Consultados por Edición 4 sobre esta versión, ambos negaron que tuviera algo de cierto. Cenoz dijo que «es una barbaridad». Y que esa versión viene «de lejos». Vallejos dijo simplemente que «no es verdad». ¼ En cambio, en la causa abierta contra un PCI en el Juzgado Federal 1 de Santa Fe figurarían en un listado de 50 PCIs que actuaron durante esa época en el territorio santafesino, con los legajos de Carlos Rafael “Chino” Cenoz y Enrique Horacio”Chichito” Vallejos habrían sido Personal Civil de
Inteligencia del Ejército en la década del ’70 ambos, incluso con fotografías. Y se mencionaría el nombre de encubrimiento de Cenoz: «Carmelo Raúl Castromag no», coincidente con las iniciales de su nombre real. También figuraría que ejerció al menos desde 1977. ¼
Los PCIs, creados por leyes secretas (S), eran contratados por el Estado
Nacional para hacer, de manera confidencial, tareas de inteligencia sobre otros ciudadanos, gremios, partidos políticos, organizaciones estudiantiles, docentes, empresarios. Con base en la información que entregaban periódicamente, en este caso al Ejército, aquellos que eran señalados podían ser detenidos, o secuestrados por los «grupos de tareas», o asesinados y «desaparecidos». ¼ Cenoz y Vallejos habrían estado «operativos», es decir, en actividad, hasta avanzada la década del ’90.
Carlos Cenoz y Enrique Vallejos habrían sido empleados del Ejército argentino como “servicios” desde los ’70 Carlos Rafael Cenoz (a)
«Chino» y Enrique Horacio Vallejos (a) «Chichito» habrían revistado hacia 1978 como Personal Civil de Inteligencia a las órdenes del entonces
Destacamento de Inteligencia 122 -encabezado por el hoy detenido coronel Domingo Manuel Marcellini- con sede en la capital santafesina. Ambos estarían incluidos en un listado de 50 PCIs en actividad durante ese año, enviado hace poco tiempo por el Ministerio de Defensa al Juzgado Federal 1 de Santa Fe con la firma de la ministra Nilda Garré.
Tanto Cenoz como Vallejos, consultados por Edición 4 en la última semana, negaron veracidad a la versión aportada por diversas fuentes a las que acudió este medio. El primero consideró «una barbaridad
» al dato, añadió no obstante que las mentas «vienen de lejos, de esa época», y añadió que aunque las había escuchado hace algunas semanas
de nuevo, entendió que era mejor no darles entidad.
El segundo simplemente negó que fuera así. «Para nada», dijo el abogado actualmente radicado en Ushuaia.
Qué son los PCI
El Personal Civil de Inteligencia era el personal civil de la Secretaría
de Informaciones del Estado (Side) y de los Servicios de Inteligencia de las Fuerzas Armadas constituidos a partir de decretos- leyes secretos y leyes secretas, y destinados a «tareas de seguridad y defensa nacional».
Si no tenían antecedentes de cercanía con «agrupaciones políticas
extremistas o de ideologías foráneas », tras ser propuestos por «persona de solvencia moral indiscutida », estaban a prueba un año, y luego juraban «mantener el secreto más absoluto» sobre lo que conocieran, cobrando como agentes civiles en alguna de esas reparticiones.
Con el sesgo ideológico propio de decretos-leyes basadas en el
Estatuto de la Revolución Argentina de los dictadores Onganía,
Levingston y Lanusse, los PCI debían informar a tiempo con quién
pensaban contraer matrimonio, y esperar la aprobación.
Trabajaban -como ahora- en empresas privadas y reparticiones
públicas, sindicatos, partidos políticos, universidades y medios de
comunicación y cobraban -como ahora- un sueldo bajo un código
secreto a cambio de información.
Su carrera es similar a la de un empleado público y tienen licencias,
vacaciones, cobertura de salud y jubilación.
Se les confeccionaba un Legajo Personal clasificado como Confidencial,
una Foja de Calificación, también Confidencial, y una Declaración de Historia Personal clasificada como «Estrictamente Secreto y Confidencial». Para las indemnizaciones, viáticos, pasajes, cargas y gastos de entierro y luto, tenían jerarquías equivalentes a las de la Policía Federal Argentina.
