La dirigente comodorense plantea con esta iniciativa la imposibilidad de incrementar las tarifas de servicios públicos hasta el 31 de diciembre de 2019. En paralelo, establece que hasta esa fecha no se podrán cortar los servicios a las PyMES y a los domicilios cuyos usuarios sean jubilados, desocupados, en situación de vulnerabilidad, con familiares que presenten algún tipo de discapacidad y carenciados registrados en los padrones municipales.
Tampoco se les podrá cortar los servicios a las entidades de bien público sin fines de lucro dedicadas a la promoción de la cultura, el deporte, la salud, a los cultos religiosos ni a las Cooperativas de trabajo de fábricas o empresas recuperadas, que se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen de empresas recuperadas.
La autoridad de aplicación será la Subsecretaría de Servicios Públicos, quien deberá restablecer en forma inmediata y sin costos la reconexión de los suministros que se encuentren cortados por falta de pago.
FRENAR EL DESQUICIO
Para Navarro declarar la emergencia tarifaria es fundamental en un contexto de «anarquía de mercado» en el que las tarifas de servicios públicos no son razonables, no son equitativas, ni son justas.
«El tarifazo y las políticas energéticas impuestas son una estafa y es necesario dictar una norma que frene este desquicio de aumentos de las tarifas porque las medidas económicas decididas por el Gobierno nacional van a traer como consecuencia la imposibilidad para miles de chubutenses de hacer frente al pago de las tarifas y por consiguiente a la utilización de los servicios», cuestionó Navarro.
Fuente; El Chubut
