustiva investigación sobre la evolución patrimonial del Sr. Gobernador de la Provincia de Tierra del Fuego, Mario Jorge COLAZO y el Ministro de la Producción Marcelo MORANDI, desde el momento en que ingresaran a la función pública hasta la actualidad, determinando los incrementos patrimoniales habidos, su justificación, su nivel de vida actual y la de sus familias, requiriéndose las declaraciones juradas de bienes que fueran presentadas con motivo de sus distintos cargos públicos, a los efectos del presente pedido, sin perjuicio de cualquier otra medida que el Sr. Fiscal entienda corresponda y, para el supuesto de observarse algún tipo de incremento patrimonial injustificado y/o la omisión maliciosa de declaraciones juradas, se inicien las acciones que correspondan.
II.-
Que, el día viernes 29 de julio de 2.005, aparece publicado en el periódico Provincia 23 un reportaje al ex polifuncionario del Poder Ejecutivo de la Provincia, Alejandro Vernet.
En dicho reportaje el empresario vinculado a la gestión del actual Gobernador Colazo desliza y sugiere tráfico de influencias entre empresas pesqueras y funcionarios de la actual gestión, financiamiento espúreo de campañas políticas, irregularidades en el otorgamiento y/o concesión de permisos de pesca y, lisa y llanamente, negociados y enriquecimientos de actuales funcionarios.
En este sentido, el ex polifuncionario había señalado que “los intereses de la pesca”, en las decisiones políticas del Gobernador, se encuentran por encima de “los intereses del conjunto de todos los fueguinos”. Y sugiere que el representante de dichos intereses sectoriales sería el actual Ministro de la Producción, Marcelo Morandi, a quien Vernet califica como “el cajero de la pesca”.
En su calificación a Morandi como “cajero de la pesca”, el ex ministro, ex asesor, ex funcionario de puertos de la actual gestión, sugiere vinculaciones y negociaciones irregulares, con motivo del otorgamiento de permisos de pesca en determinadas empresas.
Por cierto, no solamente desliza negociaciones incompatibles o irregulares de funcionarios públicos, sino también la posibilidad de que, con motivo de las mismas, algunos funcionarios se beneficiaran patrimonialmente, de manera ilegal. Ese parece ser el sentido que se desprende del reportaje, cuando expresa que habría que “investigar a muchos funcionarios que cruzan el charco cada vez que firman un permiso de pesca”, refiriéndose al “charco que hay al frente, Uruguay”, país conocido por un sistema bancario muy discreto respecto de sus cuentas, agrega Provincia 23.
Valga agregar que Vernet, a partir de dicha nota, concedió otras. Entre otros, al periodista Daniel Puebla. Allí en el programa emitido en el programa del viernes 29 de Julio de 2005 en Aire Libre FM (96.3), a la tarde, el reportado expresa que el cruce del “charco”, pudo haberse hecho tanto para depositar dineros ilegales, como para “cobrar”.
En este sentido, de la desgrabación de dicho reportaje resulta:
DP: “Bueno vamos a aclararle a la gente, aunque Vernet no lo diga, pero la cosa era así: se cobraban los permisos de pesca y alguien, algún funcionario de la provincia, viajaba a Uruguay justamente para depositar dinero en cuentas, en bancos uruguayos que tienen un secreto….”
AV: “Sí o no, no hace falta ir a depositar….”
DP: “Bueno, pero Ud. dice que viajaban con valijitas. Si viajaban con valijitas con dinero, se supone que es para depositarlo en cuentas que tienen un secreto bancario”.
AV: “Sí, pero no siempre se va al Banco a depositar….”
DP: “Sí también se va a cobrar, qué se yo….”
AV: “No siempre se va al banco a depositar, eh?”
Ampliando sus dichos, el día 01-08-05 en el programa radial “A último momento” que se emite por F.M. del sur de la ciudad de Ushuaia, según se desprende del portal “botella al mar” (www.botellaalmar.com.ar ), “El ex ministro Coordinador, Alejandro Vernet ratificó hoy que “tengo fuertes indicios de que hay varios funcionarios que han cruzado el charco”, en relación a los integrantes del gabinete de Jorge Colazo que habrían ido a depositar en bancos del Uruguay dinero proveniente de la corrupción, según deslizó el dirigente radical”.
“Vernet precisó –agrega el portal- que “hay funcionarios que fueron a Uruguay por dos o tres días aún cuando el cielo estaba nublado”, graficó para descartar la posibilidad de que se trate de una salida de descanso en las playas de Punta del Este o similares”.