Existían en los años 70, según algunas de esas leyes secretas ahora conocidas, tres Cuadros en los que revistaban los agentes civiles de Inteligencia:
a) Personal asignado a tareas no informativas.
a.1. profesionales con título universitario o de las FFAA.
a.2. personal civil con estudios secundarios
b) Personal asignado a tareas de sostén.
b.1. auxiliares especializados y maestranza.
b.2. personal en funciones de servicios (ascensoristas, ordenanzas,
etc.).
c) Personal asignado a tareas técnicas informativas, en funciones directivas, ejecutivas y auxiliares de información, directamente vinculadas
al cumplimiento de la misión específica de inteligencia.
c.1. oficiales de las FFAA y universitarios con certificado de capacitación
de la Side o las FFAA.
c.2. personal civil con estudios secundarios y certificado de capacitación
de la Side o las FFAA.
El personal de los cuadros a y b. cobraba por partida pública
de presupuesto; en cambio el personal civil que integra el cuadro
c. cobraba sus haberes por partida secreta del presupuesto, figurando
en planillas aparte y utilizando nombre de encubrimiento.
Algunos informes aseveran que los nombres de encubrimiento
siempre se corresponden con las iniciales de los nombres y
apellido de la persona según su documento. Según la carrera que
haya hecho (puede estar inactivo o en actividad, y la antigüedad se
logra con el pe-ríodo en actividad) un PCI tendría un ingreso
mensual superior a los 2000 pesos e inferior a los 4000 pesos.
Así, y de acuerdo con las menciones a las que accedió Edición
4, Enrique Vallejos podría haber revistado como PCI en el Cuadro
a.1., mientras que Carlos Cenoz podría haberlo hecho en el Cuadro
c.2., dado que se le atribuye un «nombre de encubrimiento».
De haber hecho carrera hasta la década del ’90, como también han
mencionado algunas fuentes, tendrían que haber logrado cargos
equivalentes a la de Oficial Principal,Comisario, y acaso Comisario
Inspector de la Policía Federal.
Por qué surgen ahora los nombres de los PCI Amalia Ricotti, secuestrada y
torturada en la capital santafesina en 1976, identificó a Horacio Américo
Barcos (a) «Quique» como integrante de un grupo que la secuestró a ella y a su marido el 16 de mayo de 1976. A instancias del Juzgado Federal 1, el Ministerio de Defensa pidió a esa fuerza el listado de los PCI de
aquel entonces. Y confirmó que Barcos había sido un agente «S»
hasta el año 1997, cuando se le otorgó el cese por jubilación extraordinaria.
Barcos, como otros 49 agentes «S», dependían del Destacamento
de Inteligencia 122 (D.I. 122) del Ejército con asiento en Avenida
Freyre y Juan de Garay de Santa Fe, y fueron designados por el entonces
jefe del D.I. 122, hoy detenido, coronel Domingo Manuel
Marcellini. De ellos, más de diez hoy están muertos. De algunos de
estos datos se dio cuenta en el portal notife.com, entre otros, en el
artículo titulado «Vocación de servicio ».
Los PCI, hoy La actual Ley de Inteligencia Nacional n° 25.520, en base a las experiencias previas, determina específicamente en su Artículo 4
que ningún organismo de inteligencia estará facultado para:
1. Realizar tareas represivas;poseer facultades compulsivas;cumplir, por sí, funciones policiales ni tampoco cumplir funciones de investigación criminal, salvo ante requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentre, para ello, autorizado por ley.
2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos
sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones
privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones
partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo.
4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativas a cualquier habitante u organización
del país, salvo que mediare obligación o dispensa judicial.
Dónde encaja el norte Como a partir de octubre de 1975 el Ejército tuvo la responsabilidad primaria en la «lucha antisubversiva » en virtud de lo dispuesto en la Directiva N° 1/75 del Consejo de Defensa, dividió
el país en cinco zonas, abarcando la Zona 2 las provincias de
Santa Fe, Entre Ríos, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.
La provincia de Santa Fe cons- Carlos Cenoz: “Una barbaridad”
EnriqueVallejos:”No es verdad” Interpelado por Edición 4 el lunes 19, Carlos Cenoz dijo que no le interesaba referirse al tema, indicando que ya había tenido comentarios al respecto de parte de Carlos Delicia, el ressponsable del portal Sin Mordaza al que «el Chino» aporta. Como interpretaron que el rumor podía provenir del abogado Jorge Pedraza,
quien terminó perdidoso en un litigio judicial con Delicia, y no hubo repercusiones mediáticas del caso, decidieron no referirse públicamente al tema.
