La mayoría de ellas apuntan a reducir la presencia del Estado a su mínima expresión. A partir de ahora, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES (un fondo de 55.228 millones de dólares que financia y garantiza las jubilaciones actuales y futuras) se convertirá en un fideicomiso, es decir, una especie de “mesa de dinero” en sintonía con el Memorándum con Qatar, firmado por la vicepresidenta Gabriela Michetti y el CEO de Qatar Investment Authority (Qia) Sheik Abdullah bin Mohammed bin Saud Al Thani, el pasado 16 de noviembre de 2016. Además, y entre los puntos más sensibles que destrozan los activos del Estado, los inmuebles, campos y ganado del Ejército pasan a manos de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quienes podrán usufructuar con dichos bienes estatales como si se tratase de una “inmobiliaria”. El Gobierno de los CEO´s aprovechan la quietud de enero para dar un golpe definitivo a la preservación de los bienes de todo el pueblo argentino, en su objetivo político de destruir el Estado tal como fue concebido en 1945.
A contramano del mundo donde cada vez cobra más fuerza la defensa del Estado, el gobierno neoliberal de la Alianza Cambiemos publicará en las próximas horas (tal como lo adelantaran ayer varios de sus funcionarios, y esta mañana el diario La Nación. Ver link al fina de la nota), un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que afecta a nueve ministerios: Modernización, Producción, Trabajo, Finanzas, Transporte, Cultura, Agroindustria, Defensa y Energía, y a tres organismos descentralizados del Estado Nacional: la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), ANSES y Banco Central, con la excusa de “simplificar un serie de procedimientos y acelerar procesos que permitirán darle mayor competitividad a la economía”. Otro eufemismo utilizado por los funcionarios de la Alianza Cambiemos para desguazar el Estado y abrir el Mercado de manera que las grandes corporaciones dicten sus leyes, al ser las más poderosas en términos económicos. Un verdadero darwinismo económico.
Cercenan la autonomía y la viabilidad de las jubilaciones actuales y futuras:
En este sentido, el megadecreto que le da un tiro de gracia al Estado tal como fue concebido a partir de 1945 con la llegada del presidente Juan Domingo Perón, estipula el fin de la autonomía del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), para que el mismo se convierta en un fideicomiso -es decir, una suerte de mes de dinero- A mediados del año pasado, dicho fondo se constituía con 55.228 millones de dólares.
El FGS es el fondo encargado de preservar y financiar las jubilaciones actuales y futuras de todos los trabajadores argentinos. Durante su etapa de oposición, quienes hoy gobiernan lo llamaban: “El dinero de los jubilados”.
Flexibilización laboral:
En términos de flexibilización laboral -debido a que por ahora el gobierno no puede avanzar con la Reforma Laboral, debido a que no tiene apoyo político- entre otros aspectos que se conocerán más en detalle una vez se publique este Decreto, el mismo beneficia a las patronales con la baja de las multas a los empresarios que tienen trabajadores en negro (potenciado esta modalidad que destroza los derechos de los trabajadores, puesto que el Estado ya no condenaría esta práctica anti-obrera) y les reducen penas económicas a quienes se encuentren en el VERAZ.
Fin de los activos del Ejército para su venta en el Mercado:
Los activos que el Estado posee a través de su institución Ejército Argentino (campos, inmuebles y ganado) pasarán a ser controlados por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), quien podrá operar como una suerte de “inmobiliaria”. De esta manera, se deroga la ley de abastecimiento del año 1952 que promovía la producción para que el Ejército pudiera autoabastecerse en caso de conflicto bélico.
Fin del Registro Industrial de la Nación:
Mediante este decreto, se pone fin al Registro Industrial de la Nación, que data del año 1972, y que permite contar con una radiografía del sector industrial a fin de mejorar las políticas públicas.
Podrán instalarse empresas automotrices y crear puertos privados sin el aval del Poder Ejecutivo:
En otra de las medidas profundamente neoliberal, que da por finalizado el control estatal para la producción y el desarrollo de puestos de trabajo, este megadecreto contempla la posibilidad de que se instalen nuevas automotrices y se construyan puertos privados, sin el aval de un decreto presidencial, tal como sucede hasta el momento. Esta medida no sólo puede habilitar el blanqueo de dinero sucio, sino que puede afectar de manera peligrosa las condiciones de contratación laboral en dichos emprendimientos, además de -en el caso de los puertos- dar vía libre al control privado de la navegabilidad, un factor estratégico para la defensa nacional.
Link nota La Nación:
