El juez federal Daniel Rafecas le imprimió esta mañana un nuevo impulso a la causa que investiga el escándalo por los sobornos en el Senado para la aprobación de la Ley de Reforma Laboral durante el gobierno de la Alianza. Procesó a media docena de ex legisladores y a otros ex funcionarios. Y citó a declarar como imputado, aún sin fecha prevista, al ex presidente Fernando de la Rúa.
La medida alcanzó a los ex senadoress José Genoud, Emilio Cantarero, Augusto Alasino, Remo Costanzo, Alberto Tell y Ricardo Branda. También quedaron procesados el ex ministro de Trabajo Alberto Flamarique, el ex titular de la SIDE delarruista Fernando de Santibañes y el «arrepentido» Mario Pontaquarto, cuyos bienes sufrieron embargos de uno a siete millones de pesos, informaron fuentes judiciales.
En la resolución, que supera las mil carillas, los ex funcionarios de la Alianza fueron procesados por «cohecho activo agravado» (pago de los sobornos), y De Santibañes, además, por malversación de caudales públicos, mientras que a los justicialistas se les imputó «cohecho pasivo» (recibir las coimas) y encubrimiento, por haberlos cobrado sabiendo que se trataba de fondos estatales.
En tanto, los ex senadores justicialistas Ramón Ortega, Eduardo Bauzá y Javier Meneghini, junto a sus ex colegas radicales Raúl Galván y Alcides López, fueron sobreseídos «por inexistencia de pruebas en su contra».
Más allá de las decisiones sobre ex legisladores y funcionarios, Rafecas también apunta hacia arriba, al citar a prestar declaración indagatoria en calidad de imputado a De la Rúa.
El magistrado aún no fijó la fecha en la que De la Rúa deberá presentarse en los tribunales de Comodoro Py 2002 pues previamente es necesario que el «arrepentido» Mario Pontaquarto realice un reconocimiento en la Casa de Gobierno que se llevará a cabo, se prevé, a fines de setiembre.
Rafecas es uno de los nuevos jueces federales que asumieron durante la gestión de Kirchner. Los imputados fueron indagados en los últimos meses, a medida que el juzgado iba corroborando la versión de Pontaquarto, desacreditado por los otros imputados.
El arrepentido aseguró hace un año y medio que él retiró unos 5 millones de pesos de la SIDE para repartir entre senadores justicialistas por la aprobación de la Ley de Reforma Laboral, anulada el año pasado por el Congreso.
Uno de los principales elementos para certificar la versión de Pontaquarto fue el cruzamiento de llamados telefónicos. Así, según las fuentes, varios de sus dichos fueron corroborados por la ubicación que tenían algunos teléfonos celulares al momento de realizar o recibir llamados.
Pontaquarto fue procesado poco tiempo después de su confesión por el juez Rodolfo Canicoba Corral junto con De Santibañes, Genoud y Cantarero. Sin embargo, la Cámara Federal revocó esa decisión hace un año. De acuerdo con los camaristas, había varios puntos débiles en la versión del arrepentido. Al parecer, esos huecos fueron rellenados ahora con la nueva investigación encabezada por Rafecas.
Pontaquarto dijo haber retirado el dinero de la SIDE el 18 de abril de 2000, pero se lo tuvo que llevar a su casa porque ese día una protesta postergó la sesión en la que se aprobaría la polémica ley. El pago, según su versión, se hizo una semana después, en el departamento porteño del salteño Cantarero. La investigación de los llamados telefónicos de los imputados tuvo su epicentro en esas horas y esa zona de la Capital Federal, en Barrio Norte.
El caso de las coimas en el Senado se convirtió en el mayor escándalo del gobierno de la Alianza. Por este tema renunció a la vicepresidencia Carlos «Chacho» Alvarez, en octubre de 2000. Así se inició una crisis que derivó, catorce meses después, en la caída del propio De la Rúa.