«Es una barbaridad» presumir algo así, dijo Cenoz, aclarando sin embargo que «esa versión viene de lejos, de aquella época», y atribuyó el comentario a sus entonces rivales por cargos en los sectores de los que participaba – el Partido Justicialista- y la disputa por espacios como el que ocupó en los años ’70 en el Hospital Central de Reconquista.
«Salvo que otro haya estado cobrando en mi nombre», arriesgó cuando se le insistió en que eran varios y concordantes los comentarios sobre su papel y la mención de que en el Juzgado Federal 1 de Santa Fe figuraría
el legajo remitido por el Ministerio de Defensa, donde indicaría
que actuó desde 1977.
«No es verdad». Con esas palabras, Enrique Vallejos cerró la consulta hecha por este medio el jueves 22, en diálogo telefónico desde su actual domicilio en la ciudad de Ushuaia. En cambio,se prestó a referirse a su desempeño en la época, cuando,mencionó, tenía una relación personal
con el coronelVicente Damasco,hombre de confianza de Juan Domingo Perón durante su última Presidencia. «Teníamos una relación con él y Perón», reseñó Vallejos, recordando que en 1974 se reunió con él. «Trabajábamos para la recuperación de la militancia política» dentro de
los cauces de la democracia, dado que para el líder, «el gran problema
era cómo recuperar a una juventud que era hija de la violencia».
Añadió que además de haber caído preso en febrero de 1976, y trasladado a Santa Fe (tras habérsele encontrado algunos libros
y volantes en su Renault 12 antes de ingresar a la Báse Aérea), había
sufrido también presiones durante 1977, frente a su domicilio en Villa Ocampo, donde vivió en ese período mientras ejercía la abogacía y concurría dos veces por semana a litigar en Reconquista.
C M Y K
Edición 4 – martes 27 de noviembre de 2007. Página 3 Por Jorge Daniel Pedraza *
A partir del Decreto 44 de enero de 2007 del Presidente Kirchner
comenzaron a llegar a los Juzgados donde se investiga el Terrorismo
de Estado de los setenta los listados completos de los famosos «Servicios» civiles que integraron la Comunidad de Inteligencia, verdaderos «topos» a sueldo que en forma camuflada se infiltraban en todas las organizaciones
de la sociedad civil para recabar datos de militancia política o gremial que luego permitiera su desarticulación mediante el funcionamiento de los Grupos de Tareas que secuestraron, torturaron y asesinaron a decenas de miles de personas.
Esta decisión presidencial releva de la obligación de guardar secreto
a los agentes de inteligencia del Estado nacional, estén o no en actividad, cuando sean citados a declarar como imputados o como testigos en causas de violaciones a los derechos humanos, comenzándose así una lógica flexibilización de los arts. 16 y 17 de la ley de inteligencia nacional 25.520 del período De la Rúa, que prohíbe revelar información de inteligencia bajo apercibimiento de estar incursos en conductas penadas
por los arts. 222 y 223 del Código Penal, aunque estos sólo se refieran
a los secretos que afectan la «seguridad o defensa de la Nación ».
Entre otros fundamentos cita un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos in re «Myrna Mack Chang vs. Guatemala », sentencia de 25 de noviembre de 2003, parágrafo 181, pág. 103), donde sostiene que «En casos de violaciones a los derechos humanos, cuando los órganos
judiciales están tratando de esclarecer los hechos y juzgar y sancionar a los responsables de tales violaciones, el ampararse en el secreto de Estado para entregar información requerida por la autoridad judicial, puede ser considerado como un intento de (.) perpetuar la impunidad».
Dicho de otra manera una cosa es la seguridad militar o estratégica
de la Nación (léase información clasificada sobre la guerra de
Malvinas o el conflicto limítrofe con Chile, o del personal en actividad
o designado en un gobierno democrático, etc.) y otra cosa es
la dilucidación de los pliegues ocultos del terrorismo de Estado
que asoló la Nación en los setenta y que mediante fallos de la Corte
se pretende investigar hasta las últimas consecuencias, luego de correrse
el velo declarando la nulidad de las leyes de impunidad de
obediencia debida y punto final.
