Ballester Bidau había imputado de los presuntos delitos de “daños agravados” y “daños al patrimonio arqueológico” al ex ministro jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, al ex ministro de Obras y Servicios Públicos Luis Vázquez y al ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, todos de la gestión de la ex gobernadora Rosana Bertone.
El cumulo de irregularidades denunciado por la asociación ambientalista, iban desde el desastre arqueológico por la tala indiscriminada realiza en Estancia El Túnel y Rio Encajonado hasta la destrucción de patrimonio arqueológico, que según señalaron eran cerca de 300 pero el gobierno solo reconoció 7, también denunciaron la cantidad de profesionales contratados, apenas 7 que realizaron los estudios en un plazo de 7 días cuando en realidad eso demoraría al menos 60 días.
A esto se sumó la denuncia de los dueños de Estancia Harberton quienes se negaban a que la traza de la ruta pasara por dentro de sus propiedades. Manek Kenk también entendió que el fin de toda esa obra era un gran negocio hotelero que fue confirmado por el secretario general de gastronómicos Ramon “Moncho” Calderón a este medio cuando se le consulto cual era el fin y sin dudar respondió que “ya se habían tenido reuniones con grandes empresarios hoteleros interesados en instalar sus emprendimientos sobre esa ruta escénica, como se la denomino en algún momento”.
Pero todo esto no fue suficiente para el juez de la causa y determino que no hubo delito en los estudios de prospección, En definitiva, el juez dio por probado que Estudio de Impacto Ambiental efectuado por la empresa Arqueoambiental (contratada para ello) “no consignó un número inferior de sitios arqueológicos al que la conocida evidencia científica indicaba, sino que, por el contrario, determinó la existencia de un número superior a él en ciento cinco (105) hallazgos adicionales.
El juez también desconoció la contratación de profesionales por parte de los denunciantes y sostuvo “ni siquiera existen indicios razonables que permitan suponer que esos funcionarios públicos hayan obrado con intención de dañar el patrimonio arqueológico del Estado Provincial, requisito ineludible para la configuración de un delito doloso como son los traídos a estudio”.
Cabe señalar aquí que uno de los funcionarios denunciados se desempeñaba en la Secretaria de Hidrocarburos y la vez era asesor de la empresa Gancedo encargada de la obra y por denuncia del fiscal de Estado debió renunciar al cargo. Todo esto indica que nos encontremos ante la comisión de alguna conducta con potencialidad delictiva”, definió el magistrado en su pronunciamiento sobre el tema.