En definitiva Sr. Fiscal, de las expresiones del ex ministro Vernet surgen, como mínimo, tres cuestiones principales, para las cuales Ud. tiene competencia –y el DEBER- de iniciar una exhaustiva y detallada investigación, a saber: a).- la posibilidad de la existencia de irregularidades en el otorgamiento de permisos de pesca y el control sobre los mismos. b).- la posibilidad de que, con motivo de lo anterior, por sus acciones u omisiones, los funcionarios responsables del otorgamiento y control de los permisos de pesca, se hubieren enriquecido en forma ilegal y, c).- la posibilidad de que se encuentre el sector pesquero financiando en forma ilegal a funcionarios, partidos políticos o campañas políticas, así como que en la más altas esferas del Gobierno Provincial, sean atendidos los intereses de las empresas pesqueras en perjuicios de los intereses de nuestra comunidad.
Nos parece que, teniendo en cuenta estos puntos principales, Ud. deberá emitir opinión en relación al objeto del presente.
III.-
En primer lugar, lo que subyace en los dichos del ex ministro Vernet, es la constatación de lo que el A.R.I. viene diciendo, a nivel nacional, respecto de la depredación de los recursos pesqueros, los intereses cruzados, y la red de corrupción que campea en dicho ámbito.
En este sentido, en el informe preliminar del ARI sobre gestión de los recursos pesqueros (véase www.ari.gov.ar), se señaló:
“Del análisis de la documentación obtenida – y de la que ya hemos dado cuenta en informes anteriores – podemos concluir que en materia pesquera se ha instaurado un accionar corrupto que abarca no sólo a los funcionarios intervinientes en todo el circuito de obtención de permisos, transferencias y formulación de cuota de captura, sino que se extiende a gran parte del empresariado que, mediante prácticas reñidas con la ética, fue captando la actividad.
En la actualidad, y como consecuencia del accionar denunciado, la actividad pesquera se encuentra concentrada en grandes grupos económicos que, en connivencia con los distintos funcionarios de turno y mediante prácticas que nada tienen que ver con el desarrollo de una actividad lícita, depredan nuestros mares, imponen el precio y la modalidad de compra, generan monopolios y obtienen el uso exclusivo de la infraestructura portuaria, en desmedro de pequeñas cooperativas y empresas de capitales nacionales y poniendo en riesgo la sustentabilidad del recurso.
Al respecto los Informes realizados tanto por la Auditoría General de la Nación y por la Universidad de Buenos Aires, dejan al desnudo varias realidades:
En primer lugar una descripción detallada de un circuito a través del cual se viola toda la normativa vigente.
En segundo lugar, la inercia institucional que demuestra que a lo largo de cuatro años se han consolidado las redes de corrupción y se han reciclado funcionarios, algunos con vinculaciones empresariales y otros rotando sus roles.
De la lectura de ambos informes, se desprende una inobjetable y concluyente verdad. En la flota pesquera argentina hay una significativa cantidad de barcos que obtuvieron sus permisos ilegalmente. Buena parte del enorme enriquecimiento de las empresas propietarias de estos buques podría ser explicado en la ilegalidad con la que funcionarios inexcusablemente cómplices transfirieron recursos públicos a manos privadas. En este camino se falseo documentación, burlaron leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y acuerdos internacionales, se renovaron permisos vencidos, se incorporaron barcos factorías Europeos en reemplazo de lanchas de madera, se transfirieron permisos de barcos inexistentes hacia otros que aun pescan, se desaparecieron hojas y expedientes, se autorizaron transferencias de permisos de buques sin estudios comparativos ni dictámenes jurídicos, se determinó de forma arbitraria excedentes de capturas. Se violó sistemáticamente la legislación aplicable.
No estamos denunciando un hecho de corrupción, estamos denunciando la construcción de una red interinstitucional armada y consolidada, que actuó de manera sistemática para derivar a manos privadas, recursos que pertenecen al pueblo argentino”.
A partir de estos datos, aplicables a nivel nacional, nos parece que resulta imprescindible analizar la legalidad de la totalidad de los permisos de pesca otorgados hasta la fecha por parte de la Provincia de Tierra del Fuego, pues, en definitiva, las expresiones del ex – ministro Vernet deslizan la posibilidad de que también a nivel provincial nos encontremos ante la misma matriz de ilegalidad, influencias indebidas y beneficios recíprocos espúreos.
En este orden de ideas, parece adecuado, a los efectos de realizar la investigación, tomar los parámetros utilizados por la Universidad Nacional de Buenos Aires, a los mismos efectos; así como los efectuados por organismos de control nacionales en relación al mismo tema.