Estos P.C.l. al principio eran «probados» durante un tiempo como simples espías, y cuando demostraban eficiencia y compromiso con los objetivos de exterminio de opositores varios de ellos eran ascendidos a tareas de
mayor compromiso, pasando a integrar también los grupos de calle
operativos que «chupaban» a sus víctimas, o que mediante tormentos,
pasaban varios días a su lado para arrancarles la mayor cantidad de información posible antes de proceder a su ejecución o a darles otro destino.
Los «Seprines» venían anunciando tiempo atrás con preocupación
que la ministra de Defensa Nilda Garré había empezado a «ocuparse» de los PCI del Ejército, los que más incidieron en el Terrorismo de Estado de los setenta, comparados con los PCI de la Marina y de la Aeronáutica.
Prueba de ello es que muchos de ellos están detenidos y procesados
como represores.
El listado que llegó a esta causa recaratulada como «Barcos»
comprende a cincuenta ex agentes civiles que revistaban en tal
condición hacia 1978 dependientes del Destacamento de Inteligencia
122 (D.I. 122) del Ejército con asiento en Avda. Freyre y
Juan de Garay de Santa Fe, designados por el entonces jefe del D.I.
122, hoy detenido, Coronel Domingo Manuel Marcellini, de los
cuales más de diez hoy están muertos. La mayoría fue apartado
de sus funciones recién promediando la década del noventa.
Para comprender la magnitud y la gravedad institucional para
el Estado democrático que implica esta nómina, además de lo dicho
sobre Barcos en su procesamiento, se destacan, por ejemplo,
un ex legislador nacional y provincial pejotista oriundo del norte
santafesino que hoy sigue reciclado con funciones jerarquizadas al
sur del país; a un periodista también del norte, a un empleado jerarquizado
de una casa de altos estudios, a un actual concejal en un pueblo cercano a la ciudad de Córdoba, a varios oriundos de la vecina ciudad de Santo Tomé, cuna de chupaderos, a comerciantes, «gremialistas», etc.
¿Y por qué tiene trascendencia?
Porque nos revela mejor aún cómo fue la transición de la dictadura
a la democracia, cómo se pactó la no revisión del pasado,
cómo ciertos «dirigentes políticoso gremiales» trabajaron juntos en
la represión ilegal y por eso luego fueron premiados con posicionamientos
legislativos. Así nos explicamos por qué la primera lista a
diputados nacionales del PJ, encabezada por Sobrino Aranda, fue
confeccionada en el despacho del Jefe del Segundo Cuerpo General
Trimarco, por qué hubo varios diputados que fueron de la «Patota
», por qué «gremialistas» manejados por militares se infiltraron
en gremios como la Uocra, Vialidad Provincial, apretaron en ATE,
etc., por qué existió semejante caza de brujas y macartismo en la
primera etapa de nuestra democracia para con los sobrevivientes
de aquella generación del setenta.
¿Y por qué nos enteramos recién ahora de todo esto, a un cuarto
de siglo de democracia? ¿En ningún partido político o sector
democrático se sabía nada de esto? ¿La gobernabilidad de entonces
puede seguir justificando tantos años de silencio? ¿Ayudaremos
todos de una vez por todas a conseguir el símbolo de Justicia que
tanta falta hace para el presente y para las generaciones futuras?
Santa Fe, 03 de noviembre de 2007. Publicado en el portal http:/
/notife.com.
* Abogado apoderado de la querellante Amalia Ricotti.
tituía la Subzona 21, que a su vez Les «soltaron la mano» a los PCI de la represión ilegal fue dividida en dos áreas:
El Area 211 abarcó los departamentos Capital, San Lorenzo,
Iriondo, Belgrano, Caseros, Constitución, General López.
El Area 212, los departamentos Capital, Las Colonias, Castellanos,
San Cristóbal, San Justo, Garay .
De los dos Destacamentos de Inteligencia que funcionaron
durante la dictadura, uno fue el D.I. 122 Santa Fe, comandado
desde noviembre de 1975 por el teniente coronel Domingo Manuel
Marcellini, y desde octubre de 1979 por el teniente coronel
Carlos Alberto González.
Ahora, en las Areas mencionadas no aparecen departamentos
del norte santafesino. Es porque el Ejército delegó a la Fuerza Aérea
el control y las operaciones en estos departamentos, donde estaba
asentada la Base Aérea Reconquista.