Asimismo, en razón de que las irregularidades no solamente se encuentran en el otorgamiento de los permisos, sino también en los consecuentes controles, una vez que éste se ha otorgado, debe realizarse también un detallado estudio de los registros que se llevan, los controles sobre la captura que se realizan, inspecciones realizadas en puerto e inspecciones realizadas a bordo, y cuotas de captura.
En este orden de ideas, desagregando el punto 1) del objeto del presente, solicitamos que el control de legalidad se extienda a los efectos de determinar el adecuado cumplimiento de lo estipulado por el art. 4 de la ley de pesca de la provincia.
En especial, si la autoridad de aplicación:
1).- ha procedido a determinar épocas y zonas de veda de las especies hidrobiológicas y las áreas de reservas marinas, y si controla –por medios adecuados- que ello se respete;
2).- si ha definido las especies susceptibles de captura y cultivo, cantidad y tamaño, movilidad de pesca y las zonas donde dichas actividades pueden efectivizarse; si determinadas las cuotas de captura controla –por medios adecuados- su efectivo cumplimiento.
3) Mecanismo por el que se determinan las cuotas de captura por especie y forma en que se distribuyen entre las empresas que cuentan con permisos de pesca provincial, y procedimiento de control de los mismos.
4).- si se ha reglamentado el desenvolvimiento de las actividades necesarias para lograr el objetivo de preservación, conservación y protección de los recursos hidrobiológicos; en su caso en que consiste, y los medios establecidos para su control.
5) si ha establecido normas para el manejo, conservación y traslado de las especies capturadas; en su caso se determine su consistencia, y los medios establecidos para el control de las mismas.
6) si lleva los registros a los que hace referencia la presente Ley de Pesca de la Provincia y sus reglamentos;
7) Si se ha concretado el Programa de Observadores a Bordo, creado por Decreto N° 3862/04, buques en los que se ha intervenido, resultados de las observaciones y registros de embarque del personal.
8) Si se ha reglamentado, conformado y puesto en funcionamiento el Consejo Provincial de Pesca, creado por art. 51 de la Ley 244, sus resoluciones y dictámenes sobre la asignación de las cuotas de captura.
9) si se realizan estudios impactoambientales y/o se han aprobado la evaluación de impacto ambiental de las actividades propias de la extracción y cultivo de productos hidrobiológicos, en su caso deberán requerirse los mismos y procederse a su detallado análisis.
10).- Si se han impuesto algún tipo de infracciones, en su caso determine en que consisten, individualize al infractor.
11).- Importes que ingresan en concepto de percepción de permisos de pesca comercial, el que deberá ser individualizado respecto de cada permiso otorgado, de acuerdo a la categoría dada a la autorización.
IV.-
Por último, en lo que respecta, a los referenciados viajes al Uruguay, en el entendimiento de que –indudablemente- podrían estar haciendo referencia a enriquecimientos ilícitos de funcionarios públicos, sin perjuicio de lo que surja de la presente investigación, solicitamos se disponga, en el marco de la ley provincial 352 el procedimiento de justificación de incrementos patrimoniales de los Sres. Mario Jorge Colazo y Marcelo Morandi, así como de sus respectivos grupos familiares, realizándose una detallada investigación de bienes inmuebles y muebles registrables, nivel de vida de los mencionados funcionarios y sus grupos familiares, origen de los fondos para la adquisición de todos y cada uno de los bienes, etc., así como se requieran las declaraciones juradas de los mencionados funcionarios, desde el momento en que ingresaran a la función pública y que ocuparan un cargo público que traiga implícito la obligación de efectivizar la declaración jurada de bienes, así como sus modificatorias y la que se impone al finalizar el cargo.
V.-
Asimismo, de las declaraciones del ex ministro Vernet surge que las empresas pesqueras podrían tener influencia indebida en decisiones del estado o de los partidos políticos, así como que funcionarios del ministerio de la producción o de economía podrían hacer valer su influencia para obtener apoyos económicos o financieros para sus campañas políticas.
La posibilidad de que el financiamiento espúreo lleve a un sistema de intercambio ilegal ya ha sido denunciado por el A.R.I., especialmente respecto de empresas pesqueras.
Valga considerar que el financiamiento privado de las campañas electorales de los partidos políticos nunca se ha efectuado como mero acto de altruismo o solidaridad, en particular cuando proviene de empresas con intereses económicos en eventuales actos de gobierno. Esta actividad nunca se ha realizado desprovista de intereses a ser satisfechos una vez que el partido financiado gobierne. El financiamiento conduce a los favores. Las contribuciones en las campañas, al trato privilegiado del gobierno. La amenaza condicionante del partido gobernante cuya campaña fuera financiada por empresas privadas es, entre otras, la interrupción del financiamiento partidario. El partido financiado se coloca, así, en una situación de dependencia que genera su desviación de poder cuando accede al cargo público.