Desde esta Base los detenidos / secuestrados en esta región
eran trasladados a centros clandestinos de detención en la capital
de la provincia, bajo la jurisdicción del Area 212 de la Subzona
21, entre los años 1976 y 1978.
– La Brigada Investigaciones de la policía de Santa Fe (Gelabert
y San Martín), descripto como «lugar de tortura y ablande»
– La Guardia de Infantería Reforzada de Santa Fe.
– La Comisaría 4ta. (Zavalía 2498), «centro de reunión de información
», caracterizado por malos tratos y torturas.
– La Unión Docentes Argentinos (San Martín s/n), «especie de aguantadero» para detenidos clandestinos.
Por varios de esos lugares pasaron vecinos del norte de esta provincia
tras haber sido detenidos / secuestrados entre los años 1975 y 1979.
C M Y K
Página 4 – martes 27 de noviembre de 2007. Edición 4
Empleado estatal en el área de Metereología de la Base Aérea Reconquista,
Carlos Rafael Cenoz tenía militancia en el denominado peronismo histórico, en el que participaban Miguel Angel Castillo, Manuel Marquez, Carlos Roselli.
De allí que fuera detenido en marzo de 1972, cuando ejercía la
dictadura militar Alejandro Agustín Lanusse.
En la misma ocasión fueron detenidos, entre otros, Luis Angel «Montaña» Guglielmi, Juan Carlos Alderete, Osvaldo Ratti, Luis Peteán, Rubén Lescano, Alba Alarcón y los sacerdotes Rafael Yacuzzi, Mario Grecca, Armando Yaccuzzi, Jorge Mussín, Aldo Martini, en un operativo supuestamente destinado a detener a «extremistas», de acuerdo al relato
que hace un periódico reginal de la época, Crónica.
En junio de 1975, su nombre se rodeó de polémica cuando se disputaba la conducción regional de la Confederación General del Trabajo, con objeciones a su desempeño de empleado en el Hospital del Estado santafesino en Reconquista.
Este periódico registra aspectos de las acusaciones y de la defensa que otros sindicalistas hicieron de él. De entonces viene la frase, más anecdótica que trascendente, «Cenoz, ¿y dónde están los zapallos?», atribuida por mili- tantes del PJ al director del Hospital,
«Pepito» Cisera, ante el reclamo
por el supuesto faltante de
fondos (o de zapallos) en el balance
que revisaban revisores de
cuentas llegados de Santa Fe.
Enrique Horacio Vallejos militó en el peronismo del norte santafesino durante los años ’70, dentro de la Juventud Peronista Regional
2, «Tendencia», cuya conducción en Santa Fe y Entre Ríos ejercía Jorge Obeid. En la campaña presidencial que llevaba la fórmula «Perón-Perón» y enfrentandoa Fernando De la Rúa, en un acto realizado en Habegger y Obligado, fue uno de los oradores.
Otro de los actos que recuerdan su presencia oral se hizo en 1973
en el aula del Profesorado n° 4, cuando quedó inaugurada la Delegación
de la Subsecretaría de Cultura Popular de la Universidad Nacional del Litoral, cargo que ocupó Rubén Salami.
Hablando con Edición 4, recordó de los primeros años de aquella época a Aldo Tuerto Yanes (preso antes que él), a Alberto «Mereque» Gianneschi y a Héctor «Tato» Ocampo, entre otros.
Fue en 1974 cuando se reunió con el teniente coronel Vicente
Damasco y el General. Este pidió colaboración para encauzar a los
jóvenes hacia la participación democrática, un desafío, porque
«éramos hijos de la violencia».
Memoró que fue detenido en febrero de 1976 al intentar acceder
a la Báse Aérea Militar Reconquista, donde tenía un conocido:
Carlos Rafael Cenoz. Concurrió allí acompañado de Jorge Massat,
su hijo político, para quien quería gestionar la eximición de la «colimba
». Como, impensadamente, el vehículo fue requisado en el acceso a la Base, y hallaron algunos libros prohibidos y algunos volantes (que trasladaba desde Villa Ocampo hacia un lugar más seguro), terminó detenido. También fue detenido Cenoz, destinatario inicial de su visita al lugar-
Quién es Enrique H. «Chichito» Vallejos
Vallejos cree recordar que fue trasladado en avión o helicóptero
a Santa Fe, donde, durante su detención (breve), logró ver a otros
pares del justicialismo (que en cambio, no alcanzaron a verlo, pero
a quienes les comentó el hecho posteriormente).
Cuando volvió a instaurarse el régimen electoral, la trayectoria
política de Vallejos lo llevó a ejercer el cargo de senador santafesino
por el departamento General Obligado en 1987, el de diputado
nacional por Santa Fe entre 1989 y 1991 –cuando reemplazó en el
cargo a Rubén «El Buscapié» Cardozo» (Smata), uno de los
apóstoles de Carlos Menem, que en su labor consular conectó Paraguay
con Miami–, para convertirse más adelante, él mismo, en funcionario del Ejecutivo nacional de la Presidencia Menem, en la Subsecretaría de Medio Ambiente que ejercía la funcionaria estrella (luego detenida por corrupta)
María Julia Alsogaray.
En los últimos años, Vallejos recaló en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Allí -donde vive una hija suya- ejerció hasta hace poco los cargos de ministro Coordinador de la Gobernación, ministro de Gobierno, de Obras Püblicas, e incluso integró el Consejo de la
Magistratura de esa provincia, llegando a representar al territorio
en el Consejo Federal de Inversiones.
Por disidencias con el gobernador Hugo Cóccaro, Vallejos
compitió este año por la Intendencia de Ushuaia, tomó licencia por
campaña y tras perder en las elecciones, renunció a sus cargos en el gabinete.
Ello no lo perjudica, porque cobra una jubilación de 4.498.90 pesos
mensuales desde junio de 1991, cuando cumplió 43 años, gracias a una ley especial del Congreso.
Vallejos señaló a este medio que podría seguir en política, pero acaso no regrese a esta provincia porque está «hallado» en el sur del país.
Quién es Carlos «Chino» Cenoz
Más adelante, en 1976, aparentemente a fines de enero o en febrero, fue detenido junto con «Chichito» Vallejos, cuando estaba en funciones en Meteorología de la Báse Aérea Reconquista. Sobre el caso, dijo a este medio que aunque le explicaron que seguramente no tenía nada que ver, debió marchar detenido hasta Santa Fe.
Como su par de detención, volvió pronto. Aparentemente luego de
esa situación dejó de revistar en el Hospital, dizque por persecución
política.
Aproximadamente en el mismo período se realizaron numerosos
allanamientos, detenciones y secuestros en esta ciudad. Entre
otros muchos no mencionados, Edición 4 de la época dice que
habían sido llevados hacia Santa Fe -previo paso por la Base Aérea
Militar Reconquista- Héctor Ocampo, Dante Ruggeroni, María
Elena Moreira, Horacio Bassi y María C. de Cuevas. En realidad
fueron 36 los detenidos el 30 de enero de 1976, incluyendo Eulogio
Sellarés, César de Urquiza, Silvio Iznardo, una docente de apellido
Stirrnemann, Néstor Medina, otro de apellido Debárbora,
María Elena Stechina, Santino Nardelli, Eulogio Sellarés, «Cotelo
» Vaca. Tras la asunción de la primera Junta de del Proceso de
Reorganización Nacional, las detenciones y secuestros se multiplicaron.
Al cabo del paréntesis que impuso la dictadura, la continuidad
de la relación del «Chino» con integrantes del PJ se reflejó, en los
’80, en la disputa partidaria (junto a Carlitos Roselli, José Mendicino,
Camilo Martínez, Miriam Vivas y Alfredo Vera y otros) como aspirante
a la Secretaría de Organización.
Fue comerciante antes de dedicarse a la radio y la tv, con una ideología más manifiesta en favor del monetarismo y en ciertos aspectos, antiestatista.
La deriva política lo llevó en los ’90 a elogiar a Carlos Menem, y en la última década del siglo 20 a criticar al senador Jorge Massat;
y trascartón a defender al ahora destituido juez federal Eduardo
LM Fariz. «Dio la sensación de pintar al magistrado como un
hombre cuestionado por hacer cumplir la ley y rozado por la
desgracia de un tercero», dijo de sus declaraciones ante el Consejo
de la Magistratura su colega Gustavo Raffín.
Fuente:Edicion 4 Reconquista Santa Fe