Existen múltiples antecedentes de escándalos originados en el financiamiento espurio de campañas electorales en todo el mundo. Como ejemplos podemos citar, entre muchísimos otros, el caso de “las cajas negras” de los partidos políticos en Francia, donde los tesoreros y los responsables financieros partidarios debieron rendir cuentas ante una Comisión especial del Senado en el año 1991, el del financiamiento ilegal del PSOE en España, el caso del PRI en México y los más recientes de la campaña presidencial de George W. Bush en los Estados Unidos de Norteamérica (el escándalo con la empresa ENRON) y la campaña del PT en el Brasil, que estalló este año. Uno de los precedentes de mayor resonancia internacional ha sido, sin lugar a dudas, el que dio lugar al operativo “mani pulite” en Italia, en 1992.
La ley 25.600 prohíbe a los partidos políticos aceptar o recibir, directa o indirectamente, contribuciones o donaciones de empresas concesionarias de servicios u obras públicas de la Nación, las provincias, los municipios o la Ciudad de Buenos Aires, entre otros aportes que se encuentran vedados.
Sin dudas, el fundamento de esta prohibición radica en los intereses que vinculan a las empresas concesionarias de servicios u obras públicas con el accionar del Estado, ya que de éste depende la adjudicación del servicio o la obra y el control de su calidad y eficiencia. Esta restricción apunta a evitar maniobras de corrupción y tráfico de influencias.
Si bien no está previsto en la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, que deberá revisarse, entre las empresas cuyos lazos con los partidos corresponde analizar con particular atención, se encuentran también las relacionadas con los hidrocarburos y la pesca, ya que la explotación de estos recursos está sujeta al control y la autorización estatal, que puede ser más o menos beneficiosa respecto de las distintas empresas del sector. Esto permite que se establezcan vinculaciones espurias tendientes a la satisfacción de intereses privados (tanto empresarios como partidarios) en desmedro del interés público al que debe atender la Administración Pública.
Esto es lo que parece suceder, en el caso, con las empresas pesqueras.
Conviene destacar que la actividad pesquera se encuentra estrechamente vinculada a la actividad del Estado, en particular a la de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, que es la autoridad de aplicación de la Ley Federal de Pesca (Ley Nº 24.922) y, en nuestra Provincia, al Ministerio de Economía (ley 244) y al Ministerio de la Producción (ley 617).
El andamiaje normativo establece las misiones y funciones de la autoridad de aplicación. Algunas de ellas son:
– Conducir y ejecutar la política pesquera, regulando la explotación, la fiscalización e investigación.
-Fiscalizar las capturas.
-Emitir los permisos de pesca.
-Establecer los requisitos que deben cumplir los buques y empresas pesqueras para desarrollar la actividad.
-Aplicar sanciones.
-Establecer e implementar sistemas de control necesarios y suficientes.
Como puede observarse, la actividad pesquera depende en gran parte de la actividad del Estado, ya que el funcionamiento de la pesca requiere de la conformación de un circuito administrativo que incluye, entre otras gestiones, entrega de permisos, transferencias, establecimiento de cuota, controles en puerto y dentro de las embarcaciones.
Del análisis ya expuesto en informes del A.R.I. podemos concluir que en materia pesquera se ha instaurado un accionar corrupto que abarca no sólo a los funcionarios intervinientes en todo el circuito de obtención de permisos, transferencias y formulación de cuota de captura, sino que se extiende a gran parte del empresariado que, mediante prácticas reñidas con la ética, fue captando la actividad (Ver al respecto, además de los informes A.R.I., Informe de Auditoría elaborado por la Universidad de Buenos Aires en el año 2000, referente al otorgamiento de permisos de pesca, a transferencias de permisos de pesca y violaciones a la normativa vigente en la materia).
En la actualidad, y como consecuencia del accionar denunciado, la actividad pesquera se encuentra concentrada en grandes grupos económicos que, en connivencia con los distintos funcionarios de turno y mediante prácticas que nada tienen que ver con el desarrollo de una actividad lícita, depredan nuestros mares, imponen el precio y la modalidad de compra, generan monopolios y obtienen el uso exclusivo de la infraestructura portuaria.
En razón de todo lo expuesto, y en atención a que de las declaraciones del ex ministro surge la posibilidad de tráfico de influencias, solicitamos también se investigue esta posibilidad.
VI.-
Por lo expuesto solicitamos:
1).- Por presentado el presente pedido;
2).- Se inicien las investigaciones solicitadas;
3).- Oportunamente, se resuelva fundadamente nuestra petición y, a las resultas de la investigación, se inicien las acciones administrativas y legales que correspondan.
